La jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha ordenado este 16 de septiembre a la UCO (Unidad Central Operativa, órgano de élite de la Guardia Civil), a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la unidad de la Policía Nacional especializada en delitos económicos) y al CNI (Centro Nacional de Inteligencia) que investiguen quién planificó, organizó, coordinó y financió la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ordenado la jueza? La magistrada encarga a la UCO, la UDEF y el CNI investigar la financiación y planificación de la movilización masiva de Ceuta.
- ¿Cuándo y dónde? La resolución se dictó este 16 de septiembre; los hechos se produjeron el 30 y 31 de julio en Fnideq-Castillejos.
- ¿Qué dimensión tiene? La movilización reunió entre 75.000 y 85.000 personas y se asocia a 83 fallecidos, según el auto judicial.
Las diligencias: del rastreo financiero al reconocimiento facial
La resolución llega después de que la Fiscalía solicitara nuevas diligencias dentro de las Diligencias Previas 64/2026, abiertas por un delito contra la paz e independencia del Estado. La instructora rechaza que la investigación tenga carácter «prospectivo ni exploratorio» y sostiene que se trata de actuaciones para comprobar hechos previamente delimitados y sustentados en indicios incorporados a la causa.
El primer frente es económico. La jueza requiere a la UDEF y a la UCO un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización. Deberán rastrear movimientos económicos relevantes, la utilización de sistemas informales de transferencia como el hawala, la contratación de transporte colectivo y cualquier operación ligada a la logística. El auto subraya que una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas «difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros».
El rastreo digital es el segundo pilar. La magistrada pide al CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) el informe íntegro sobre organización en redes sociales, con números de teléfono, perfiles de Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y otras plataformas, así como geolocalización y trazabilidad. Para obtener los datos de las plataformas se emitirán solicitudes de asistencia judicial internacional y órdenes europeas de investigación, y la investigación se integrará en una Pieza Separada de Investigación Tecnológica de carácter secreto.
El CNI participará junto a la Comisaría General de Información y la Unidad Central de Inteligencia Criminal en el análisis biométrico y de reconocimiento facial de las imágenes incorporadas a la causa. El objetivo es identificar a las personas que ejercían funciones de coordinación y dirección operativa sobre el terreno, comparando los registros con bases policiales nacionales, registros fronterizos y bases de Interpol y Europol.
La instructora también ordena reconstruir la cadena de mando en territorio marroquí. Las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil designarán expertos para precisar la identidad de los uniformados que aparecen en las imágenes, así como su unidad, graduación y funciones. Además, reclama al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a otras unidades todas las alertas, informes y órdenes de servicio emitidas entre el 20 de julio y el 7 de agosto. El EMAD (Estado Mayor de la Defensa) deberá aportar imágenes satelitales de la playa de Fnideq y de la playa de El Trampolín.
La Audiencia Nacional encomienda a las unidades más especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil una investigación financiera y tecnológica de alcance excepcional en la frontera sur.
La capacidad de planificación y las citaciones
El auto encarga a la Comisaría General de Información, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el CNI y el CENIF un informe para determinar qué personas, grupos u organizaciones disponían de capacidad real para planificar una movilización de esa escala. Se analizarán vínculos entre dinamizadores digitales, organizadores sobre el terreno y estructuras superiores, así como posibles similitudes con otras entradas masivas en Ceuta en 2021, 2024 y 2026. La causa también incorpora los 83 fallecimientos, para los que se pedirán informes periciales que aclaren las causas y la posible intervención de terceros.
Las primeras citaciones ya tienen fecha. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, declarará como testigo el próximo 30 de septiembre a las 10.00 horas. Un día después, el 1 de octubre, comparecerán el jefe de la Policía Local de Ceuta que ocupaba el cargo en julio y el entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, a las 10.00 y a las 12.00 horas. El auto puede ser recurrido en reforma en un plazo de tres días.
El Contexto Operativo
La instrucción se enmarca en una amenaza creciente en la frontera sur: el uso de convocatorias masivas coordinadas a través de redes sociales y la existencia de posibles estructuras financieras informales. La jueza no dirige reproche alguno contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; por el contrario, confía la investigación a las unidades de élite de la Policía Nacional y la Guardia Civil, las mismas que han asumido en los últimos años la investigación de la financiación del crimen organizado y del terrorismo.
Desde el punto de vista operativo, el dato que dimensiona esta causa es la cifra de entre 75.000 y 85.000 personas movilizadas. Ninguna de las entradas masivas registradas en Ceuta en 2021 y 2024 alcanzó una escala comparable, lo que refuerza la hipótesis judicial de una logística y una financiación planificadas. El Ministerio del Interior deberá remitir a la Audiencia Nacional la documentación operativa solicitada. Las investigaciones continúan abiertas y la magistrada no descarta nuevas diligencias a medida que se reciban los informes periciales y los datos de las plataformas digitales.
