Feijóo ha comprado la hipoteca de tipo fijo de Abascal. La expresión, utilizada por La Vanguardia en un análisis publicado este fin de semana, resume con precisión la nueva dinámica entre el Partido Popular y Vox tras las cuatro elecciones autonómicas celebradas desde diciembre. El PP ha necesitado el apoyo de la formación de Santiago Abascal para gobernar en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y lo ha hecho asumiendo los puntos esenciales de su programa. Según el citado análisis, los cuatro acuerdos de gobierno reflejan, casi como un calco, las prioridades que Vox ha logrado blindar en las comunidades.
La agenda de Vox se impone en todos los territorios
Los textos de los pactos autonómicos contienen cláusulas idénticas en materias que el partido de Abascal considera irrenunciables. La prioridad nacional, el rechazo a la Agenda 2030, la oposición al acuerdo del Mercosur, la negativa a acoger más menores migrantes, la prohibición del velo integral en servicios públicos y las restricciones a la instalación de renovables sobre suelo agrícola aparecen en los cuatro documentos, en algunos casos con párrafos copiados palabra por palabra.
La repetición de estos compromisos no es casual. Vox ha defendido desde su fundación que la soberanía nacional debe primar sobre las directrices globales, que la gestión migratoria exige un control estricto y que la actividad agraria merece una protección prioritaria frente a la expansión de las energías renovables. Ahora, el PP de María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Manuel Moreno ha tenido que aceptar esos planteamientos para asegurarse la gobernabilidad. El argumentario del partido de Abascal se ha traducido en condiciones firmes, asumidas sin reservas por los populares en las cuatro comunidades.
El caso más palmario es el de la llamada ‘prioridad nacional’. El texto que recoge este principio en el acuerdo extremeño se reproduce a traves de los pactos suscritos en Aragón, Castilla y León y Andalucía, pese a las diferencias económicas y sociales de esos territorios. Lo mismo sucede con el blindaje a los suelos agrarios frente a las placas solares, una exigencia que contradice los programas electorales del PP en comunidades como la andaluza y que, sin embargo, aparece consignada sin matices.
Vox ha conseguido que sus prioridades se conviertan en condiciones ineludibles para cualquier gobierno del centro-derecha que requiera su apoyo.
La normalización de Vox y el coste para el PP
La sucesión de pactos ha tenido un efecto político inmediato. Vox ha dejado de ser un actor periférico para convertirse en un socio recurrente de gobierno. La aceptación de sus postulados por parte del PP, lejos de estigmatizarlo, lo ha integrado en la práctica política de las comunidades. El análisis de La Vanguardia subraya que esta repetición de acuerdos ha naturalizado al partido de Abascal, que ahora marca la agenda del centro-derecha en aspectos clave.
Para el PP, la factura es nítida. Cada nuevo pacto refuerza la percepción de que Vox impone condiciones sin apenas contrapartidas territoriales. Los populares obtienen la presidencia autonómica, pero ceden en cuestiones como la política migratoria o la transición energética, donde la formación de Abascal mantiene posiciones muy alejadas del ideario tradicional del PP europeo. La metáfora de la hipoteca fija es precisa: el PP ha adquirido un compromiso estable con Vox cuyos intereses políticos se reflejan ahora en las políticas autonómicas.
Las coincidencias no se limitan a un capítulo concreto. El rechazo a la acogida de menores extranjeros, por ejemplo, compromete a las cuatro comunidades a no recibir más niños de los que ya tienen. La prohibición del burka y el niqab en los servicios públicos se impone incluso en Andalucía, frontera con un continente donde millones de mujeres siguen utilizando esas prendas. Son medidas que responden a un esquema ideológico que Vox ha logrado exportar con éxito desde la oposición nacional a los gobiernos regionales.
La estrategia a largo plazo: una hipoteca a tipo fijo
La consolidación de Vox como fuerza indispensable para el centro-derecha no es fruto del azar. El partido de Abascal ha sabido convertir sus demandas programáticas en líneas rojas que el PP no puede eludir si quiere gobernar en minoría. Lo que antes eran gestos de cara a una investidura se ha transformado en un sustrato común que probablemente condicionará futuros acuerdos, tanto autonómicos como nacionales.
Desde la dirección de Vox se ha señalado en numerosas ocasiones que la defensa de la soberanía, el control de la inmigración y la protección del campo no son moneda de cambio. Ahora, los cuatro pactos demuestran que esas posiciones se han convertido en el precio fijo que el PP debe pagar para asegurarse la gobernabilidad. La hipoteca es firme y su interés no parece que vaya a fluctuar en las próximas convocatorias electorales. Mientras el partido de Feijóo necesite los votos de Vox, la agenda de Abascal seguirá siendo la cuota mensual que legitima cualquier gobierno del centro-derecha en España.
