El Gobierno vasco ha decidido mover una de las piezas más sensibles de su estructura institucional. La destitución de Victoria Landa como directora de la Ertzaintza y su sustitución por Aitor Landa Zarraga supone mucho más que un simple relevo administrativo: representa un intento del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de contener el creciente desgaste político provocado por las sucesivas controversias que han rodeado a la Policía autonómica durante los últimos meses.
La decisión llega apenas unas semanas después de las duras críticas recibidas por las cargas policiales contra los integrantes de la Flotilla Global Sumud y los manifestantes que acudieron a recibirlos al aeropuerto de Loiu, un episodio que terminó obligando al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a reconocer públicamente errores en la planificación del operativo.
Aunque oficialmente el Ejecutivo autonómico presenta el cambio como una reorganización destinada a afrontar una nueva etapa, el contexto político convierte el relevo en una decisión con una evidente lectura estratégica. La Ertzaintza atraviesa uno de los momentos de mayor cuestionamiento público desde su creación y el PNV ha optado por un perfil claramente político para intentar recuperar el control sobre una institución que tradicionalmente ha considerado uno de los grandes símbolos del autogobierno vasco.
La principal novedad del nombramiento reside precisamente en la trayectoria del nuevo director. Aitor Landa no procede de la estructura operativa de la Ertzaintza, como había sucedido con sus predecesores. Su experiencia está vinculada a la gestión de emergencias y Protección Civil, pero también al propio aparato del PNV. Entre 2020 y 2024 formó parte del Bizkai Buru Batzar, la ejecutiva territorial del partido en Vizcaya presidida por Itxaso Atutxa, además de haber integrado candidaturas municipales nacionalistas en Erandio. Se trata, por tanto, de un dirigente con una marcada experiencia política más que policial.
Ese cambio rompe con la práctica seguida durante los últimos años. Tanto Antonio Varela como Gervasio Gabirondo o la propia Victoria Landa habían desarrollado buena parte de su carrera profesional dentro de la Ertzaintza antes de asumir la máxima responsabilidad institucional. En esta ocasión, el Gobierno Vasco ha preferido reforzar el componente político de la dirección, una circunstancia que el propio consejero de Seguridad dejó entrever al afirmar que la nueva etapa exige «dotar de un contenido más político al director» de la Policía autonómica.
La salida de Victoria Landa pone fin a una etapa iniciada hace cinco años, cuando fue nombrada como la primera mujer en dirigir la Ertzaintza. Su designación fue presentada entonces como un símbolo de modernización y apertura dentro de la institución. Sin embargo, su mandato ha estado marcado por una sucesión de polémicas que han erosionado tanto la imagen del cuerpo como la del propio Ejecutivo autonómico.
El episodio que precipitó el desgaste fue el ocurrido el pasado mes de mayo en el aeropuerto de Loiu. La llegada de integrantes de la Flotilla Global Sumud, una iniciativa internacional de apoyo al pueblo palestino, derivó en un amplio dispositivo policial.
Las imágenes de agentes antidisturbios cargando contra manifestantes mediante el uso de defensas reglamentarias tuvieron una enorme repercusión mediática y provocaron críticas por parte de organizaciones sociales y partidos políticos. El operativo se convirtió rápidamente en un problema para el Gobierno vasco, hasta el punto de que Bingen Zupiria compareció para admitir errores en la planificación de la actuación policial.
Aquella intervención no fue un hecho aislado. Durante los últimos años la Ertzaintza ha acumulado diversas controversias relacionadas con actuaciones en manifestaciones y protestas sociales. Tanto EH Bildu como otros colectivos han cuestionado reiteradamente el modelo policial impulsado por el Departamento de Seguridad, mientras desde otras formaciones políticas también se han formulado críticas por distintos motivos. El resultado ha sido una creciente presión sobre una institución que durante décadas había gozado de un elevado consenso social.
Las críticas se intensificaron además por el debate surgido en torno a las relaciones comerciales entre administraciones vascas y empresas vinculadas al sector de la seguridad israelí. Diversas investigaciones periodísticas documentaron contratos relacionados con tecnología, ciberseguridad y equipamiento policial suministrado por compañías israelíes o distribuidoras de tecnología desarrollada en ese país.
Tras el estallido del genocidio en Gaza, diferentes organizaciones sociales cuestionaron el mantenimiento de esas relaciones mientras las instituciones vascas defendían públicamente los derechos del pueblo palestino. La polémica alcanzó una nueva dimensión después de los incidentes de Loiu, cuando algunos colectivos llegaron a comparar determinadas tácticas policiales con procedimientos empleados por fuerzas de seguridad israelíes, una analogía rechazada por las autoridades vascas.
El Gobierno Vasco promete que apuesta por la continuidad de la dirección operativa
Pese al relevo político, el Ejecutivo ha querido garantizar la continuidad en la dirección operativa del cuerpo. Junto al nombramiento de Aitor Landa también se anunció la designación de Alfonso Garaikoetxea como nuevo jefe operativo de la Ertzaintza tras la jubilación de Josu Bujanda, que abandona el cargo después de 36 años de servicio. Garaikoetxea sí representa el perfil profesional clásico de la policía autonómica, con experiencia al frente de las jefaturas territoriales de Gipuzkoa y Álava, además de las comisarías de San Sebastián, Hernani e Irún.
El Gobierno Vasco justifica estos cambios apelando a los importantes retos que afronta la Ertzaintza. Entre ellos destacan la modernización tecnológica del cuerpo, la renovación de medios materiales y el relevo generacional que afectará durante los próximos años a buena parte de la estructura de mando debido a las jubilaciones previstas.
Cuando se anunció su nombramiento, Aitor Landa se encontraba precisamente en la Comunidad de Madrid coordinando efectivos de Protección Civil desplazados desde Euskadi para colaborar en la extinción de incendios forestales, un detalle utilizado por el Ejecutivo para subrayar su experiencia en gestión de emergencias.
Sin embargo, más allá de las explicaciones oficiales, el relevo evidencia la preocupación del PNV por el coste político que estaban generando las actuaciones de la Ertzaintza.
