Salvador Illa ha endurecido este miércoles su discurso contra el Partido Popular. El presidente de la Generalitat, de viaje institucional en Vietnam, ha acusado a los populares de aplazar el debate sobre la nueva financiación autonómica y ha advertido de que «se acabó el tiempo de las excusas».
La cita clave era el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este mismo miércoles. Pero trece consejeros de comunidades gobernadas por el PP pidieron al ministro de Hacienda, Arcadi España, que pospusiera la reunión. España aceptó y el CPFF queda fijado ahora para el 4 de septiembre.
Illa ha valorado la decisión como «acertada» en su apuesta por el diálogo, pero el trasfondo es otro: el PP intenta ganar tiempo mientras el Govern necesita atar los votos en el Congreso. La reforma de la LOFCA, que da cobertura legal al nuevo modelo pactado con ERC, requiere mayoría parlamentaria.
El PP fuerza el aplazamiento con trece consejeros
El movimiento fue coordinado desde los gobiernos autonómicos del PP, contrarios al modelo que beneficia singularmente a Cataluña. Illa, que conoció la noticia a última hora del martes por el desfase horario con Vietnam, insistió en que todo lo que no sea proponer alternativas sensatas «es hacer castillos en el aire».
La consellera de Economía, Alícia Romero, compareció desde Barcelona para pedir «responsabilidad» al PP y que plantee propuestas en lugar de bloquear. Romero confesó desconocer el modelo concreto que defienden los populares, una carencia que la Generalitat explota como prueba de que no hay alternativa real.
La batalla se traslada al Congreso: Junts o PP tendrán que retratarse
En el CPFF, el Gobierno tiene mayoría asegurada y la propuesta seguirá adelante. El verdadero escollo está en el Congreso, donde Illa, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras necesitan el voto favorable de la mayoría. Las cuentas dejan solo dos salidas: que el PP se sume o que Junts dé su apoyo.
El PP gobierna en comunidades claramente beneficiadas por el nuevo sistema, pero Feijóo mantiene el bloqueo. Junts, por su parte, reclama el concierto económico al estilo vasco y rechaza una financiación que no sea bilateral. La maniobra de Illa y del Gobierno central pasa por aislar al PP y forzar a Junts a no tumbar una inversión de 21.000 millones más en servicios públicos.
El president, en Vietnam, quiso celebrar la rectificación del canario Fernando Clavijo, que gobernando con Coalición Canaria y el PP se ha sumado al nuevo reparto. «Se ha dado cuenta de que es un buen modelo y se ha sumado», dijo Illa, un guiño a que otras comunidades podrían seguir el ejemplo.
El PP tiene ahora cinco semanas para articular una propuesta. Si no lo hace, su ‘no’ quedará expuesto como un veto político.
El tablero catalán: la financiación como moneda de cambio permanente
El retraso del CPFF es también un test para la estabilidad del pacto PSC-ERC. La financiación singular era la línea roja de ERC y la demora, aunque respaldada por Illa, tensa a los republicanos. Cualquier fragilidad en este tema puede desencadenar una crisis de legislatura en el Parlament.
La Generalitat exhibe unidad: Illa y Romero repiten el mantra del diálogo, pero las fuentes consultadas por Moncloa.com detectan nerviosismo. Si en septiembre Junts no se mueve y el PP no cede, el Govern tendrá que elegir entre ceder más soberanía fiscal o ver caer su principal apuesta.
Illa juega con un doble calendario: el 4 de septiembre para el CPFF y otoño para la votación en el Congreso. En ese margen, la presión sobre Feijóo para no aparecer como el partido que rechaza más dinero para sanidad y educación será máxima. Y sobre Junts, para que demuestre si su agenda nacional va en serio o si es solo un obstáculo.
