El pasado viernes, el silencio del Pazo de Meirás se rompió por el ruido de embalajes y andamios. La familia Franco ha comenzado a retirar de la finca de Sada más de cuatrocientas piezas — muebles, lámparas, objetos decorativos —, un vaciado que la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) no duda en calificar de “expolio”. La operación se ejecuta bajo un paraguas judicial que, tras la sentencia firme del Tribunal Supremo, reconoce la titularidad estatal del inmueble, pero deja en manos de los herederos del dictador aquellos bienes muebles que el Estado no reclamó.
La secuencia jurídica es conocida: en 2021, el Supremo confirmó que el pazo —situado en el municipio coruñés de Sada— pertenece al Estado porque desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado y los Franco no pudieron poseerlo como dueños. Sin embargo, una pieza del litigio quedó abierta: el destino de los objetos que decoraban sus estancias. Un inventario de más de cuatrocientos elementos no fue impugnado por la Abogacía del Estado, y ahora, con la finca ya inscrita a nombre público, los Franco proceden a llevárselos. La cifra exacta supera los 400 objetos, entre piezas de mobiliario y elementos ornamentales que, en muchos casos, están ligados a la etapa en que Francisco Franco residía allí.
El inicio del vaciado y la reacción de los colectivos memorialistas
Los trabajos de desmontaje comenzaron con la instalación de andamios y la suspensión de las visitas al monumento, una decisión que la CRMH atribuye a la “complicidad” del Estado y a la “total pasividad” de la Xunta de Galicia. La asociación memorialista, que sigue de cerca todo el proceso, sostiene que las piezas que se están extrayendo van mucho más allá de enseres personales o bienes adquiridos después de la muerte del dictador. “El Estado suspendió de forma unilateral las visitas programadas para que la empresa contratada por los Franco pueda seguir con el desmontaje”, denunciaron en un comunicado.
La polémica no es nueva. El Pazo de Meirás siempre ha sido un símbolo incómodo en la Galicia contemporánea. Más de ochenta años después de que fuese entregado a Franco por suscripción popular, la finca sigue generando tensiones entre la memoria democrática y la herencia del franquismo. La CRMH insiste en que, desde la sentencia del Supremo, el Gobierno central no ha defendido adecuadamente la titularidad pública de los bienes muebles, permitiendo que los herederos del dictador “saqueen” elementos que, a su juicio, deberían permanecer en el pazo como parte de un relato histórico.
Lo que está ocurriendo en Meirás no es un simple traslado: es la última batalla jurídica y simbólica de un patrimonio que la democracia no ha sabido blindar.
Desde la Xunta de Galicia —presidida por Alfonso Rueda— el silencio ha sido la única respuesta. El gobierno autonómico, que tiene competencias en patrimonio cultural, no ha emitido ninguna valoración sobre el traslado de bienes ni ha explicado si ejerció los controles previstos en la normativa gallega. La CRMH pregunta directamente si la Xunta cumplió con sus obligaciones de supervisión y autorización previa de los trabajos, una cuestión que añade un nuevo capítulo a la tensa relación entre el nacionalismo memorialista y el Partido Popular gallego.
La denuncia de “expolio” y el papel del Gobierno central
El Ministerio de Memoria Democrática se ha convertido en el otro foco de las críticas. La asociación reclama explicaciones y responsabilidades políticas por una gestión que considera “pésima”. La Abogacía del Estado no reclamó judicialmente los más de 400 bienes muebles, lo que ha permitido que ahora los Franco dispongan de ellos con el aval de la justicia. La paradoja es evidente: el Estado recupera la propiedad del continente —el edificio— pero no defiende con la misma intensidad el contenido, que incluye objetos ligados al dictador y a su función como Jefe del Estado.
Este doble rasero, según la CRMH, evidencia una falta de coordinación entre departamentos y una voluntad laxa a la hora de aplicar la Ley de Memoria Democrática. La organización exige que el ministerio dé las “explicaciones oportunas” y asuma las consecuencias políticas, mientras en Sada los operarios continúan embalando lámparas, cuadros y muebles sin que ninguna administración intervenga.
El Laboratorio Gallego
Galicia vuelve a situarse en el centro del debate memorialista nacional. El Pazo de Meirás ha sido durante décadas el escaparate del pulso entre quienes reivindican la necesidad de reparar a las víctimas del franquismo y quienes defienden una transición que no removió los cimientos del pasado. En la política gallega, este equilibrio se ha manifestado con nitidez: el PPdeG —con mayoría absoluta— ha evitado sistemáticamente pronunciarse sobre la retirada de bienes, mientras el BNG ha denunciado con dureza la pasividad de la Xunta y el PSdeG se ha mantenido en una posición más discreta, centrada en pedir que se cumplan las resoluciones judiciales.
El contexto nacional añade otra capa. La memoria histórica es uno de los campos donde el PP gallego ha marcado distancias con el Gobierno central, pero a la vez ha evitado rupturas con Génova. La inacción de la Xunta ante el vaciado de Meirás se alinea con la estrategia del PP nacional, que siempre ha mostrado reticencias hacia la llamada “memoria democrática” y que, incluso desde posiciones de gobierno, ha minimizado las exigencias de los colectivos memorialistas. Para algunos analistas, lo que sucede en Galicia es un anticipo de cómo el partido gestionará este tipo de conflictos si vuelve a la Moncloa.
La proyección del caso es inmediata. La CRMH ha anunciado que seguirá vigilando el traslado y que solicitará a Patrimonio de la Xunta los expedientes de autorización de las obras. El Parlamento gallego, de momento, no ha fijado una comparecencia del conselleiro de Cultura, pero las preguntas de la oposición no tardarán en llegar. Entre tanto, los Franco vacían el pazo mientras la democracia observa, una vez más, cómo el pasado se empaqueta sin demasiada resistencia.
Ficha del Caso
- El caso: Los herederos de Francisco Franco retiran del Pazo de Meirás más de 400 piezas de mobiliario y decoración, tras una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la propiedad del inmueble al Estado pero no reclamó esos bienes.
- Datos importantes: El Supremo confirmó en 2021 la titularidad estatal; la Abogacía del Estado no impugnó el inventario de bienes muebles; la CRMH denuncia “expolio” y pasividad de la Xunta; el ministerio de Memoria Democrática es señalado por una gestión deficiente.
- Resumen: La retirada de los objetos del pazo sin control público evidencia las carencias en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y sitúa a Galicia en el epicentro del debate nacional sobre cómo tratar el legado del franquismo.
