El Consejo de Ministros ha indultado parcialmente este martes a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condenada por corrupción, y le ha reducido la pena de prisión de cuatro años y medio a dos. La decisión, adoptada en el último cónclave del Ejecutivo antes del parón veraniego, abre un nuevo capítulo en las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts.
El indulto, que no equivale a una amnistía, afecta a una condena emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2023 y confirmada por el Tribunal Supremo. La sentencia consideró probado que Borràs, al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018, fraccionó contratos públicos para beneficiar a un amigo, el informático Isaías Herrero, una práctica prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público. El escándalo incluyó dos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
Borràs siempre ha vinculado su caso con la persecución política del procés, aunque la Justicia no encontró conexión alguna con el desafío independentista. Ahora, el Gobierno de Sánchez le concede la gracia en un contexto marcado por la aplicación definitiva de la amnistía, que el Supremo ya ha desplegado para varios exdirigentes condenados por desobediencia.
El caso Borràs: de la corrupción en la ILC al indulto parcial
La investigación, iniciada por el Área Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra, reveló que Borràs troceó contratos menores para adjudicárselos a Herrero, quien también tenía condenas por narcotráfico. El TSJC impuso cuatro años y medio de cárcel y 36.000 euros de multa. La Fiscalía pidió seis años, pero la condena final se quedó en esa cifra.
La medida de gracia aprobada por el Consejo de Ministros recorta la pena a la mitad, de modo que Borràs deberá cumplir dos años de prisión, lo que puede evitar el ingreso en la cárcel si no hay otros antecedentes y el juez aplica la suspensión condicional. La decisión no borra los delitos, pero aligera el castigo efectivo.
Por qué el Gobierno indulta ahora: cálculo político en plena aplicación de la amnistía
El indulto llega apenas unas semanas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la amnistía, y en un momento en que el Supremo ya ha beneficiado a la exconsellera Meritxell Serret y a cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament. Junts necesita gestos que compensen la vía unilateral del procés, y Moncloa, a su vez, precisa estabilidad parlamentaria para aprobar los próximos presupuestos.
Las fuentes del Govern consultadas por Moncloa.com evitan pronunciarse oficialmente, pero reconocen que el indulto a Borràs “es una pieza más en el tablero”. La lectura en la calle es más cruda: Borràs siempre encarnó el ala más combativa de Junts contra Sánchez, y ahora recibe un perdón que suaviza su condena sin exonerarla del todo.
El indulto a Borràs no es amnistía, pero tampoco es un gesto inocuo: el Gobierno necesita a Junts tanto como Junts necesita aire.
El efecto dominó en Junts y la reacción del independentismo
Para el partido de Carles Puigdemont, la decisión del Gobierno tiene doble filo. Por un lado, permite presentar el indulto como un éxito de la presión independentista y refuerza la figura de Borràs en el imaginario sociex. Por otro, evidencia que el Ejecutivo puede modular su relación con los partidos independentistas según las necesidades legislativas del momento.
La campaña de Borràs para las elecciones de 2021 al frente de Junts se basó en el victimismo judicial. Ahora, con una condena reducida a la mitad, la ex dirigente podría volver a la primera línea política, aunque su inhabilitación sigue vigente y le impediría ocupar cargos públicos. El indulto, en definitiva, calma a Junts pero no desactiva el malestar en las filas del partido.
