EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha publicado un informe que señala graves deficiencias en el diseño del Impuesto sobre el Patrimonio español y pide una reforma profunda, aunque no exige su supresión.
- ¿Quién está detrás? El documento técnico Wealth Taxation, Including Net Wealth, Capital and Exit Taxes ha sido elaborado por los servicios de Fiscalidad de la Comisión, en un contexto en el que España es el único socio con un gravamen generalizado de este tipo.
- ¿Qué impacto tiene? La presión de Bruselas reabre el debate sobre la fiscalidad de la riqueza y obliga al Gobierno a revisar figuras como el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, en un momento de enorme fragmentación autonómica.
La Comisión Europea ha publicado este miércoles un contundente análisis técnico sobre el Impuesto sobre el Patrimonio en España que, sin pedir su eliminación, insta a repensar por completo su arquitectura fiscal. El informe Wealth Taxation, Including Net Wealth, Capital and Exit Taxes constata que el gravamen está atrapado en un laberinto de exenciones, límites y competencia autonómica que resta eficacia a sus tres objetivos declarados: recaudar, redistribuir y controlar el patrimonio.
España es el único Estado miembro de la Unión Europea que mantiene un Impuesto sobre el Patrimonio generalizado, reforzado además recientemente por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. El diagnóstico de Bruselas no cuestiona la conveniencia de gravar la riqueza, pero sí advierte de que, tal y como está configurado, el tributo genera distorsiones económicas notables sin cumplir plenamente ninguno de sus propósitos. Una radiografía que llega en un momento políticamente sensible: con las cuentas públicas aún bajo vigilancia tras la vuelta de las reglas fiscales y un Gobierno que ha hecho de la justicia fiscal una bandera.
De las exenciones a la empresa familiar al límite del 60%: las grietas del modelo
Uno de los aspectos más sensibles que detecta el documento es la exención aplicable a la empresa familiar, un mecanismo diseñado para proteger el tejido productivo pero que, en la práctica, traslada la carga del impuesto sobre la clase media patrimonial. Javier Vinuesa Magnet, socio de Gómez-Acebo & Pombo, explica a través del análisis del informe la contradicción de fondo: “cuando un impuesto requiere amplias exenciones para no dañar la inversión o el empleo, el problema no es la exención, sino el propio punto de partida del tributo”.
La misma tensión se repite con el límite del 60% que coordina el Impuesto sobre el Patrimonio con el IRPF para evitar la confiscatoriedad de la renta. La Comisión subraya que, lejos de asegurar una progresividad real, este techo suele beneficiar a los contribuyentes con mayor capacidad de planificación financiera, diluyendo el efecto redistributivo. “Si un impuesto necesita límites complejos para no resultar confiscatorio, quizá el problema es que no esté bien concebido”, apostilla Vinuesa, recogiendo la esencia del diagnóstico europeo.
El informe tampoco pasa por alto la fragmentación regulatoria vivida en España desde que las comunidades autónomas gestionan el tributo. Las disparidades de gravamen entre territorios desataron una competencia fiscal que el Gobierno central intentó contener con la creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en 2022. Sin embargo, la Comisión considera ahora que este parche añade más complejidad y litigiosidad al sistema, en lugar de resolver las deficiencias estructurales de origen.
Un impuesto europeo al patrimonio solo será eficiente si nace con bases amplias, mínimos exentos altos y una coordinación supranacional que evite la deslocalización de los grandes patrimonios.
El espejo francés y la tendencia europea: España se queda sola
Mientras los foros internacionales debaten la propuesta del economista Gabriel Zucman para un impuesto global del 2%-3% a las grandes fortunas, la realidad en la UE es otra. El Senado francés rechazó este mismo año una iniciativa similar, y el número de Estados miembros con gravámenes sobre el patrimonio neto se ha desplomado desde los años noventa. Alemania, Suecia, los Países Bajos o la propia Francia (en 2017) abolieron estas figuras por los problemas de doble imposición sobre el ahorro que ahora Bruselas vuelve a poner sobre la mesa.
La Comisión no cita a España de forma explícita como un caso a corregir, pero el contexto habla por sí solo. A la luz del informe, el experto tributario Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), recuerda que la tendencia europea apunta hacia otra dirección y que los intentos de reflotar este tipo de tributos desde instancias comunitarias chocan con una realidad política fragmentada y con la resistencia de los grandes ejes económicos.
El Eje del Poder Europeo
El pulso que subyace en este expediente va mucho más allá de la letra pequeña de una directiva. Por un lado, la Comisión Europea mantiene su hoja de ruta hacia una mayor armonización fiscal —el taxonomy de la recuperación pospandemia ha dejado claro que Bruselas quiere más capacidad de fiscalización sobre los ingresos nacionales—, pero ese empeño topa con la soberanía de los grandes Estados miembros que ya han descartado impuestos patrimoniales en su mercado interior. Alemania, Países Bajos o los nórdicos, con sistemas que gravan el consumo y la renta de forma más homogénea, no están dispuestos a reintroducir tributos que consideran ineficaces y con alto riesgo de fuga de capitales.
Para España, el impacto es inmediato y delicado. El Gobierno defiende el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas como un gesto de justicia social, pero cada análisis técnico —del Banco de España, de la AIReF y ahora de la propia Comisión— subraya sus limitaciones estructurales. Si Moncloa desoye el diagnóstico comunitario, se arriesga a que Bruselas utilice el semestre europeo para condicionar futuros desembolsos de fondos Next Generation a una reforma fiscal más ambiciosa, como ya ocurrió con la reforma de las pensiones en 2021. La alternativa —eliminar el carácter frágil y temporal del impuesto, suspender el IP autonómico y trasladar la discusión al plano internacional de la OCDE o del G20— implicaría renunciar a una bandera política con coste electoral en plena legislatura.
El precedente más cercano es la batalla de la tasa financiera europea, que durante una década prometió gravar las transacciones especulativas sin que los Veintisiete lograran un acuerdo operativo. Con el impuesto al patrimonio, el riesgo de parálisis es similar, pero con un agravante: si España no mueve ficha y la arquitectura actual sigue generando litigiosidad y distorsiones, la credibilidad de la política fiscal nacional quedará tocada justo cuando las reglas de gasto comunitarias exigen consolidación. Observamos, por tanto, una ventana de oportunidad que se abre ahora, tras la publicación de este informe, y que se cerrará en cuanto la Comisión empiece a dictar recomendaciones específicas por país en el próximo ciclo del semestre europeo.
El Gobierno deberá decidir en las próximas semanas si convierte el diagnóstico en un proyecto de reforma o si, por el contrario, opta por proteger el statu quo y esperar a que el debate internacional avance. La historia reciente de la fiscalidad europea enseña que quien se anticipa gana margen de negociación. España, hoy, tiene la palabra.
