EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Comité HELP del Senado aprobó el jueves, por 13 votos a 9, un proyecto de ley bipartidista que impide al Departamento de Educación transferir sus oficinas de educación especial y otros programas a otras agencias federales.
- ¿Quién está detrás? Los senadores republicanos Susan Collins y Lisa Murkowski, junto al demócrata Tim Kaine, promovieron la enmienda en un desafío directo a la Casa Blanca.
- ¿Qué impacto tiene? Supone un revés para la promesa de campaña de Donald Trump de eliminar el departamento y deja al descubierto la división interna en el Partido Republicano sobre cómo reestructurar la administración federal.
La promesa de Donald Trump de desmantelar el Departamento de Educación ha chocado este jueves con un muro bipartidista en el Senado. El Comité HELP (de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones), que preside el republicano Bill Cassidy, dio luz verde a un proyecto de ley que prohíbe traspasar funciones clave a otras agencias, un movimiento que la secretaria de Educación, Linda McMahon, consideraba su ‘prueba de concepto’ para que el Congreso terminara aceptando la eliminación definitiva.
La votación en el Comité HELP y los detalles del proyecto
El voto fue 13 a 9 y cruzó las líneas partidistas. La iniciativa, impulsada por los republicanos moderados Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska) y el demócrata Tim Kaine (Virginia), blinda las oficinas de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación, Educación Primaria y Secundaria, Educación Postsecundaria y Educación Indigena.
El proyecto de ley (S. 5046) responde a los al menos doce acuerdos interinstitucionales (IAAs, por sus siglas en inglés) que el departamento ha firmado para mudar funciones a otras dependencias federales mientras espera que el Congreso cumpla la promesa electoral de Trump de eliminar la agencia. Collins calificó el texto de ‘directo’ y subrayó que mantiene los programas educativos ‘justo donde el Congreso los puso y donde deben estar’.
Murkowski, por su parte, fue más allá: ‘No podemos perder de vista que, al final del día, hablamos de niños, ya sean con necesidades especiales, de escuelas primarias o estudiantes nativos — asegurarnos de no perder ese foco’. El respaldo de los dos republicanos refleja el malestar que genera entre algunos senadores la vía rápida que ha elegido la Administración para vaciar de facto la agencia sin pasar por una votación formal que la suprima.
Reacciones de la Administración Trump y de los senadores
La portavoz del Departamento de Educación, Savannah Newhouse, tildó el proyecto de ‘totalmente prematuro’ y recordó que la ‘prueba de concepto’ que pidió el Congreso está en marcha y dando resultados. McMahon ha defendido estos acuerdos como un paso previo para que los legisladores comprueben que otras agencias pueden gestionar con éxito los programas educativos, lo que facilitaría la disolución definitiva de un departamento creado hace 45 años, bajo el mandato de Jimmy Carter.
Sin embargo, el voto de este jueves demuestra que la estrategia de la Casa Blanca no convence ni siquiera a todos los republicanos. La enmienda contó con los votos de los once demócratas del comité y dos republicanos, y los senadores opositores coincidieron en que el Congreso debe retener el control sobre la estructura de la educación federal, en especial sobre los fondos destinados a los alumnos más vulnerables.
La resistencia republicana a liquidar funciones de educación especial demuestra que, incluso bajo control unificado, la promesa de Trump no tiene el camino despejado.
La lógica de Washington
La promesa de eliminar el Departamento de Educación es tan antigua como la propia agencia. La paternidad de la idea se la disputan varios presidentes republicanos, pero Trump la convirtió en un pilar de su campaña de 2024, alineado con la hoja de ruta del DOGE (el Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera Elon Musk) para reducir el gasto federal y devolver competencias a los estados. El argumento es sencillo: Washington gasta demasiado en educación sin que los resultados mejoren, y las decisiones deben tomarlas las comunidades locales. Trump calcula que una agencia federal menos equivale a menos burocracia y más libertad para las familias.
Lo que la votación del jueves deja claro es que la coalición republicana no es un bloque monolítico. La educación especial, los fondos para estudiantes indígenas o los programas de formación postsecundaria son líneas rojas para senadores que temen el coste electoral de desproteger a colectivos vulnerables. Las midterms de 2026 están a la vuelta de la esquina, y el voto de Collins y Murkowski es una señal de que algunos republicanos prefieren marcar distancias con la Casa Blanca antes que arriesgar sus escaños en estados donde la educación pública es un asunto sensible.
Para España, la reestructuración del Departamento de Educación no es un asunto lejano. La embajada española en Washington sigue de cerca cualquier cambio que afecte a los programas de enseñanza del español y a la educación bilingüe, que dependen en parte de fondos federales canalizados por esta agencia. Un vaciamiento acelerado podría desordenar las partidas destinadas a estudiantes hispanohablantes y reducir las oportunidades de colaboración entre instituciones académicas españolas y estadounidenses. No hay un impacto directo en las exportaciones o en las grandes empresas españolas, pero sí un ruido regulatorio que el cuerpo diplomático español monitoriza con atención. De momento, la bola sigue en el tejado del Congreso, que tendrá que decidir si ata en corto a la Administración o deja correr la prueba de concepto de McMahon.
Ficha del Caso
- El caso: El Senado vota, con apoyo bipartidista, bloquear la transferencia de funciones clave del Departamento de Educación a otras agencias, en un intento de frenar el desmantelamiento que prometió Trump.
- Datos clave: Aprobación en el Comité HELP por 13-9, con los republicanos Collins y Murkowski sumándose a la mayoría demócrata. La medida blinda programas de educación especial, primaria, secundaria, postsecundaria e indígena.
- Para España: Aunque no hay un impacto directo en las exportaciones, los cambios regulatorios pueden afectar a los programas de español y educación bilingüe que reciben fondos federales, lo que mantiene en alerta a la diplomacia española en Washington.
