Salvador Illa reconoció este miércoles en el Parlament que la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña supone «un problema». La brecha con Madrid, donde se invirtió el triple por habitante en 2025, provocó un intenso rifirrafe con Junts en la sesión de control al Govern y puso sobre la mesa la falta de concreción del consorcio de inversiones pactado con ERC.
Los datos de liquidación del año pasado arrojan que la Comunidad de Madrid recibió 452 euros por cada habitante en inversión estatal, frente a los 162 euros que le correspondieron a Cataluña. «Madrid recibe el triple que nosotros», lanzó la portavoz de Junts, Mònica Sales, en un tono que oscilaba entre la indignación y la denuncia de una «asfixia premeditada» consentida por el Govern.
Sales fue aún más allá y calificó la situación de «humillación» para los catalanes, al tiempo que recordaba que el año 2017 —bajo la presidencia de Carles Puigdemont— se ejecutó el 81% del presupuesto, la cifra más alta de la serie histórica. «Si este verano vuelve a irse de vacaciones con su amigo Pedro Sánchez, en vez de pedirle fotos, pídale lo que nos debe», espetó la diputada.
Illa, que no negó la magnitud del desfase, respondió con una pregunta: «¿Están para solucionarlo o para recrearse en el problema?». El president esgrimió el consorcio de inversiones pactado con Esquerra Republicana —aún pendiente de firma— como la herramienta diseñada para gestionar los fondos estatales y evitar las constantes desviaciones. «Ustedes solo se quejan; si no tienen mejores ideas, den apoyo al consorcio», reclamó.
La consejera de Economía, Alicia Romero, admitió a su vez que las cifras «no están acorde con nuestro PIB ni población y por tanto no nos gustan». Sin embargo, evitó sumarse a la retórica de Junts y recordó que el Govern dispone de un plan para reconducir la situación. El portavoz económico de Junts, Antoni Castellà, insistió en que se trata de «un escándalo monumental», al constatar que Cataluña recibió en 2025 tan solo el 8,2% de la inversión estatal en infraestructura y que apenas se ejecutó el 58% de lo presupuestado.
Catalunya recibe 162 euros por habitante frente a los 452 de Madrid. El consorcio pactado con ERC es la única herramienta sobre la mesa, pero Junts no suelta su veto.
La factura de la asimetría territorial y el papel de Junts
El debate no es nuevo. La infrainversión estatal en Cataluña ha sido una constante en los últimos quince años, con picos de ejecución durante momentos de tensión política —como en 2017— y retrocesos en periodos de distensión. La diferencia de 290 euros por habitante respecto a Madrid en 2025 supone, en términos absolutos, que el Estado dejó de inyectar en Cataluña cerca de 2.200 millones de euros adicionales en un solo ejercicio, según las cuentas del propio Govern. Una brecha que explica, en parte, por qué Illa ha colocado el consorcio en el centro de su estrategia: sin un instrumento que blinde la gestión y la rendición de cuentas, la mayoría de las promesas presupuestarias se diluye en los despachos de Madrid.
El consorcio, que ERC arrancó como condición para apoyar los presupuestos de la Generalitat de 2024, concibe un modelo de cogestión entre la Administración central y la autonómica, con capacidad para priorizar obras, fiscalizar la ejecución, y negociar los plazos de la misma. Hasta ahora, sin embargo, el Ministerio de Hacienda no ha concretado su puesta en marcha, y la falta de consenso con Junts podría retrasar aún más el proceso. La formación de Carles Puigdemont, pese a compartir el diagnóstico, se resiste a avalar una herramienta que percibe como un parche diseñado por sus rivales de Esquerra. La pregunta que flota en el Parlament es si, llegado el momento, Junts prefiere un acuerdo imperfecto o seguir explotando el agravio como munición electoral.
La posición de Illa es delicada. Necesita mostrar que el Govern es capaz de resolver los problemas estructurales, pero su dependencia de los votos de ERC y Junts en el Parlament le obliga a un equilibrio constante. En esta ocasión, el president ha optado por lanzar un guante a Junts: apoyen el consorcio o propongan algo mejor. Una invitación que, leída entre líneas, suena también a ultimátum.
Mientras tanto, en Moncloa observan con cautela. La publicación de los datos de inversión territorial no es casual: habitualmente se difunden en pleno verano para minimizar el ruido político. Pero en 2026, con las cuentas de la legislatura estatal en juego, cualquier agravio territorial puede convertirse en moneda de cambio. Cataluña, tras años de confrontación abierta, vuelve a recordarle a Pedro Sánchez que la cuestión de la financiación no se resuelve con fotos.
