El 23,2% de los alumnos catalanes que debían participar en las pruebas PISA 2025 quedó excluido de la muestra. Una desviación que dispara la exclusión de Cataluña del informe de la OCDE. La consellera de Educació, Esther Niubó comparece este lunes 27 de julio en el Parlament para dar explicaciones mientras Junts exige su dimisión y el president Illa la respalda desde Vietnam.
Una exclusión estadística que descalifica a Cataluña
El informe PISA, que evalúa competencias en matemáticas, lectura y ciencias a jóvenes de 15 años, establece un límite máximo de exclusiones del 5%. En Cataluña, sin embargo, la tasa se disparó al 23,2%. De los 2.500 alumnos seleccionados en 51 centros, 591 fueron apartados. Los datos, hechos públicos este viernes, muestran que 493 fueron excluidos por necesitar apoyos especiales por razones “cognitivas, conductuales o emocionales” y otros 92 por un dominio insuficiente de la lengua. Solo 1.909 se sometieron a las pruebas. El departamento de Educació califica la situación de “incidencia estadística”, pero la lectura de la OCDE es taxativa: los datos de Cataluña no serán comparables y la comunidad autónoma queda fuera.
La cifra resulta especialmente incómoda porque el Govern firmó en 2025 un contrato de asesoramiento con la CEOE por 1,4 millones de euros para mejorar el sistema educativo. El plan preveía un diagnóstico en 2025, políticas en 2026, consolidación en 2027 y difusión en 2028. Sin embargo, ahora no se podrá medir el punto de partida exacto. ‘La evaluación coherente que demanda la propia OCDE para Cataluña se ha quedado sin base’, admiten fuentes del departamento.
Pero más allá del error técnico, el escándalo tiene una dimensión política. Junts ha cargado contra Illa y Niubó calificando al Govern de ‘quemado, desbordado e incompetente’. Su portavoz en la cámara ya había solicitado la comparecencia de la consellera antes de que la noticia saltara a los medios.
El Govern sabía desde marzo y ocultó la exclusión hasta julio
Moncloa.com ha podido confirmar que la Generalitat conocía desde marzo que los datos no serían comparables. Así lo ha reconocido el propio departamento de Educació, aunque la comunicación oficial del fiasco se difundió el pasado viernes, en pleno arranque vacacional. La OCDE notificó formalmente la exclusión la semana anterior.
Ese ocultamiento de meses refuerza la tesis de Junts de que el Govern intentó ganar tiempo mientras diseña su estrategia. Fuentes parlamentarias consultadas por este medio apuntan a que la comparecencia de Niubó será tensa y puede derivar en una petición formal de reprobación si no convence.
El 23% de exclusiones no fue un error técnico menor: la Generalitat ocultó el problema durante meses mientras compraba asesoramiento a la CEOE por 1,4 millones.
El sindicato mayoritario de docentes, USTEC, que ha liderado huelgas contra el Govern y mantiene convocada otra para el 8 de septiembre, emitió un comunicado donde carga tanto contra la conselleria como contra el propio informe PISA, al que tilda de “parcial” y vinculado al “proyecto neoliberal de la OCDE”. Sin embargo, la paradoja es evidente: la exclusión facilita justificar las reivindicaciones salariales del colectivo, porque sin datos comparables es más difícil argumentar la necesidad de reformas profundas.
Análisis: la sombra del fracaso educativo y la pugna política
El affaire PISA es la enésima prueba de estrés para el Govern de Illa, que ya arrastraba una legislatura complicada tras la pérdida de apoyos de los comunes. La consellera Niubó, además, se reincorporó en abril tras meses de baja por una grave enfermedad, y su gestión había sido defendida férreamente por el president. Que Illa, de viaje oficial en Vietnam, rebaje el asunto a una “cuestión técnica” delata hasta qué punto necesita preservar la figura de su consellera para no abrir otro frente en su gobierno.
Pero el daño reputacional al sistema educativo catalán es profundo. Cataluña ya había cosechado malos resultados en PISA 2022, lo que motivó el cese de Carles Vega al frente del Consell Superior d’Avaluació, un organismo que quedó desactivado. Este 2026 no habrá datos para calibrar la evolución. La dirección general de Currículo, por donde han pasado tres responsables en poco tiempo, aparece como el eslabón débil. Además, la oposición recuerda que la Generalitat pagó 1,4 millones a la CEOE sin tener aún un sistema de evaluación fiable. El propio informe de la OCDE presentado este mes de julio recomendaba una ‘evaluación coherente del sistema’. Ahora esa coherencia se ha roto.
El horizonte tampoco invita al optimismo: la primera huelga del curso está convocada para septiembre, y mientras, la comunidad educativa catalana se queda sin un termómetro internacional que mida su rendimiento. La crisis, pese a los intentos por minimizarla, solo acaba de empezar.
