Cada jornada comienza con la misma incertidumbre. No saben a qué hora acabarán el turno, si podrán hacer una pausa para comer o cuántos avisos atenderán antes de regresar a casa. Esa realidad diaria la comparten los más de 2.000 técnicos del transporte sanitario en Canarias, inmersos en un conflicto laboral que mantiene bloqueado un servicio esencial. El convenio colectivo expiró en 2024 y desde entonces las condiciones de trabajo se deterioran, mientras sindicatos, empresas y el Gobierno de Canarias se reparten las culpas.
La negociación bloqueada desde 2024
El IV Convenio del Transporte Sanitario lleva sin renovarse desde el fin del anterior marco, el 31 de diciembre de 2024. La patronal asegura que carece de margen económico para mejorar las condiciones si la Consejería de Sanidad no dota de más recursos los contratos públicos. La Administración, por su parte, insiste en que los salarios deben pactarse en la negociación colectiva y que su papel se limita a financiar el servicio. El resultado es un bloqueo que los trabajadores sufren cada día: jornadas extenuantes, falta de relevos, ambulancias averiadas fuera de servicio y una pérdida de poder adquisitivo cercana al 25%.
Enrique Espi, coordinador del sector de ambulancias de CCOO Canarias, denuncia que la situación obliga a parte de la plantilla a buscar un segundo empleo. “Hay compañeros que necesitan otro trabajo para poder vivir”, explica. Las movilizaciones de los días 8 y 19 de junio, con paros indefinidos en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, dejaron claro el hartazgo del colectivo. Reclaman un “convenio digno” que actualice pluses de nocturnidad, permisos, organización de la jornada y tiempos de presencia, estancados desde hace años.
El debate sobre la externalización y la financiación
El conflicto va más allá de los salarios. El modelo de gestión del transporte sanitario descansa sobre una externalización que alcanza entre el 85% y el 90% del servicio. Las empresas privadas dependen de los presupuestos que fija el Servicio Canario de la Salud (SCS) en los contratos públicos, y la Ley 2/2015 de desindexación limita la revisión de precios en contratos vigentes. La licitación de los próximos contratos se convierte así en la clave que condiciona cualquier mejora laboral.
Los sindicatos sostienen que antes de sacar a concurso el servicio, la Administración mantiene reuniones técnicas con las patronales para calcular el coste y fijar de facto el techo salarial. Pedro Costeras, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Canarias, lo resumió en el Parlamento de Canarias: “Se trata de un servicio público esencial; el Gobierno también debe asumir responsabilidades”. La comparecencia del pasado jueves sirvió para recordar que la comisión de fiscalización de los contratos, creada tras la anterior huelga, apenas se ha reunido dos veces y está paralizada. Mientras, los técnicos denuncian que se movilizan menos vehículos o personal del contratado y que el control es insuficiente.
La próxima licitación del transporte sanitario terrestre determinará si el Gobierno canario está dispuesto a financiar condiciones laborales dignas o si el conflicto se prolongará años.
A todo ello se suman episodios como la polémica petición de voluntarios no remunerados para cubrir la visita del papa León XIV, que indignó a los trabajadores y añadió más tensión a un ambiente ya caldeado. El PSOE de Fuerteventura acusó al Ejecutivo de generar “falsas expectativas” al anunciar tres nuevas ambulancias, ya que dependen de esa futura licitación aún no iniciada.
El Pulso Territorial
El conflicto de las ambulancias sacude a un gobierno autonómico que preside Fernando Clavijo (Coalición Canaria), apoyado por el PP. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha optado por desmarcarse y remitir cualquier solución a la negociación entre patronal y sindicatos. Pero esa postura choca con la realidad: el SCS financia el servicio y fija las condiciones económicas de los contratos, lo que convierte a la Administración en un actor clave.
La presión política y social crece. El pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad una moción de apoyo al colectivo, y el Parlamento regional ya acogió una comparecencia donde se exigió al Ejecutivo que retome el estudio de viabilidad sobre la gestión directa del servicio, aprobado en julio de 2025 pero sin desarrollo. En el trasfondo, el calendario juega en contra: la negociación del convenio podría alargarse hasta finales de 2027 o comienzos de 2028 si no hay un giro de guion. La insularidad y la dependencia del transporte sanitario en una comunidad de más de 2,2 millones de habitantes convierten este pulso en una asignatura urgente para el gobierno de Clavijo.
Ficha Autonómica
- El caso: Más de 2.000 técnicos de emergencias sanitarias de Canarias mantienen un conflicto laboral por la renovación del convenio colectivo del transporte sanitario, bloqueado desde 2024. Denuncian pérdida de poder adquisitivo del 25%, jornadas extenuantes y falta de personal.
- Datos importantes: La externalización del servicio alcanza el 85-90%. El Gobierno canario, a través del SCS, financia los contratos públicos pero se desmarca de la negociación salarial. El Parlamento aprobó en 2025 un estudio sobre gestión directa que aún no se ha desarrollado.
- Resumen: El conflicto sigue sin solución mientras la próxima licitación del transporte sanitario terrestre se perfila como el momento clave. La presión política aumenta y los sindicatos exigen a la Administración autonómica que asuma su responsabilidad como financiador del servicio público esencial.
