EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El 12 de noviembre entrará en vigor la prohibición del cáñamo en Estados Unidos, que eliminará el 90% de los productos actuales del mercado.
- ¿Quién está detrás? Los representantes Andy Barr (R-Kentucky) y Angie Craig (D-Minnesota) presentaron la Ley de Protección del Cáñamo Legal para revertir la medida y establecer un nuevo marco regulatorio.
- ¿Qué impacto tiene? Si el Congreso no actúa antes de noviembre, las empresas españolas del sector CBD perderán un mercado clave; la propuesta bipartidista busca salvar miles de empleos agrícolas y dar seguridad jurídica a toda la cadena de suministro.
Washington no se detiene. Con el reloj corriendo hacia el 12 de noviembre, dos congresistas han presentado una iniciativa que podría salvar a la industria del cáñamo de la prohibición que amenaza con retirar el 90% de los productos del mercado estadounidense. La jugada legislativa de Andy Barr y Angie Craig —cada uno buscando un escaño en el Senado por sus respectivos estados— pretende tumbar la normativa aprobada a finales de 2025 y sustituirla por un sistema regulatorio que, dicen, protegerá a agricultores, empresas y consumidores.
La norma que entrará en vigor el 12 de noviembre de 2026 redujo drásticamente el límite de THC permitido por envase, pasando de los hasta 3 miligramos tolerados bajo la Farm Bill de 2018 a un estricto máximo de 0,4 miligramos por contenedor. Eso lo cambia todo. Casi la totalidad del cáñamo comercializado hoy quedaría fuera de la ley de un plumazo.
Un reloj en contra: la cuenta atrás hasta el 12 de noviembre
La prohibición se incluyó en un paquete de gasto público para evitar un cierre del Gobierno tras 43 días de parálisis administrativa en 2025. Desde entonces, la industria del cáñamo lleva meses presionando al Congreso para que encuentre una salida. Varios proyectos de ley han intentado diluir o retrasar la entrada en vigor de la medida, pero ninguno ha superado el filtro de los comités. El tiempo se agota: quedan poco más de tres meses para que los lineales se vacíen.
En ese contexto, la Ley de Protección del Cáñamo Legal, presentada el 22 de julio y respaldada por los representantes Tim Moore (R-Carolina del Norte) y Mark Veasey (D-Texas), emerge como la opción con más posibilidades. Tiene un detalle clave: no es una simple derogación, sino una reforma integral que añade controles donde antes no los había.
Qué propone la Ley de Protección del Cáñamo Legal
El texto eleva el límite de THC al 1% en peso seco a nivel de cultivo, un listón muy superior al 0,3% de la Farm Bill de 2018 y al 0,4% de la norma de 2025. Para los productos finales, ordena a la FDA que fije topes máximos, y si la agencia no lo hace en un año, se aplicarán por defecto 5 miligramos para productos orales y 50 miligramos para inhalables y tópicos. La ley también prohíbe los cannabinoides sintéticos, establece una edad mínima de compra de 21 años y regula el etiquetado para que los productos no estén dirigidos a menores.
Además, impone un impuesto de cinco centavos por miligramo a las bebidas derivadas del cáñamo y un gravamen fijo del 5% para el resto de productos. Ese guiño fiscal ha sido bien recibido por los grupos de la industria del alcohol, que ven en la propuesta una forma de evitar que las bebidas con CBD compitan en desigualdad. Según Barr, la ley encuentra «el equilibrio adecuado» entre agricultura rentable y protección al consumidor.
La Lógica de Washington
Detrás de esta batalla legislativa hay una fractura clásica del Capitolio: seguridad sanitaria frente a intereses agrícolas. La prohibición de 2025 fue impulsada por el senador republicano Mitch McConnell y por grupos como Smart Approaches to Marijuana, que consideran el cáñamo una «catástrofe de salud pública». Sin embargo, la industria mueve miles de millones de dólares y genera empleos en estados como Kentucky, Minnesota o Carolina del Norte, todos con peso político. La Casa Blanca ya movió ficha en abril: el presidente Donald Trump pidió al Congreso que actualizara la ley para preservar los productos de CBD que millones de estadounidenses utilizan.
La lógica es doble: por un lado, satisfacer a los votantes rurales que dependen del cultivo de cáñamo; por otro, calmar a los defensores de la salud pública con un régimen de control más estricto que el de 2018. La apuesta de Barr y Craig —dos aspirantes al Senado— consiste en demostrar que se puede regular sin prohibir. El precedente histórico lo encontramos en la propia Farm Bill de 2018, que sacó al cáñamo de la lista de sustancias controladas y disparó un boom económico que ahora muchos quieren evitar que descarrile.
La prohibición del 12 de noviembre acabaría con el 90% de los productos de cáñamo, pero la batalla es también sobre quién escribe las reglas del mercado del futuro.
Para España, el desenlace tiene una lectura directa. El país es uno de los principales productores europeos de cáñamo industrial y las exportaciones de CBD al mercado estadounidense han crecido de manera notable en los últimos años. Si la prohibición se consolida, los productores españoles perderán un cliente estratégico. Si prospera la reforma, se abriría un marco predecible que podría incentivar las relaciones comerciales. Madrid sigue de cerca la votación, consciente de que el 12 de noviembre no es solo una fecha en el calendario legislativo americano: es una línea roja para decenas de pequeñas empresas que miran al otro lado del Atlántico.
Ficha del Caso
- El caso: La prohibición del cáñamo en EE.UU., incluida en un paquete presupuestario de 2025, entrará en vigor el 12 de noviembre de 2026 y eliminaría el 90% de los productos legales del mercado.
- Datos clave: Umbral de THC por envase: 0,4 mg (actual) frente a los hasta 3 mg previos. Proyecto de Barr/Craig: límite de cultivo del 1%, regulación de la FDA, edad mínima 21 años, impuesto de 5 centavos/mg a bebidas.
- Para España: Las exportaciones españolas de CBD y la cadena de valor del cáñamo industrial se enfrentan a una pérdida de mercado si no se alcanza un acuerdo antes de noviembre. La ley de Barr y Craig daría seguridad regulatoria y mantendría abierto el canal comercial.
