El Consell de Juanfran Pérez Llorca estudia ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas de protección oficial (VPO) de Les Naus devueltas por cargos del PP de Alicante, con el objetivo de incorporarlas al parque público de la Generalitat Valenciana y evitar que se especule con ellas. La decisión, adelantada este martes por el portavoz Miguel Barrachina, corrige de lleno la postura del alcalde Luis Barcala y eleva la tensión entre dos administraciones del mismo partido.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno valenciano «baraja la opción» de comprar las VPO de Les Naus devueltas por investigados del PP para frenar la especulación.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Juanfran Pérez Llorca, a través del portavoz Miguel Barrachina.
- ¿Qué impacto tiene? Abre un pulso político con el Ayuntamiento de Alicante y sitúa la vivienda social en el centro del debate autonómico.
El giro del Consell y el derecho de tanteo
«Es una cuestión judicializada y nosotros no queremos ni interferir ni afectar al proceso judicial», precisó Barrachina en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. A renglón seguido, el portavoz confirmó que la Generalitat está estudiando la adquisición de esos inmuebles porque es la «única opción» para que no acaben en manos especulativas. Sin embargo, admitió que el asunto «todavía no está resuelto».
El derecho de tanteo y retracto, una figura poco habitual en el urbanismo valenciano, permite a la administración igualar la oferta de un comprador privado y quedarse con la vivienda antes de que se formalice la venta. La operación, de concretarse, reforzaría el parque público de la Comunitat Valenciana en un momento de máxima presión social por la escasez de alquiler asequible.
El Consell ha ha anunciado que la compra solo se llevará a cabo si el proceso judicial lo permite. Las viviendas de Les Naus fueron devueltas voluntariamente por la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y por otros investigados tras destaparse el escándalo, pero el Ayuntamiento de Alicante se ha negado en redondo a adquirirlas. «Incorporar este tipo de inmuebles al parque público de la Generalitat ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario», defendió el PP local en un pleno reciente.
La respuesta del Ayuntamiento de Barcala: «ni sostenible ni eficaz»
La postura del alcalde Luis Barcala choca de frente con la voluntad del Consell. Mientras el primer edil insiste en que esas VPO no pueden ser asumidas por familias vulnerables, el Gobierno valenciano replica con un argumento de justicia social: no se puede permitir que unos inmuebles obtenidos de forma presuntamente irregular acaben en el mercado libre tras ser devueltos.
El pulso llega en plena ofensiva del Consell de Pérez Llorca por ensanchar la vivienda pública. Barrachina se mostró «muy orgulloso» de haber pasado «de cero a 6.000 viviendas de promoción pública en estos últimos tres años» y prometió alcanzar las 10.000. «Desconozco si vamos a llegar al 100 % de los compromisos, pero pasar de cero a 6.000 no es un paso, es un salto gigante», subrayó.
El Consell corrige al Ayuntamiento de Alicante con un gesto que va más allá del urbanismo: es un pulso político por el control del relato de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana.
El portavoz aprovechó para arremeter contra el anterior Gobierno del Botànic, al que acusó de haber «dedicado cero a la promoción pública» y de haber «demonizado la promoción privada». También defendió medidas como «la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales para nuestros jóvenes» o «la política de avales para la entrada» de un piso, que a su juicio están combatiendo «el problema gigante de la desaparición de oferta por la inseguridad jurídica que generan las medidas intervencionistas del Gobierno socialista».
El Escenario Valenciano
La iniciativa del Consell de Pérez Llorca se lee en clave de rearme político dentro del propio PP. Al desafiar al alcalde de la segunda ciudad de la Comunitat, el president envía un mensaje nítido: la Generalitat no va a subordinarse a los criterios municipales cuando esté en juego la credibilidad de su política de vivienda. La oposición, mientras tanto, observa el choque con escepticismo: PSPV y Compromís exigen que la compra se materialice y no se quede en un anuncio mediático.
A escala nacional, el episodio conecta con el debate abierto en el Congreso de los Diputados sobre la intervención del mercado de la vivienda. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa limitaciones al alquiler de temporada, el PP defiende bajadas fiscales y avales. Valencia, con esta operación de tanteo, se convierte en un laboratorio de políticas de oferta pública que puede ser replicado en otras comunidades. La próxima decisión del Consell sobre Les Naus, prevista para el otoño, medirá la verdadera autonomía de la política valenciana frente a las reglas del mercado y las heridas de la corrupción urbanística.
Ficha del Caso
- El caso: El Consell estudia comprar las VPO de Les Naus devueltas por investigados del PP para frenar la especulación y reforzar el parque público, en un contexto de tensión con el Ayuntamiento de Alicante.
- Datos importantes: El portavoz Barrachina confirmó que se «baraja la opción» pero aún «no está resuelto». El alcalde Barcala rechazó la compra por considerarlas inasumibles para familias vulnerables. La Generalitat ha pasado de 0 a 6.000 VPO en tres años con el Plan Vive.
- Resumen: La decisión final sobre el tanteo puede marcar un antes y un después en la política de vivienda autonómica y en la relación entre el PP de Pérez Llorca y el de Barcala.
