Madrid se queda sin los 28,3 millones del programa María Goyri tras no acudir a la conferencia del 29 de julio. La ausencia, que el Gobierno regional justifica por la emergencia de los incendios de la Sierra Oeste, paraliza la financiación de 656 plazas de profesor ayudante doctor en las universidades públicas madrileñas, dentro de un plan nacional que contempla 3.400 contrataciones.
El plantón de Madrid paraliza 28,3 millones para 656 plazas
La Conferencia General de Política Universitaria del pasado 29 de julio no alcanzó el cuórum necesario porque faltó al menos la mitad más uno de los representantes autonómicos. La Comunidad de Madrid fue una de las ausentes, alegando que la región se encontraba en plena emergencia por los incendios que forzaron la evacuación o el confinamiento de más de 55.000 personas.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades comunicó que la sesión no pudo celebrarse y que, como consecuencia, la transferencia de los fondos del programa María Goyri queda paralizada. De los 150 millones que el plan reparte nacionalmente, a Madrid le corresponden 28,3 millones para costear 656 profesores ayudantes doctores. Las otras 435 plazas previstas en la región —hasta completar las 1.091— las paga directamente la Comunidad con cerca de 19 millones de euros.
La cifra no es menor para la Universidad Complutense, la Autónoma, la Politécnica o la Rey Juan Carlos, que tienen abiertos procesos de contratación amparados en este programa. El bloqueo, sin embargo, no cancela el dinero: desde el Gobierno regional insisten en que los fondos no se pierden y que la conferencia puede convocarse de nuevo en agosto.
La Comunidad replica: «Los fondos no se pierden, era un mero trámite»
La consejera Mercedes Zarzalejo remitió una carta al secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, en la que subraya que la Comunidad solicitó un aplazamiento de la reunión ante la situación excepcional y acusa a la ministra Diana Morant de «insensibilidad». En el escrito, al que ha tenido acceso Merca2.es, Zarzalejo recuerda que los datos de ejecución de 2025 y la propuesta de distribución de 2026 se conocían desde el 21 de abril. «Hace más de tres meses que se podría haber convocado la comisión delegada», reprocha.
La Comunidad sostiene que la sesión del 29 de julio era «un trámite, telemático y breve, con el reparto ya aprobado», por lo que el dinero se tramitará en cuanto se reúna de nuevo la conferencia. «El ministerio se contradice afirmando que la ausencia deja pendiente de un hilo el sueldo de 3.400 profesores, cosa que no es cierta», señalan fuentes de la Consejería de Educación. Añaden que no habría inconveniente en celebrar el encuentro en pleno mes de agosto, siempre que la emergencia haya remitido.
El pulso entre administraciones deja en el aire la contratación de cientos de investigadores en formación, aunque el dinero no está perdido.
La sombra del sobrecoste: ¿quién pagará los 47 millones cuando acabe la financiación estatal?
El verdadero fondo de la disputa es la arquitectura financiera del programa. El acuerdo tiene una vigencia máxima de siete años (cuatro prorrogables por otros tres). Cuando expire, la Comunidad de Madrid tendrá que asumir el coste íntegro de las plazas. El Gobierno regional calcula que, solo para las 656 contrataciones hoy sostenidas por el Estado, la factura anual ascenderá a más de 47 millones de euros de forma permanente.
Esa hipoteca futura explica en buena medida el recelo con que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recibido desde el principio el programa María Goyri. No es la primera vez que la financiación condicionada de la administración central genera fricción en Madrid – ya ocurrió con los fondos europeos para formación profesional y con las plazas de estabilización del personal interino en la sanidad pública.
Mientras, los rectores madrileños siguen sin saber cuándo podrán formalizar las contrataciones previstas. La conferencia sectorial podría repetirse en cuestión de semanas, pero el calendario político —con agosto por medio y la vuelta al curso académico en septiembre— no juega a favor de una solución rápida. La pelota está ahora en el tejado del ministerio, que deberá fijar una nueva fecha o asumir que los fondos se repartirán por otra vía administrativa.
La próxima reunión, si se convoca, será la prueba de si el desencuentro ha servido para destensar la relación o para añadir un capítulo más a la larga lista de pulsos entre la Moncloa y la Puerta del Sol. De momento, los casi 30 millones de euros para los profesores madrileños siguen bloqueados.
