EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La OCC y la FDIC, los dos reguladores bancarios federales, propusieron este viernes reformar la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA) para limitar que los bancos obtengan puntos regulatorios por donar a grupos activistas.
- ¿Quién está detrás? La administración Trump, a través del interventor de la moneda (*Comptroller of the Currency*) Jonathan Gould y la junta directiva de la FDIC.
- ¿Qué impacto tiene? Se reduce la presión sobre los grandes bancos con presencia en España —Santander y BBVA— para financiar a ONGs progresistas a cambio de una mejor calificación CRA, algo que hasta ahora podía bloquear fusiones y aperturas de sucursales.
La administración Trump ha movido ficha este viernes para cerrar lo que una consultora de captación de fondos definió sin disimulo como “la mina de oro de la CRA”. La propuesta conjunta de la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) golpea directamente la capacidad de los grupos activistas de izquierda para usar la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA) como palanca y exigir donaciones millonarias a los bancos.
La CRA, nacida en 1977 para combatir la discriminación crediticia, obliga a los reguladores a evaluar cómo atienden los bancos las necesidades de crédito de sus comunidades. Esa evaluación se convierte en una verdadera espada de Damocles cuando una entidad quiere aprobar una fusión, una adquisición o una nueva sucursal. Una mala nota en la CRA puede retrasar o tumbar esos planes, y ahí es donde la consultora Bridge Philanthropic Consulting vio el filón: su guía “The CRA Goldmine” enseñaba a las ONGs a desbloquear millones en financiación bancaria bajo la amenaza de un suspenso regulatorio.
La nueva norma no prohíbe las donaciones, pero cambia las reglas del juego. A partir de ahora, esos desembolsos solo sumarán puntos CRA si el banco demuestra que el dinero financia directamente un programa concreto de desarrollo comunitario en su zona de actuación, y no una causa activista genérica. Las entidades receptoras deberán comprometerse por escrito a usar los fondos para actividades cualificadas y, en el caso de los grandes bancos, acreditar que los costes indirectos no superan el 15% del total.
La propuesta no impide que los bancos sigan donando a quien quieran, pero elimina el incentivo regulatorio que convertía esos pagos en un peaje casi obligatorio para mantener la licencia social.
“Las reformas propuestas hoy ayudarán a garantizar que la CRA deje de utilizarse como un puntaje de crédito social para los bancos ni como un mecanismo de financiación para redes de ONGs activistas bajo la apariencia de desarrollo comunitario”, escribió Jonathan Gould, interventor de la moneda, en su cuenta de X. El mensaje no dejaba lugar a dudas: la Casa Blanca quiere devolver la ley a su propósito original —el crédito— y desenganchar las operaciones corporativas de las exigencias del progresismo organizado.
La reforma eleva además los umbrales de activos que determinan el escrutinio al que se enfrenta cada banco. Solo las entidades con más de 10.000 millones de dólares en activos serán consideradas grandes y, por tanto, sometidas al régimen completo de examen CRA. Por debajo de ese escalón, un banco podrá recibir una calificación satisfactoria basada exclusivamente en su desempeño crediticio, aunque su labor de desarrollo comunitario quede corta. De los 3.577 bancos supervisados por la OCC y la FDIC, apenas 86 encajan en la categoría de gran banco —pero esos 86 concentran más del 85% de los activos del sector—.
El alivio para los grandes bancos españoles en Estados Unidos
Santander y BBVA, cuyas filiales estadounidenses gestionan activos muy por encima de los 10.000 millones de dólares, entran de lleno en la categoría de gran banco y, por tanto, en el foco de la nueva regulación. Hasta ahora, ambas entidades debían esmerarse en conseguir buena puntuación CRA no solo prestando, sino también tejiendo una red de donaciones a organizaciones comunitarias que, en muchas ocasiones, actuaban como grupos de presión. La reforma les permitirá concentrar sus esfuerzos regulatorios en lo que mejor saben hacer —dar crédito— y reducir las facturas paralelas que alimentaban a esa industria del activismo.
El contexto político en Washington ha acelerado el movimiento. Gould y los directivos de la FDIC llevaban meses trabajando en esta propuesta, que recorta la capacidad de los grupos progresistas para usar la CRA como moneda de cambio. La senadora demócrata Elizabeth Warren ya ha denunciado que la reforma “destripará” una herramienta para fomentar la inversión en barrios desatendidos y agravará la crisis de la vivienda. Pero la aritmética en el Capitolio es clara: sin un cambio legislativo, los demócratas apenas pueden bloquear una norma que emana de los reguladores.
La lógica de Washington
La reforma de la CRA no es un rayo en cielo sereno. Responde a una lectura del Partido Republicano que ve en la ley de 1977 un instrumento desvirtuado por el activismo financiero. El precedente más cercano ocurrió en 2023, cuando los tres reguladores federales intentaron una revisión más amplia que un juez federal bloqueó por extralimitarse. Aquella derrota enseñó al equipo de Trump dos lecciones: ceñirse a los márgenes legales y arremeter contra el uso más polémico de la CRA, las donaciones obligatorias.
Para España, la consecuencia es un entorno regulatorio más previsible. Santander y BBVA podrán planificar sus inversiones en Estados Unidos sin la presión de tener que financiar a grupos que, hasta ayer, tenían capacidad real de entorpecer sus operaciones. El ahorro no es solo monetario: supone eliminar un foco de riesgo reputacional en un país donde las campañas de los activistas se amplifican con rapidez.
La propuesta abre ahora un periodo de comentario público, pero ninguna regla entra en vigor de inmediato. Queda por ver si la Reserva Federal, que administra la CRA para los bancos estatales miembros y no ha firmado la propuesta, se suma más adelante para evitar un mosaico de estándares. De cualquier modo, la dirección está marcada. Washington vuelve a lo básico: préstamo a la comunidad y fin de la financiación forzosa al activismo.
Ficha del Caso
- El caso: Los reguladores bancarios de EE. UU. proponen una reforma de la CRA para desvincular las donaciones a grupos activistas de la puntuación que necesitan los bancos para obtener autorizaciones de fusión, adquisición o nuevas sucursales.
- Datos clave: Solo los programas de desarrollo comunitario locales contarán para la calificación CRA; los costes indirectos de las ONGs no podrán superar el 15%. El umbral para ser considerado gran banco sube a 10.000 millones de dólares, afectando a 86 de los 3.577 bancos supervisados pero al 85% de los activos.
- Para España: Santander y BBVA ven aliviada la presión regulatoria en su negocio estadounidense y podrán centrar su esfuerzo en el crédito, sin la obligación de engrasar al activismo para mantener su licencia operativa.
