Dinamarca ha estrenado este lunes un servicio militar ampliado que pasa de los cuatro a los once meses obligatorios, una reforma impulsada por la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones en torno a Groenlandia, donde la presión de la Administración Trump por adquirir la isla ártica ha sumado un nuevo frente geoestratégico. Más de 1.600 reclutas —por primera vez, mujeres incluidas— iniciaron ayer la instrucción básica, que a partir de ahora se completará con seis meses de servicio operativo en unidades como el nuevo pelotón de drones del Mando de Operaciones Especiales.
La transformación nórdica: del servicio corto al modelo de disuasión
Con este paso, Copenhague se alinea definitivamente con sus vecinos nórdicos y bálticos, que ya mantienen un sistema de conscripción obligatoria mucho más exigente. Suecia, Finlandia y Noruega —junto con Estonia, Letonia y Lituania— llevan años exigiendo entre nueve y doce meses de instrucción, en parte como respuesta a la anexión de Crimea en 2014 y, sobre todo, a la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. La diferencia es que Dinamarca, hasta ahora, tenía el servicio más ligero de la región, apenas un trámite de cuatro meses que servía más de filtro que de verdadera capacitación militar.
El nuevo modelo no solo amplía la duración, sino que eleva la ambición. El Gobierno danés, con un amplio consenso parlamentario, se ha fijado el objetivo de pasar de los 5.000 reclutas actuales a 7.500 en 2033, cubriendo así la necesidad de personal en una estructura de fuerzas cada vez más orientada a la defensa territorial y a la proyección en el Ártico. La incorporación de las mujeres —que hasta ahora podían acogerse al servicio voluntario pero no eran llamadas a filas obligatoriamente— es otro salto cualitativo que duplica el universo de elegibles y envía una señal de movilización social que no se veía desde la Guerra Fría.
En Bruselas, la lectura es clara: la ampliación danesa forma parte de un rearme acelerado de todo el flanco norte de la OTAN y de la Unión. Los países del Mar Báltico ya han doblado sus presupuestos de defensa y Polonia se ha convertido en el mayor gastador relativo de la Alianza, con más del 4% del PIB. Dinamarca, que en 2022 apenas alcanzaba el 1,4%, se comprometió a llegar al 2% antes de 2030 y ya está en el 2,3% según los últimos datos de la OTAN. El servicio militar ampliado es el brazo humano de esa nueva factura defensiva.
Groenlandia, el termómetro de una nueva Guerra Fría
Pero hay un factor que desborda la lógica puramente militar y que tiene más de geopolítica de grandes potencias que de mera disuasión rusa: la isla de Groenlandia. La insistencia de Donald Trump en comprarla —reiterada a lo largo de 2025 y 2026— ha encendido las alarmas en Copenhague, que ve cómo la mayor isla del mundo se convierte en un tablero de intereses estratégicos donde convergen los recursos minerales, las nuevas rutas marítimas del Ártico y la presencia militar de Estados Unidos, Rusia y, cada vez más, China.
La respuesta danesa no se ha hecho esperar. A finales de este mes de agosto, más de 100 soldados serán enviados por primera vez a la isla ártica para relevar durante un mes a las tropas profesionales que hasta ahora asumían en solitario las tareas operativas. Es un despliegue modesto pero simbólico: Dinamarca quiere dejar claro ante Washington que Groenlandia no está en venta, que su defensa corresponde al Reino danés y que la mejor forma de proteger la soberanía sobre el territorio es mantenerlo bajo control militar efectivo. En la práctica, este movimiento refuerza la capacidad de disuasión frente a cualquier aventura unilateral por parte de Moscú —o de Pekín— en una región donde el hielo se derrite y las apuestas geoestratégicas suben.
Lo que está en juego en Groenlandia y el Báltico ya no es una disputa territorial aislada: es la constatación de que la arquitectura de seguridad europea posterior a la Guerra Fría ha saltado por los aires.
El Eje del Poder Europeo: la defensa como pegamento geopolítico
El giro danés es, en realidad, la pieza más reciente de un puzle que la Unión Europea lleva años intentando encajar. La guerra de Ucrania aceleró lo que los documentos comunitarios llaman autonomía estratégica, un eufemismo para designar la capacidad de defender Europa sin depender exclusivamente de Estados Unidos. Francia ha sido la abanderada de esta línea, mientras que Alemania, con su Zeitenwende (cambio de era) anunciado por el canciller Scholz en 2022, ha aumentado el gasto militar hasta superar el 2% del PIB. Pero son los países del norte y del este los que están tirando del carro con hechos, no con palabras. Los datos del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea muestran que, en conjunto, el gasto en defensa de los Veintisiete creció un 12% en 2025 y se espera un incremento similar en 2026.
Para España, este contexto es tan incómodo como ineludible. El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido un perfil bajo en defensa —el gasto ronda el 1,3% del PIB, lejos del 2% comprometido en la OTAN— y prefiere centrar el debate en las inversiones sociales del Plan de Recuperación. Pero la realidad es que España forma parte de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), participa en misiones de disuasión en el flanco este (con cazas Eurofighter en el Báltico y una fragata en el Mar del Norte) y es uno de los principales contribuyentes a la Agencia Europea de Defensa. A medida que sus socios nórdicos y orientales elevan la apuesta militar, la presión para que Moncloa acelere el rearme crecerá, sobre todo en un año preelectoral donde el discurso de la «defensa colectiva» choca con las prioridades del electorado.
La paradoja es evidente: la propia ampliación del servicio militar en Dinamarca, aunque parezca un asunto local, subraya la urgencia de que todos los Estados miembros se pongan al día. Si los países del norte pasan a once meses y los del Báltico mantienen un dispositivo de disuasión permanente, la credibilidad de la solidaridad europea ante una agresión dependerá de que también el sur y el oeste asuman un coste político y presupuestario comparable. No basta con mandar tanques Leopard a Ucrania; hay que garantizar que desde Cádiz hasta Helsinki existe una capacidad real de movilización y defensa territorial. Como recordaba el Alto Representante, Josep Borrell, en una de sus últimas intervenciones: «Europa no puede ser un gigante económico y un enano político-militar».
En el fondo, la decisión danesa es un ejemplo de cómo la geopolítica se está filtrando en las políticas nacionales más íntimas. El servicio militar obligatorio deja de ser un recuerdo del siglo XX para convertirse en un instrumento de soberanía del siglo XXI. Y como suele ocurrir en la Unión, cuando un país da un paso, los demás —tarde o temprano— se ven arrastrados. El próximo hito será la cumbre de la OTAN de 2027, prevista en Madrid, donde se evaluarán los nuevos compromisos de gasto. Para entonces, el mapa del servicio militar —y de la opinión pública— podría ser muy distinto.
