La jueza de la DANA cierra el curso judicial con tres testificales mientras las pruebas revelan la desconexión del expresident Carlos Mazón durante la emergencia.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La magistrada Nuria Ruiz Tobarra interroga esta semana a los alcaldes de Godelleta, Turís y Carlet antes del mes inhábil de agosto, y los chats de WhatsApp de los consellers muestran que Mazón se desconectó durante la comida del Ventorro.
- ¿Quién está detrás? La jueza, los consellers del anterior Ejecutivo de Mazón (algunos aún en el Consell de Pérez Llorca) y las administraciones autonómica, provincial y local bajo el PP.
- ¿Qué impacto tiene? La instrucción tensa al actual Consell, abre la puerta a más testificaciones en septiembre y subraya la desigual respuesta institucional ante la emergencia que dejó 231 fallecidos.
La causa avanza a tres meses del segundo aniversario de la DANA que arrasó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024. Las últimas testificales han incorporado el chat de WhatsApp de los consellers, que muestra cómo Carlos Mazón, entonces president, dio instrucciones al inicio y desapareció al agravarse la situación.
Los mensajes entregados por la vicepresidenta Susana Camarero y completados por Ruth Merino confirman que Mazón se desconectó durante la comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana, mientras dos consellers advertían de cortes en 35 carreteras y cierre de colegios en 63 municipios de la provincia de Valencia.
La gestión del Consell (el gobierno autonómico) contrastó con la del Ayuntamiento de Valencia, cuyo Cecopal municipal se activó mucho antes que el Cecopi autonómico. La alcaldesa María José Catalá había reunido al centro municipal tras la alerta roja, mientras el Cecopi, dirigido por Salomé Pradas y Emilio Argüeso —ambos investigados—, fue calificado de desorganizado por altos cargos del PP que declararon como testigos.
El chat revela que Mazón y Catalá hablaron por primera vez casi a medianoche, cuando la catástrofe ya había dejado la mayoría de las víctimas. La jueza consideró desmentida la declaración de Vicente Mompó, presidente de la Diputación, que afirmó no recordar nada. Además, un edil de Seguridad propuso activar la emergencia nacional, pero el Consell de Mazón lo rechazó.
La desconexión del entonces president en el Ventorro, mientras las carreteras se anegaban y los colegios cerraban, simboliza la ausencia de liderazgo que agravó la tragedia.
Las testificales que se retomarán en septiembre podrían salpicar a consellers del actual Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, como José Antonio Rovira, Vicente Martínez Mus, Miguel Barrachina y Marciano Gómez. La magistrada ya ha acreditado los avisos de dos alcaldesas del PP sobre el desbordamiento del barranco del Poyo y que À Punt disponía de datos dantescos de la lluvia en la cabecera.
La pericial del presidente de Avamet, Adrià Revert, confirmó que el Centro de Emergencias tenía esos datos y no los trasladó. La instrucción apunta a una cadena de omisiones que convirtieron una catástrofe previsible en una tragedia evitable.
Los chats que el anterior Consell se resistió a entregar
La resistencia inicial de Camarero a entregar el chat evidenció el temor a que los mensajes mostraran la desconexión de Mazón. Los archivos de Merino del pasado 22 de julio ofrecen una crónica descarnada: el president dejó de participar cuando más necesario era, pese a las alertas de sus consellers. La comunicación interna se fragmentó mientras los técnicos acumulaban avisos del barranco del Poyo y el Cecopi se perdía en debates estériles.
Un Cecopi sin mando y la alerta que nunca llegó
El núcleo de la causa sigue siendo la reunión del Cecopi, que no emitió aviso alguno a la población pese a las múltiples alertas del desbordamiento del Poyo. El sistema CoordCom registró decenas de avisos, ninguno de los cuales derivó en una orden de evacuación o un mensaje ES-Alert.
Los reporteros de À Punt narraron a la jueza que les enviaron a la zona porque los barrancos se desbordarían, sobre todo el del Poyo. El Cecopi ignoró esas señales y la reunión se prolongó sin decisiones. El perito Revert calificó los datos como dantescos y accesibles desde el centro.
El Escenario Valenciano
La gestión de la DANA sigue teniendo eco nacional: la decisión de no activar el nivel 3 de emergencia —que habría transferido el mando al Gobierno de Pedro Sánchez— ha sido objeto de debate en el Congreso de los Diputados y de varios informes de Protección Civil que recuerdan a la riada de Biescas de 1996, donde se investigaron responsabilidades políticas.
Para el PP, la instrucción supone un lastre que empaña su relato de eficacia. El pacto PP-Vox que sostiene al president Pérez Llorca no es inmune al goteo judicial; las posibles citaciones de consellers en activo mantendrán la tensión. Mientras tanto, la Comunitat Valenciana sigue esperando la ejecución de las ayudas y la verdad de lo ocurrido aquel fatídico día.
Ficha del Caso
- El caso: Instrucción por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 que dejó 231 fallecidos, centrada en el anterior Consell de Carlos Mazón.
- Datos importantes: Los chats de WhatsApp muestran la desconexión de Mazón en el Ventorro; el Cecopi fue calificado de desorganizado; el barranco del Poyo se desbordó sin aviso a la población.
- Resumen: El proceso judicial tensa al actual Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca y mantiene abierta la exigencia de responsabilidades.
