La Unión Europea pone freno a los reclamos ecológicos sin fundamento: el próximo 27 de septiembre de 2026 entra en vigor la prohibición de etiquetas como ‘sostenible’, ‘eco-friendly’ o ‘climáticamente neutro’ en los productos que no puedan demostrar con datos su veracidad. La directiva EmpCo (Empowering Consumers for the Green Transition) transforma la legislación de protección al consumidor y obliga a las empresas a respaldar cada alegación verde con pruebas verificables.
Qué prohíbe exactamente la directiva EmpCo
A partir del 27 de septiembre, cuatro categorías de reclamos ambientales quedan vetadas en toda la UE. La primera incluye términos genéricos como ‘sostenible’, ‘verde’ o ‘eco-friendly’, a menos que la empresa pueda demostrar un desempeño ambiental excelente reconocido y relevante para esa afirmación concreta. No bastará una declaración vaga; hará falta un estándar medible.
La segunda veta las afirmaciones de neutralidad climática basadas en la compra de créditos de carbono. En la práctica, frases como ‘climáticamente neutro’ o ‘carbono neutral’ serán ilegales si la empresa las ha logrado mediante compensaciones en lugar de recortes reales de emisiones. Las alegaciones que reflejen reducciones genuinas de carbono seguirán siendo válidas.
La tercera categoría ataja un viejo problema: las afirmaciones sobre el producto completo basadas en pruebas parciales. Ya no se podrá presumir de la huella de un componente como si describiera el artículo entero. Y la cuarta prohíbe presentar el mero cumplimiento de la ley como un compromiso ambiental voluntario. No se puede vender como logro lo que ya exige la norma.
Además, las etiquetas de sostenibilidad solo podrán mostrarse si un tercero independiente supervisa el esquema de certificación. La responsabilidad legal recae sobre el minorista, no el fabricante, lo que ejercerá una presión real sobre las marcas que quieran mantener sus productos en los lineales europeos. Las autoridades nacionales de consumo, coordinadas a través de la red europea de cooperación en consumo, serán las encargadas de hacer cumplir las nuevas reglas.
La prohibición de términos genéricos sin prueba no es un capricho regulatorio: es la respuesta a años de marketing verde que infla la percepción sin reducir una tonelada de CO2.
El otro lado de la moneda: los estándares de reporte se encogen
La directiva EmpCo no es la única pieza del puzle. Para poder demostrar sus afirmaciones, las empresas necesitan datos, y el mecanismo europeo que los produce es la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) y sus estándares asociados (ESRS). En paralelo a la prohibición del greenwashing en las etiquetas, Bruselas ha simplificado de forma sustancial los requisitos de divulgación.
El paquete Ómnibus I, aprobado en febrero y en vigor desde el 18 de marzo de 2026, elevó el umbral de reporte a compañías con más de 1.000 empleados y una facturación neta anual superior a 450 millones de euros. Analistas jurídicos estiman que aproximadamente el 80% de las empresas originalmente cubiertas han quedado fuera de la obligación, y las pymes cotizadas quedan exentas por completo. En la práctica, menos de 8.000 compañías —incluso algunas estimaciones hablan de cerca de 5.000— deben seguir reportando, una cifra inferior a las 11.700 que informaban bajo la antigua Directiva de Información No Financiera (NFRD).
A principios de julio, la Comisión Europea adoptó los estándares revisados de reporte (ESRS). El número de puntos de datos obligatorios se redujo de aproximadamente 1.073 a unos 320, aunque el núcleo climático se mantuvo e incluso se reforzó. La norma ESRS E1 exige ahora la publicación de un plan de transición alineado con los 1,5 °C, un inventario completo de emisiones de Alcance 1, 2 y 3, análisis de escenarios, precios internos del carbono y un tratamiento separado de las absorciones y los créditos de carbono. La doble materialidad —que obliga a informar tanto del impacto financiero de la sostenibilidad sobre la empresa como del impacto de la empresa en las personas y el planeta— sobrevivió, pese a ser uno de los puntos más amenazados.
Sin embargo, otros apartados salieron mal parados. La divulgación sobre microplásticos se limita ahora a los primarios (los fabricados a propósito, como microesferas o purpurina), mientras los secundarios, que se forman al fragmentarse residuos plásticos más grandes y representan la mayor parte del problema, quedaron excluidos. En derechos humanos, las empresas solo deben informar de incidentes justificados y procedimientos aún en curso. La letra pequeña importa, y la pérdida de estos indicadores reduce la capacidad de terceros —inversores, consumidores, ONG— para comparar el desempeño real de las compañías.
La paradoja es nítida: la UE prohíbe el greenwashing en la etiqueta, pero aligera el estándar que permitiría comprobarlo de forma rigurosa.
¿Más transparencia o más greenwashing? La paradoja del nuevo marco europeo
El resultado es un paisaje regulador con dos velocidades. Por un lado, la promesa que llega al comprador final se somete al filtro más estricto de la historia: basta con que una empresa no pueda respaldar un adjetivo como ‘sostenible’ para que ese reclamo desaparezca de las tiendas europeas a partir de septiembre. Por otro, la información pública que debería servir para verificar esas afirmaciones se ha reducido, y el número de empresas que la proporcionan es menor que antes de que existiera la CSRD. El profesorado consultado por EFRAG —el asesor de estándares de la propia UE— refleja esa tensión: el 55 % de los usuarios de datos espera que la calidad de la información empeore, y el 67 % de los inversores cita una menor comparabilidad y pérdida de detalle climático.
La directiva Green Claims, que prometía un mecanismo de verificación más ambicioso, sigue empantanada. Tras el anuncio de retirada de la propuesta en junio de 2025, nunca se formalizó su eliminación, por lo que su estatus legal permanece sin resolver; simplemente fue congelada. Mientras tanto, la Comisión optó por reforzar el estándar climático dentro de la CSRD, una decisión que algunos analistas consideran mejor de lo esperado porque mantuvo la doble materialidad y no permitió que las empresas ocultaran su impacto ambiental bajo un enfoque exclusivamente financiero.
Para el consumidor, la herramienta más útil a partir de septiembre será comparar. Si una marca retira la etiqueta ‘climáticamente neutro’ de su web alemana o francesa pero la mantiene en la estadounidense, está diciendo sin palabras que esa afirmación no superó el escrutinio europeo. Las empresas multinacionales rara vez mantienen dos narrativas de sostenibilidad distintas para cada mercado, así que los documentos públicos de la matriz, incluso si solo cubren las exigencias europeas, ofrecen una ventana. La recomendación práctica es simple: buscar la empresa matriz, abrir su memoria de sostenibilidad dentro del informe de gestión auditado y leer la evaluación de materialidad antes que cualquier otra cosa. Allí figura qué temas la compañía consideró irrelevantes y decidió omitir, una radiografía de aquello de lo que prefiere no hablar.
Fuentes como el SBTi Target Dashboard, gratuito y actualizado semanalmente, permiten además contrastar las promesas climáticas de empresas de cualquier jurisdicción, incluidas aquellas que nunca tendrán que reportar bajo la CSRD. Y el portal público europeo ESAP, previsto para el 10 de julio de 2027, promete facilitar el acceso a toda esta información de forma centralizada.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: La prohibición de etiquetas genéricas y de neutralidad basadas en compensaciones eliminará del mercado europeo millones de afirmaciones ambientales no respaldadas, forzando a las empresas a medir y comunicar solo lo que pueden demostrar.
- Modelo que cambia: El marketing verde opaco cede paso a la verificación obligatoria; la cadena de suministro y el retail tendrán que integrar criterios de sostenibilidad auditables, no solo narrativos, para seguir vendiendo en la UE.
- Para las próximas generaciones: Una economía donde las decisiones de consumo se basan en información fiable, y donde las empresas que contaminan no pueden ocultarse tras eslóganes vacíos, sienta las bases de un mercado más honesto y de una transición ecológica con menos trampas.
