Miles de estudiantes españoles que soñaban con cursar un máster en Estados Unidos se han topado con un nuevo obstáculo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado la regla definitiva que elimina la ‘duración de estatus’ (D/S) y fija un límite máximo de cuatro años para las visas de estudiante F-1, J e I. La medida, que entrará en vigor el próximo 15 de septiembre, afecta directamente a los jóvenes españoles que cada año cruzan el Atlántico para formarse en universidades estadounidenses.
Fin de la ‘duración de estatus’: el nuevo límite de cuatro años
Hasta ahora, con el sistema D/S, un estudiante podía permanecer en el país mientras su programa académico estuviese activo, sin fecha fija de caducidad. La nueva regulación, impulsada por el secretario del DHS, Markwayne Mullin, sustituye ese esquema por plazos concretos: un máximo de cuatro años para la visa inicial, aunque el programa dure más. La cuestión no es menor, porque muchos doctorados o carreras técnicas superan con creces esa duración.
Para quienes cursen programas más largos o necesiten tiempo adicional, será obligatorio solicitar una extensión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Hasta aquí, nada demasiado extraño. El problema es que ese trámite deja de ser un mero papeleo gestionado por la universidad y pasa a manos del gobierno federal, que exigirá controles biométricos, verificación de antecedentes y una acreditación minuciosa de solvencia económica. La solicitud de extensión se convierte en un proceso con entrevistas y huellas dactilares, lo que puede alargarse meses.
El nuevo laberinto burocrático: plazos, costes y control federal
Además, el margen para abandonar el país una vez concluidos los estudios se recorta drásticamente: de 60 a 30 días. Un mes escaso para vender el piso, cerrar cuentas o buscar un empleo que permita cambiar de categoría migratoria. Y las trabas no terminan ahí. Los estudiantes de posgrado, por ejemplo, ya no podrán cambiar de programa una vez iniciado el curso, salvo contadísimas excepciones. Si alguien termina una licenciatura, no podrá matricularse en otra del mismo nivel; solo se admitirá el paso a un programa superior. Todo un golpe para quienes buscan especializarse o reorientar su carrera sin volver a casa.
La norma también restringe las transferencias entre instituciones. Solo se autorizarán en casos de cierre del centro o circunstancias excepcionales contempladas por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP). Y si un estudiante sale del país y regresa, recibirá un nuevo registro migratorio con fecha de vencimiento explícita, sin márgenes de interpretación. Quienes permanezcan más allá del plazo sin prórroga empezarán a acumular presencia ilegal.
Para España, este endurecimiento supone un obstáculo añadido a la ya delicada ‘fuga de cerebros’. Cada año, varios miles de españoles inician estudios superiores en Estados Unidos, sobre todo en áreas científicas y tecnológicas. Muchos de ellos, tras formarse en centros como Harvard o Stanford, regresan al país con un bagaje que luego revierte en el tejido productivo español. Ponerles más trabas no solo lesiona los proyectos personales de esos jóvenes; también resta competitividad a la economía nacional.
La regla definitiva no solo añade burocracia: sustituye la confianza que antes se depositaba en las universidades por un control federal que puede dejar fuera a cientos de estudiantes españoles por un simple retraso en la solicitud.
Por qué esta norma es un golpe para el talento español
Conviene recordar que, tras los atentados del 11-S, Estados Unidos ya endureció los visados de estudiante con el programa SEVIS y controles biométricos obligatorios. Aquella medida ralentizó durante años la movilidad académica global. Ahora, el argumento del secretario Mullin de que el sistema de ‘duración de estatus’ era un coladero para el fraude migratorio entronca con aquella lógica de seguridad nacional, pero aplicada con poca sensibilidad hacia la comunidad universitaria internacional.
El impacto para los estudiantes españoles no es teórico. La tramitación de una extensión ante USCIS puede demorarse entre seis meses y un año, según estimaciones basadas en la capacidad actual de la agencia. Mientras, el alumno no puede salir del país y debe mantener su estatus con matrícula activa, lo que encarece todo el proceso. En un contexto en el que Estados Unidos compite con Canadá, Australia o los Países Bajos por atraer el mejor talento, esta burocracia extra puede hacer que muchos españoles opten por otros destinos.
La norma también afectará a los estudiantes que ya están en EE.UU. Serán incorporados automáticamente al nuevo sistema: su estancia queda autorizada hasta que finalice el programa en curso o durante un máximo de cuatro años desde el 15 de septiembre de 2026. Quienes necesiten más tiempo tendrán que pasar por el mismo filtro. El mensaje es claro: estudiar en Estados Unidos será más caro, más lento y más incierto.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El DHS elimina la ‘duración de estatus’ para visas F-1, J e I y fija un máximo de cuatro años, con obligación de extender ante USCIS y controles biométricos.
- Datos importantes: El periodo de gracia se reduce de 60 a 30 días; las transferencias entre universidades quedan muy restringidas; la nueva regla entra en vigor el 15 de septiembre de 2026.
- Resumen: Miles de estudiantes españoles en EE.UU. se enfrentan a un proceso de renovación más complejo y costoso que puede desalentar la movilidad académica y perjudicar la captación de talento para la economía española.
