El informe PISA 2022 se ha convertido en un terremoto político para el Govern de Salvador Illa. La OCDE invalidó los resultados de Cataluña al comprobar que excluyó al 23% de los alumnos seleccionados, muy por encima del 5% máximo permitido. La muestra española también se resintió, y ahora Illa promete llegar ‘hasta el final’ sin apartar aún a la consellera de Educación.
El escándalo no solo quema al Ejecutivo catalán, sino que revela un agujero en la fiabilidad de los datos nacionales. La OCDE comunicó al Ministerio de Educación que la elevada tasa de exclusión de Cataluña ―la comunidad concentraba 591 alumnos exentos de 2.545― había distorsionado la muestra global. La decisión fue tajante: Cataluña no figurará en el informe internacional que se publicará el próximo 8 de septiembre, aunque España sí ofrecerá sus números con una advertencia sobre la no representatividad de ese fragmento.
Una tasa de exclusión que triplica el límite y distorsiona la muestra nacional
Los estándares de PISA fijan que, para garantizar la validez estadística, no se puede eximir de la prueba a más del 5% de los estudiantes seleccionados. Cataluña rebasó ese tope por un factor de casi cinco. La empresa 2E Estudios y Evaluaciones, contratada por el Ministerio, detectó la anomalía en abril de 2025, poco después de comenzar los test. Sus técnicos advirtieron que el porcentaje de exención se disparaba en la comunidad.
A partir de ahí comenzó un periplo de comunicaciones infructuosas. El Ministerio trasladó la incidencia al Consell Superior d’Avaluació Educativa de la Generalitat, y se sucedieron los intercambios. Pero no fue hasta marzo de 2026, cuando la OCDE compartió los resultados preliminares, que se conoció el verdadero impacto. La muestra nacional sí se vio arrastrada: aunque aún no se ha hecho público el índice global, las fuentes consultadas por EL MUNDO apuntan a que rozará el 5% permitido, una cifra que en otras ediciones se había mantenido holgadamente por debajo. El dato desluce la comparabilidad internacional de España y coloca a Cataluña como el principal factor de distorsión.
El Govern supo desde hace un año, pero ocultó el problema
El relato cronológico deja en evidencia al Departament d’Educació. El Ministerio alertó en 2025, con las pruebas aún en marcha, de que los centros catalanes estaban excluyendo a demasiados alumnos. La Generalitat tuvo conocimiento directo y dispuso de meses para corregir la metodología o, al menos, para preparar a la opinión pública. Sin embargo, escondió el desaguisado hasta el pasado 24 de julio, cuando la presión de la OCDE y del propio Ministerio la obligó a admitir la incidencia.
El Govern calló durante casi un año mientras la muestra catalana hundía la fiabilidad de los datos de todo el país.
Ese silencio es hoy el principal argumento de la oposición, que ya pide responsabilidades. La Síndica de Greuges ha abierto una actuación de oficio para investigar qué instrucciones se dieron a los 51 centros que formaban parte de la muestra. En declaraciones a RAC1, varios directores afirmaron que el Departament les indicó que podían dejar fuera a los alumnos con diversidad funcional o con bajo dominio del catalán sin mencionar el límite del 5%. Esa ambigüedad explica, en parte, la cascada de exenciones.
Illa blinda a Niubó y la oposición olfatea sangre
El president Illa compareció este jueves y endureció el tono tras días de relativa calma. «Tomaremos las decisiones que haya que tomar», dijo, dando a entender que la continuidad de la consellera Esther Niubó no está asegurada. Pero el gesto llega con una semana de retraso: el Govern intentó primero minimizar el episodio como un mero error técnico. La realidad, como ha quedado demostrado, es que el sistema de calidad de las pruebas falló por completo y que la ocultación posterior lo convierte en un asunto de alto voltaje político.
Niubó, que en principio fue blindada, queda ahora expuesta. Su cese sería el segundo en un ejecutivo que apenas lleva un año en marcha y debilitaría aún más a un president que necesita el apoyo parlamentario de ERC y Comuns para cualquier trámite serio. En el Palau de la Generalitat son conscientes de que la educación es uno de los pocos ámbitos en los que el Govern de Illa pretendía construir un relato de gestión solvente. Pierden ese argumento.
El precedente: Cataluña frente al espejo de otras autonomías
El fiasco de PISA no es un accidente aislado: Cataluña arrastraba desde hacía una década rendimientos escolares inferiores a los que corresponderían por su gasto público en educación. Sin embargo, nunca se había forzado la muestra hasta el punto de quedar fuera del estándar internacional. La comparación con otras comunidades es demoledora. En 2022, por ejemplo, Madrid y el País Vasco registraron tasas de exclusión inferiores al 3%, y sus datos se consideraron plenamente representativos. Incluso en las ediciones anteriores en las que Cataluña sí obtuvo resultados válidos, el indicador se mantuvo por debajo del 4,5%.
La OCDE ha instado a investigar qué factores llevaron a una exención tan desmedida y ha dejado claro que confía en que España tome medidas para futuras evaluaciones. El Ministerio de Educación, por su parte, defiende que la muestra nacional sigue siendo válida aunque lastrada, y ha optado por una solución salomónica: publicar los resultados catalanes con una nota que los declare no comparables. Esa decisión, aplaudida por algunos sectores que temían una pérdida absoluta de datos, esconde una realidad incómoda: España no se fía de lo que hizo Cataluña, pero prefiere mostrarlo antes que esconderlo.
El caso PISA abre un debate más profundo sobre el control de calidad en las estadísticas autonómicas y la tentación de maquillar indicadores. En el entorno de Illa admiten que el daño reputacional es enorme y que las consecuencias pueden ir más allá de un simple relevo en la conselleria. Y si la Síndica de Greuges confirma que hubo instrucciones deliberadas para inflar la exclusión, el terremoto político puede dejar tocado al Govern para el resto de la legislatura. Por ahora, el president pide tiempo y promete transparencia. Pero el tiempo juega en su contra.
