El Govern catalán se ha topado este martes con un muro jurídico inesperado. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emitido un dictamen unánime que declara la inconstitucionalidad de la proposición de ley contra la compra especulativa de vivienda, la norma estrella pactada entre el PSC y los Comuns para sostener los presupuestos de la Generalitat.
El CGE considera que la norma, que permitía a los ayuntamientos prohibir la compra de pisos individuales si no iban a destinarse a residencia habitual y obligaba a dedicar edificios enteros al alquiler regulado, afecta a la autonomía de la voluntad y a la economía de los contratos. Las sanciones previstas, que podían alcanzar 1,5 millones de euros, refuerzan la intromisión. El dictamen habla de restricciones “severas e indiscriminadas” y de una invasión de competencias exclusivas del Estado en derecho civil.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha reaccionado con un mensaje de firmeza matizada: “Buscaremos todas las medidas legales y las maneras que sean posibles para proteger el derecho a la vivienda”. La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, también ha apostado por “explorar los márgenes legales” sin dar por muerta una ley que fue línea roja para su formación.
Un calendario que se difumina
El dictamen llega en el peor momento para los planes del Govern. Socialistas y comunes pactaron tramitar la proposición de ley por lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión, con la intención de aprobarla antes del verano. Los recursos del PP y de Junts per Catalunya ante el CGE obligaron a posponer la votación a otoño. Ahora, con la advertencia del Consell, el calendario se difumina aún más.
Fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com señalan que el Ejecutivo se plantea abandonar la tramitación exprés y optar por el procedimiento ordinario, lo que alargaría los plazos varios meses. Esta decisión, no exenta de fricciones internas, aleja a los Comuns del horizonte temporal que exigían para cumplir su hoja de ruta de vivienda.
El choque entre los informes favorables encargados por el Govern y la contundencia del Consell de Garanties refleja una brecha interpretativa que solo se cerrará con una nueva formulación o con un aval superior del Constitucional.
El Partit Popular ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional. La vía judicial queda, por tanto, expedita, algo que en el Palau de la Generalitat conocían desde que la ley empezó a tramitarse.
El precedente que condiciona la legislatura
El varapalo no sorprende a quien siga de cerca la jurisprudencia constitucional sobre vivienda. La ley catalana de contención de rentas, aprobada en 2020, también fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, y aunque el fallo no fue anulatorio, sí fijó límites estrechos a las competencias autonómicas en materia de propiedad. Aquel episodio, aún fresco en la memoria institucional, explica la prudencia con la que el Govern de Salvador Illa manejaba esta iniciativa desde el principio.
Los expertos consultados por Moncloa.com recuerdan que el Consell de Garanties Estatutàries, pese a ser un órgano consultivo, ha sido históricamente tan exigente que sus dictámenes se convierten en un chequeo de constitucionalidad anticipado. En este caso, la unanimidad de sus siete miembros añade un plus de autoridad difícil de ignorar. La consellera Paneque y la líder morada Albiach insisten en que su propuesta está avalada por juristas de prestigio, pero el vacío legal que abre el CGE es demasiado amplio como para ignorarlo.
Lo que está en juego no es solo una ley. Es la estabilidad de un Govern que depende de los Comuns para aprobar los presupuestos y las grandes iniciativas de la legislatura. Illa, que ha evitado pronunciarse en público sobre el dictamen, sabe que cualquier cesión frente al CGE puede ser leída como una rectificación de calado. Y cualquier intento de salvarla, como un pulso al Constitucional. La vivienda, ese derecho básico convertido en campo de minas jurídico, marca la agenda del otoño catalán. La decision del president Illa será crucial.
