EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PSOE y Sumar han pactado la inclusión de una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que venzan hasta el 30 de junio de 2028 en el nuevo decreto de vivienda. El texto, que se aprobará en Consejo de Ministros el 28 de julio, contempla también medidas contra el fraude en alquileres de temporada y un aumento del IVA a los pisos turísticos.
- ¿Quién está detrás? El acuerdo ha sido anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), y refrendado por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. La sintonía entre ambos socios de coalición ha permitido desbloquear un escollo que mantenía paralizada una de las prioridades sociales del Ejecutivo.
- ¿Qué impacto tiene? Casi cuatro millones de personas podrían acogerse a esta prórroga, que amplía la protección de los inquilinos frente a subidas desproporcionadas y desahucios. La medida, que deberá superar la convalidación en el Congreso en septiembre, consolida el giro del Gobierno hacia la garantía del derecho a la vivienda.
El Gobierno de coalición ha dado este martes un paso firme en su agenda social. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han cerrado un acuerdo de última hora para que el nuevo decreto de vivienda —que verá la luz en el Consejo de Ministros del próximo 28 de julio— incluya una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que venzan hasta junio de 2028. La medida, que beneficia a casi 4 millones de personas, era una exigencia recurrente de Sumar y se convierte en el eje de un paquete que aspira a frenar la escalada de precios y dar estabilidad a los hogares más vulnerables.
Un decreto con medidas de calado para el acceso a la vivienda
El borrador pactado entre el PSOE y Sumar va mucho más allá de la simple ampliación de los plazos. Fuentes del Ejecutivo consultadas por Moncloa.com detallan que la prórroga cubrirá todos los arrendamientos que finalicen en 2026, 2027 y, como novedad, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2028. Esto significa que un millón y medio de hogares —un 30 % más que con la fórmula anterior— tendrán la opción de solicitar la extensión del contrato, un blindaje que el Ejecutivo espera convertir en la primera gran victoria social de la recta final de la legislatura.
Junto a ello, el texto incorpora una nueva regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, con el objetivo de cerrar el fraude que permite a los caseros sortear los límites de precios de la Ley de Vivienda. Asimismo, se elevará hasta el 21 % el tipo de IVA de los pisos turísticos y se endurecerá el régimen sancionador para las plataformas que publiciten inmuebles sin licencia. «Queremos desincentivar que los propietarios usen la fórmula turística como coartada para esquivar la ley», explican en el equipo de la vicepresidenta segunda. La sintonía entre ambas almas del Gobierno, reconocen las fuentes, ha sido la clave para desatascar un decreto que llevaba semanas en discusión.
La protección a las familias vulnerables sigue siendo un punto sensible. Sumar ha arrancado el compromiso de negociar con los grupos parlamentarios una medida adicional para evitar desahucios y garantizar una alternativa habitacional, aunque el PSOE mantiene sus reticencias a una moratoria antidesahucios que ya fue tumbada por Junts en dos ocasiones a principios de año. El resultado es un equilibrio frágil, pero que la dirección federal socialista considera «un paso necesario para demostrar que el Gobierno responde a la emergencia habitacional».
El pulso parlamentario en septiembre y la sombra de Junts
La prueba de fuego de este decreto no estará en el Consejo de Ministros, sino en el Congreso. Tras ser aprobado por el Ejecutivo la semana que viene, el texto deberá convalidarse en septiembre, una votación en la que el PSOE y Sumar necesitarán sumar el apoyo de al menos Junts, ERC, EH Bildu y el PNV para superar el rechazo frontal del PP y Vox. La derrota del pasado abril —cuando Junts se alineó con la derecha para tumbar la prórroga de alquileres— sigue muy presente en Ferraz y en Moncloa.
Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista confirman a Moncloa.com que los contactos con las formaciones independentistas catalanas ya han comenzado y que, esta vez, «el margen de negociación es más amplio porque la medida beneficia claramente a sus territorios». Cataluña, con una presión desbocada de los alquileres en Barcelona y su área metropolitana, es la comunidad autónoma donde el impacto de la prórroga se haría notar con más fuerza. A eso se suma el cálculo electoral: ningún partido de izquierdas quiere aparecer en septiembre como el que bloqueó una protección para millones de inquilinos.
El acceso a la vivienda es el principal escollo social de esta legislatura y el Gobierno lo sabe: sin prórroga no hay calma para millones de inquilinos.
El Eje del Poder Socialista
La inclusión de la prórroga hasta 2028 es, ante todo, un movimiento estratégico que refuerza la autoridad moral del PSOE en el campo social y tiende un puente hacia los sectores más jóvenes y urbanos que llevan meses protestando. Para Pedro Sánchez, el acuerdo con Sumar sirve para escenificar que la coalición funciona incluso en los momentos de mayor tensión —las diferencias sobre la moratoria antidesahucios no se han ocultado— y para mostrar a los barones territoriales que el Gobierno mantiene el pulso de las reformas estructurales. Presidentes como Salvador Illa (Generalitat de Catalunya) o Adrián Barbón (Asturias) verán con buenos ojos un decreto que alivia la presión social en sus comunidades y que, a la vez, no compromete la caja autonómica, ya que se trata de una medida normativa sin coste presupuestario directo.
El riesgo está en el equilibrio parlamentario. Junts ya ha demostrado que no tiene problema en votar en contra de iniciativas del Gobierno si detecta un rédito electoral en Cataluña. Sin embargo, fuentes de Ferraz admiten que el escenario de septiembre ofrece ventajas: el PSOE podrá presentar el decreto como una solución de urgencia ante la falta de alternativa del PP, cuyo discurso de «flexibilización» del mercado del alquiler choca con la realidad de miles de familias. Una derrota parlamentaria, eso sí, supondría un golpe reputacional de primer orden para un Ejecutivo que ha hecho de la vivienda su bandera. De ahí que la consigna en la sede de la calle Ferraz sea «negociar hasta el último minuto y no repetir los errores de abril».
En el plano territorial, la medida aterriza con fuerza en las grandes ciudades gobernadas por el PSOE —Barcelona, Vitoria— y en las comunidades autónomas socialistas donde los precios del alquiler han subido por encima del IPC. Castilla-La Mancha y Asturias, por ejemplo, registran incrementos sostenidos del 5 % anual, y la prórroga se perfila como un instrumento para evitar desplazamientos de población vulnerable. El factor catalán, como casi siempre, será el termómetro definitivo: si la Generalitat de Illa respalda la norma y presiona a Junts, las posibilidades de convalidación crecen exponencialmente.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: «El Gobierno garantiza el derecho a la vivienda y protege a los inquilinos frente a la especulación, por encima de los vetos de la derecha».
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE) y Yolanda Díaz (vicepresidenta segunda y líder de Sumar).
- Próximo hito: Aprobación del decreto en el Consejo de Ministros del martes 28 de julio y posterior negociación con los grupos parlamentarios para garantizar su convalidación en el Congreso en septiembre.
