El verano suele representar un paréntesis en la actividad política madrileña, pero Más Madrid ha decidido convertir agosto en el punto de partida oficioso del próximo año electoral. La formación liderada por Manuela Bergerot, Mónica García y Rita Maestre ha intensificado durante las últimas semanas su ofensiva contra el Gobierno de la siempre polémica Isabel Díaz Ayuso aprovechando varias controversias que afectan al Ejecutivo autonómico.
Desde la gestión del incendio de la Sierra Oeste hasta el futuro del estadio de Vallecas o la polémica compra de un ático en Chamberí destinado inicialmente a albergar de forma temporal el despacho de la presidenta, la estrategia de la oposición pasa por mantener el foco sobre el Ejecutivo incluso en pleno periodo estival.
Más Madrid busca impedir que el verano rebaje la tensión política y pretende llegar al inicio del curso con varios debates abiertos. El objetivo pasa por consolidarse como la principal fuerza de oposición en la izquierda madrileña y mantener la presión sobre un Ejecutivo que afrontará en septiembre un calendario marcado por la negociación presupuestaria y el inicio del nuevo periodo parlamentario.
Uno de los principales frentes abiertos ha sido la gestión del grave incendio registrado en la Sierra Oeste. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la puesta en marcha de un espacio específico en la página web institucional para canalizar de forma segura las donaciones destinadas a la reconstrucción de la zona afectada. Sin embargo, la iniciativa fue recibida con duras críticas por parte de Más Madrid.
La portavoz del grupo parlamentario, Manuela Bergerot, acusó a Ayuso de recurrir a las donaciones para paliar unas consecuencias que, a su juicio, podrían haberse minimizado con una mayor inversión en prevención, dentro de la estrategia liberal del PP madrileño. A través de sus redes sociales sostuvo que la presidenta «pasa el cepillo» mientras «no invierte en prevención» y «se lava las manos» ante este tipo de emergencias. Con estas declaraciones, Bergerot trató de desplazar el debate desde la reconstrucción posterior hacia las políticas preventivas y la planificación forestal desarrollada por el Ejecutivo autonómico.
El incendio ha servido así para reabrir un debate recurrente entre Gobierno y oposición sobre la inversión en prevención, la gestión de los montes y los recursos destinados a combatir los grandes fuegos durante los meses de mayor riesgo. Más Madrid considera que la actuación institucional no puede limitarse a solicitar la colaboración ciudadana una vez producida la emergencia, sino que debe centrarse en reforzar los mecanismos preventivos.
El segundo gran frente político se sitúa en Vallecas. La decisión de la Comunidad de Madrid de extinguir la concesión administrativa del estadio del Rayo Vallecano ha provocado una intensa reacción tanto en el ámbito deportivo como en el político. Para Más Madrid, la medida llega tras años de deterioro de las instalaciones y de una gestión que consideran marcada por la pasividad de las administraciones.
La concejala del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Olga Martínez, criticó con dureza la actuación del Ejecutivo autonómico. Según afirmó, el Gobierno regional pretende «desahuciar al Rayo Vallecano de su estadio» después de haber permitido durante años que la actual directiva, encabezada por Raúl Martín Presa, descuidara las instalaciones y mantuviera un enfrentamiento permanente con buena parte de la afición.
Martínez fue todavía más allá al asegurar que la operación «huele a pelotazo». En su opinión, el modelo planteado por la Comunidad abre la puerta a convertir el estadio en un espacio destinado prioritariamente a la explotación de espectáculos, sin garantizar la continuidad del club en su ubicación histórica. Desde Más Madrid defienden una solución alternativa basada en la reforma del estadio actual y en un proceso de diálogo entre la Comunidad, el Ayuntamiento, el club, las peñas y el movimiento vecinal de Vallecas para consensuar el futuro de la instalación.
La formación registró un burofax reclamando la publicación de toda la documentación relacionada con la operación al considerar que la negativa a facilitar esa información podría vulnerar la legislación sobre transparencia. El caso adquirió una importante dimensión política al trascender que la Comunidad no había detallado inicialmente el coste de la adquisición ni todos los aspectos relacionados con el futuro uso del inmueble.
La polémica aumentó después de que el Ejecutivo autonómico rectificara y anunciara finalmente que el ático no sería utilizado como oficina permanente y que terminaría siendo vendido. Para Más Madrid, el cambio de criterio no respondió a una decisión voluntaria sino a la presión política y mediática generada tras conocerse la operación.
En esa línea se pronunciaba el diputado autonómico Emilio Delgado, quien aseguró que «han rectificado porque les han pillado con el carrito del helado», acusando al Gobierno regional de haber intentado ocultar tanto la compra como el destino previsto para el inmueble.
La controversia también ha dado lugar a iniciativas parlamentarias y judiciales. Tanto el PSOE como Más Madrid han impulsado actuaciones para esclarecer las circunstancias de la operación y reclamar toda la información disponible sobre una adquisición sufragada con fondos públicos cuyo coste definitivo todavía ha sido objeto de debate político.
Con estos tres asuntos sobre la mesa, Más Madrid intenta llegar al nuevo curso político con una agenda propia que combine cuestiones sociales, gestión institucional y transparencia. La formación considera que la acumulación de polémicas permite construir un relato alternativo sobre la acción del Gobierno regional y reforzar su papel como principal fiscalizador de la mayoría absoluta del Partido Popular.
