El Consell de Juanfran Pérez Llorca ha dado este viernes un paso más en la aplicación del principio de «prioridad nacional» que exige Vox y que ya incorporó a los presupuestos de 2026. Una enmienda conjunta de PP y Vox a la ley de acompañamiento fiscal excluye a los inmigrantes en situación irregular de las prestaciones y servicios sociales estructurales, salvo en urgencias vitales, y endurece los requisitos de arraigo para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? PP y Vox han pactado una enmienda a la ley de medidas fiscales que excluye a los inmigrantes irregulares de las ayudas sociales estructurales y eleva de 15 meses a tres años el requisito de residencia continuada para la Renta Valenciana de Inclusión.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca (PP) ha aceptado la exigencia de Vox, plasmada por primera vez en una ley autonómica como «prioridad nacional».
- ¿Qué impacto tiene? La oposición (PSPV, Compromís) y el Gobierno de España amenazan con recursos de inconstitucionalidad, mientras el presidente niega discriminación.
La «prioridad nacional» se incrusta en las ayudas sociales
La enmienda registrada en las Corts Valencianes modifica la ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana para añadir una disposición que desarrolla reglamentariamente quién merece los recursos públicos. Solo quienes demuestren «arraigo real, duradero y verificable» podrán beneficiarse de las ayudas estructurales. Las personas en situación administrativa irregular quedan fuera, salvo que deban recibir una atención de urgencia vital conforme al ordenamiento jurídico.
El texto conecta ese arraigo con un «periodo mínimo reforzado» que incluye el empadronamiento y «la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema». Para la Renta Valenciana de Inclusión, la prestación más importante para los hogares vulnerables, se exigen ahora tres años de residencia continuada inmediatamente anteriores a la solicitud —frente a los 15 meses actuales— o diez años dentro de los treinta anteriores, de forma continuada o interrumpida.
«Discriminación institucionalizada», el choque con PSPV y Compromís
José Muñoz, portavoz del PSPV-PSOE, calificó la medida de «apartheid institucionalizado» y «racismo institucionalizado». Aseguró que la norma convierte «el origen de una persona en un criterio para decidir quién tiene más derechos». En paralelo, Joan Baldoví, de Compromís, sostuvo que «el PP se arrastra ante Vox» y anunció un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento. El Gobierno de España ya había amenazado con otro recurso a los presupuestos por la misma razón.
Juanfran Pérez Llorca, el president de la Generalitat, negó cualquier discriminación tras la aprobación de las cuentas: «Este presupuesto no distingue entre color de piel. No distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí, jamás lo toleraría». Sin embargo, los hechos legislativos contradicen esa lectura, al introducir por primera vez la «prioridad nacional» en una norma autonómica que afecta a derechos sociales básicos.
El origen se convierte en candado: la «prioridad nacional» rebaja al inmigrante irregular a un sujeto de caridad solo en caso de urgencia vital.
El Escenario Valenciano
La aprobación de la ley de acompañamiento por la mayoría parlamentaria de PP y Vox no está en duda, pero el choque con el bloque de la oposición y el Gobierno central añade una tensión de largo alcance. La «prioridad nacional» era una reivindicación de Vox que Pérez Llorca ha asumido sin fisuras públicas, pese a las críticas de que institucionaliza un trato desigual. El Consell insiste en que se trata de ordenar los recursos, no de excluir por origen, pero el desarrollo reglamentario que debe aprobar el Ejecutivo autonómico determinará el alcance real de la discriminación.
A escala nacional, la batalla jurídica servirá como banco de pruebas para una medida que Vox quiere llevar al Congreso «más pronto que tarde». Si el Tribunal Constitucional admite los recursos anunciados, se pronunciará sobre si las comunidades autónomas pueden condicionar el acceso a prestaciones sociales a un estatus migratorio o a un arraigo tan reforzado. La sentencia tendría efectos más allá de Valencia, Castellón y Alicante.
Ficha del Caso
- El caso: El Consell de Pérez Llorca modifica la ley de servicios sociales para aplicar la «prioridad nacional» que exige Vox, excluyendo a inmigrantes irregulares de las ayudas estructurales y endureciendo el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión.
- Datos importantes: Requisito de residencia: 3 años consecutivos o 10 en 30 años. Exclusión total salvo urgencia vital. Recurso de inconstitucionalidad anunciado por Compromís y amenaza del Gobierno.
- Resumen: La medida consolida el pacto PP–Vox a costa de un choque jurídico y político que trasciende lo autonómico. Cuestiona el papel de las autonomías para restringir el acceso a derechos sociales con criterios migratorios.
