El Tribunal de Instancia de Vera celebrará este viernes, 7 de agosto, una comparecencia para que los familiares de las 14 víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería) puedan personarse como acusación particular en la causa que investiga la tragedia.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La justicia citará a los allegados de los 14 fallecidos en el incendio de Los Gallardos para que se personen en la investigación penal.
- ¿Dónde y quién? La comparecencia, organizada por el Tribunal de Instancia de Vera (Almería), se realizará mayoritariamente por videoconferencia al residir los familiares fuera de España.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Las familias podrán ejercer la acusación particular y estar al tanto de las pesquisas que buscan esclarecer el origen del incendio que calcinó 5.200 hectáreas.
La investigación judicial y la búsqueda del origen del fuego
El incendio forestal se declaró la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en Los Gallardos, y se propagó por terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas, alcanzando la Zona Especial de Conservación de la Sierra de Cabrera-Bédar. El Plan Infoca, el dispositivo de extinción de la Junta de Andalucía, dio por extinguído el fuego a las 21:00 horas del 24 de julio, quince días después y tras arrasar una superficie de 5.200 hectáreas. En las primeras horas, el balance provisional se situó en trece fallecidos, pero se elevó a 14 el 28 de julio tras la muerte en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla de una mujer que permanecía hospitalizada. Entre las víctimas identificadas hay una persona española y doce extranjeras: siete británicas, tres belgas, una francesa y una estadounidense, todos ellos mayores de edad.
La comparecencia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se celebrará en su mayoría por videoconferencia porque los familiares no se encuentran en España. El tribunal ha citado a los allegados para informarles del estado de la investigación, que desarrolla la Guardia Civil, y de los derechos que les asisten como perjudicados por las consecuencias del incendio. Los afectados podrán ejercer la acusación particular y seguir de cerca las pesquisas.
Los derechos de las víctimas y la vía de las reclamaciones
La investigación de la Guardia Civil ha centrado sus pesquisas en determinar el origen exacto del fuego. Los investigadores han localizado el punto donde comenzó, junto a una carretera en la que existía un restaurante cerrado desde 2009. La hipótesis principal apunta a la caída de un antiguo poste eléctrico que abastecía al establecimiento y que pudo prender la vegetación. Sin embargo, la empresa distribuidora sostiene que la línea no tenía tensión, mientras que la Guardia Civil sospecha que el cable, en mal estado, sí estaba electrificado. Los primeros agentes que acudieron al lugar encontraron el cable partido y dos focos de fuego a ambos lados de la calzada.
Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería se ha recordado que cualquier afectado puede personarse en el procedimiento con abogado y procurador. En caso contrario, sería defendido por el Ministerio Fiscal. Además, existe la posibilidad de iniciar reclamaciones administrativas si se llegara a apreciar negligencia en la gestión del incendio, una cuestión que todavía está pendiente de determinar. La vía penal y la administrativa son complementarias para las familias.
La investigación judicial es la única vía para que las familias de los 14 fallecidos encuentren respuestas sobre lo ocurrido aquella tarde de julio en el paraje de Almocáizar.
La Lectura Andaluza
El incendio de Los Gallardos es uno de los más graves registrados en la provincia de Almería en las últimas décadas, tanto por la pérdida de vidas humanas como por el impacto ambiental. La provincia, acostumbrada a los paisajes áridos y a la sequía, vio cómo el fuego devoró en apenas dos semanas una superficie equivalente a más de 7.000 campos de fútbol, afectando a zonas de gran valor ecológico como la Sierra de Cabrera-Bédar. Sólo en 2022, el incendio de la Sierra de Mijas causó varias víctimas mortales en Andalucía y, al igual que entonces, el siniestro actual vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del monte mediterráneo.
Desde el punto de vista de los ciudadanos, la comparecencia judicial supone un primer paso para que las familias puedan acceder a la justicia y, en su caso, reclamar responsabilidades. Pero la investigación también servirá para esclarecer si hubo fallos en el mantenimiento de infraestructuras eléctricas en una zona donde las líneas obsoletas son habituales y donde la sequedad del terreno convierte cualquier chispa en un riesgo extremo. La administración autonómica, a través del Plan Infoca, desplegó un amplio dispositivo para sofocar las llamas, pero la dimensión del fuego ha reabierto el debate sobre la gestión forestal y la necesidad de limpiar los montes del sureste andaluz.
De cara a los próximos meses, la instrucción judicial continuará con la toma de declaraciones y la recogida de pruebas periciales que determinen si hubo negligencia penal. Mientras tanto, los municipios afectados —Los Gallardos, Bédar, Lubrín, Antas, Sorbas— intentan recuperar la normalidad y evaluar los daños en sus montes, cultivos y viviendas dispersas. La atención de los vecinos y de toda Andalucía sigue puesta en la respuesta judicial y en la esperanza de que sirva para prevenir futuras tragedias en un territorio tan vulnerable al fuego. Andalucía mira ahora al 7 de agosto como el primer paso hacia la verdad y la justicia.
