EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los líderes de 22 Estados miembro —entre ellos Alemania, Italia y Países Bajos— han enviado una carta a Bruselas exigiendo una reunión urgente de Interior tras la crisis migratoria de Ceuta. Vinculan la entrada masiva con la regularización española y la sentencia del Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente.
- ¿Quién está detrás? Italia, Alemania y los Veintidós impulsan la medida. Francia, Luxemburgo, Portugal e Irlanda no firman. París descarta ‘absolutamente’ suspender a España del espacio Schengen.
- ¿Qué impacto tiene? La videconferencia del martes 4 de agosto puede desembocar en un refuerzo de controles fronterizos internos y aislar políticamente a España. Moncloa denuncia ‘prejuicios’.
La crisis migratoria en Ceuta ha desatado una fractura poco habitual en la Unión: 22 gobiernos han firmado una carta colectiva en la que advierten de que las regularizaciones masivas en España actúan como ‘factor de atracción’ y piden una respuesta coordinada antes de que el flujo se extienda al resto de Europa. La misiva, impulsada por Roma y Berlín, ha logrado el respaldo de países tan dispares como Países Bajos, Hungría, Polonia o Grecia, dejando a España ante una reunión extraordinaria de ministros de Interior el próximo 4 de agosto que se antoja tensa.
En la carta, los firmantes avisan de que ‘no podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea’. Y añaden una frase que apunta directamente a la política migratoria española: ‘la entrada ilegal de un migrante puede convertirse en una estancia legal’. Para los Veintidós, esa idea alienta nuevos intentos y debilita la política común. La sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la ilegalidad de las devoluciones en caliente es, según los firmantes, el detonante de este ‘ataque’ que explota una vulnerabilidad del sistema europeo.
España ha respondido por boca del presidente Sánchez con una denuncia de ‘respuesta asimétrica’ basada en ‘prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos’. El Gobierno defiende que la cooperación con Marruecos ha permitido retornar ‘a la práctica totalidad de los migrantes’ y no se ha registrado ningún movimiento secundario hacia el continente. A pesar de ello, varios ejecutivos ya habían reclamado el restablecimiento de controles fronterizos internos e incluso que se estudiara la suspensión de España del espacio Schengen.
Francia, sin embargo, ha marcado distancias. El ministro Laurent Nuñez ha descartado ‘absolutamente’ la suspensión y ha elogiado la cooperación bilateral con España. Luxemburgo, Portugal e Irlanda tampoco rubrican la carta. La división entre los socios fundadores y el resto del bloque dibuja un mapa poco habitual: el eje franco-español se refuerza, mientras Italia y Alemania lideran al grupo de los ‘frugales de la migración’.
La reunión del martes, convocada por la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE, servirá para ‘evaluar la crisis, acordar una respuesta y movilizar los instrumentos comunitarios disponibles’. La Comisión Europea, por boca de Ursula von der Leyen, ha acogido favorablemente la iniciativa y ha subrayado que la rápida devolución de la mayoría de los migrantes demuestra que la UE dispone de un sistema sólido, ‘aunque debe reforzarse aún más’.
La fractura no es entre norte y sur, sino entre quienes temen un efecto contagio en sus fronteras interiores y quienes intentan contener la crisis sin romper el espacio Schengen.
El Eje del Poder Europeo
Lo que hace singular esta crisis es la composición de la alianza que ahora presiona a España. No es solo el norte frugal ni el este de Visegrado; Italia, Grecia, Malta o Chipre —socios tradicionalmente más expuestos a la presión migratoria— se han sumado a una carta que apunta a la regularización y a la sentencia judicial española. La razón: todos ellos temen que si España mantiene abierta la puerta a una regularización masiva, las redes de tráfico de personas redirigirán sus rutas hacia sus propias costas. El Pacto Migratorio, aprobado con gran dificultad, se ve ahora cuestionado en su aplicación real.
Para España, el coste a corto plazo es doble. Por un lado, la Moncloa se enfrenta a un aislamiento diplomático en un área —la política de interior de la UE— donde la unanimidad es cada vez más frágil. Por otro, la presión de los Veintidós podría forzar a Bruselas a emitir recomendaciones que limiten la capacidad del Gobierno para legislar en materia de extranjería. Cabe recordar que la sentencia del Tribunal Supremo que anuló las devoluciones en caliente ata directamente la política migratoria al Poder Judicial, un espacio que Bruselas respeta pero que, en un contexto de crisis, puede ser utilizado como argumento para pedir cambios legislativos.
El precedente más incómodo para España es la crisis de 2021, cuando Marruecos abrió de facto la frontera y miles de personas entraron en Ceuta. Entonces, la reacción europea fue más solidaria porque el foco estaba en la presión exterior. Ahora, los socios comunitarios consideran que la causa principal es interna: una política de regularización y una decisión judicial que genera un ‘efecto llamada’. La diferencia es sustancial. El martes, los ministros de Interior discutirán si refuerzan los controles en las fronteras interiores. Aunque nadie espera la suspensión de Schengen para España —Francia lo ha descartado—, sí es plausible que varios países reintroduzcan controles temporales, un movimiento que erosionaría aún más la libre circulación. España llegará a la videconferencia con los deberes hechos en materia de retornos, pero el debate de fondo va más allá: es sobre la soberanía nacional en política migratoria frente a un bloque que exige mano dura.
