EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los contribuyentes madrileños y a la credibilidad del Ejecutivo regional. La operación de compra del ático de Chamberí se sufragó con fondos públicos de la Comunidad.
- ¿Cuándo ocurre? La denuncia se formalizará en las próximas semanas. La oposición ya ha solicitado visitar el inmueble y acceder a la documentación completa.
- ¿Qué cambia hoy? El anuncio de la venta del inmueble para ayudar a las zonas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste no frena la vía judicial, que se fundamenta en indicios de malversación.
Más Madrid llevará la compra del ático de Chamberí ante la Justicia por un presunto delito de malversación. La formación ha anunciado este paso al entender que la secuencia de hechos revela un posible uso privado del inmueble pagado con dinero público. La denuncia se sustenta en la concatenación de visitas de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, a distintas viviendas, la intermediación de un jefe de despacho de Presidencia y la compra final de un ático de 480 metros cuadrados por parte de la empresa pública Planifica Madrid.
El anuncio judicial llega después de que se destapara la adquisición, realizada el pasado 14 de abril, sin difusión pública. Tal y como informó ABC, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha señalado que “lo que contaron como un uso para despachos es mentira”. La operación, según el relato de la oposición, se produjo mientras la pareja trataba de vender su propio ático y, a la vez, se negociaba la compra del nuevo inmueble con fondos autonómicos.
El Gobierno se aferra a una obra en Sol que no consta en ningún expediente
La justificación esgrimida por el Ejecutivo madrileño fue que el inmueble serviría como oficina temporal de la presidenta durante las obras de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno. Sin embargo, desde Más Madrid recuerdan que cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural (BIC) como ese edificio exigiría un procedimiento administrativo que se habría conocido de antemano. La opacidad refuerza la tesis de un uso privado.
“Madrid, al ser una comunidad uniprovincial, no tiene derecho a residencia oficial”, ha subrayado Martínez Abarca, según la información recogida. “Como mínimo, hay un delito de malversación”. La formación ha solicitado toda la documentación relativa a la compra y ha registrado un centenar de preguntas parlamentarias para desentrañar el expediente.
El bloque de la oposición en la Asamblea ha cerrado filas. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha enviado una petición formal al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, para visitar el inmueble y conocer el expediente completo. “Los madrileños tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero la señora Ayuso”, ha afirmado a las puertas del edificio.
La concatenación de hechos, desde las visitas de la pareja hasta la ocultación de la compra, dibuja un camino que va más allá de la mera irregularidad administrativa.
La venta para la Sierra Oeste, una maniobra que no borra el delito
El Gobierno regional anunció el jueves que venderá el ático y destinará el importe a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste. Una medida que para la oposición es puro “demagogia”. El diputado de Más Madrid ha interpretado la decisión como la prueba de que no existía una necesidad real de la Comunidad: “En cuanto les han pillado una información que ellos querían ocultar, lo sacan a la venta con una excusa bochornosa”.
El consejero de Presidencia, por su parte, ha defendido que la Comunidad ha actuado “con transparencia” y ha recalcado el “pleno apoyo” del PP nacional. Para García Martín, todo es una campaña de “mentiras y calumnias” de la izquierda y del Gobierno de España para “tapar sus propias corruptelas”.
Un precedente que recuerda a otras polémicas de opacidad en la Comunidad
La adquisición del ático de Chamberí se suma a varios episodios de falta de transparencia en la gestión del Ejecutivo de Ayuso. En 2021, la adjudicación de una residencia de estudiantes a un conocido del entorno familiar de la presidenta desató una tormenta política y varias querellas. El modus operandi se repite: una compra opaca seguida de una justificación a posteriori. En este caso, el hecho de que que la compra no se publicara en el Portal de Transparencia hasta que los medios destaparon la noticia refuerza la sospecha de opacidad.
Con la denuncia judicial, Más Madrid pone el foco en la presunta malversación y en la posible existencia de un ‘tren de vida’ privado costeado con fondos públicos. La Justicia será ahora quien determine si los hechos constituyen delito y si la compra del inmueble, ocultada y luego justificada a toro pasado, fue un desvío de fondos públicos para beneficio particular.
Mientras, la Asamblea espera las respuestas a las preguntas parlamentarias y la oposición exige abrir una comisión de investigación que, por ahora, el PP bloquea con su mayoría. La transparencia prometida por el Gobierno regional tendrá que medirse en los tribunales.
