La Comisión Europea ha autorizado ya más de 140.000 millones de euros en ayudas de Estado para impulsar la descarbonización industrial, en apenas un año de vigencia del nuevo Marco de Ayudas para el Acuerdo Industrial Limpio (CISAF). La cifra, recogida por EXPANSIÓN a partir de datos oficiales, muestra la velocidad a la que los Estados miembros están utilizando este mecanismo acelerado, que permite inyectar dinero público nacional en tecnologías limpias, renovables y eficiencia energética sin pasar por los lentos procedimientos ordinarios de control de ayudas.
El CISAF, en vigor desde junio de 2025, nació para sustituir al Marco Temporal de Crisis y Transición que se había prorrogado desde la pandemia. Aquel esquema habría caducado este año, pero la Comisión diseñó una vía rápida —compatible con las directrices permanentes sobre clima y energía— para dar certidumbre a las empresas hasta 2030. El objetivo: que los países puedan apoyar con subvenciones, préstamos blandos o avales la producción de tecnologías reconocidas por la UE (solar, eólica, bombas de calor, hidrógeno, biogás y biometano, entre otras) y la descarbonización de procesos industriales. Además, el marco permite ayudas a la producción y procesamiento de materias primas críticas, así como a la electrificación y captura de carbono, con un tope máximo de 200 millones de euros por beneficiario.
Hasta 17 de los 27 Estados miembros han hecho uso de este carril acelerado. España, con seis esquemas aprobados, acumula un máximo de 10.368 millones de euros en ayudas autorizadas. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una Transición Limpia, Teresa Ribera, subraya que «muchos Estados miembros ya están utilizando nuestro marco de ayudas para acompañar la modernización industrial que Europa necesita». La exministra española insiste en que el papel de Bruselas es «canalizar bien el apoyo público, con reglas claras para que sea eficaz, proporcionado y compatible con el mercado único».
La clasificación la lidera Francia con puño de hierro: 75.508 millones de euros autorizados, en gran parte gracias a un macroesquema de subastas de energía eólica durante 25 años dotado con 63.000 millones. Italia, con 24.719 millones, ha replicado la fórmula con subastas renovables a 20 años por 23.000 millones. En el caso español, el mayor programa es el mecanismo de capacidad antiapagones, que movilizará hasta 9.000 millones en diez años para garantizar el suministro eléctrico.
A diferencia de los fondos Next Generation EU, este dinero no es comunitario. Cada país financia sus propios esquemas con cargo a sus presupuestos nacionales, y la Comisión se limita a autorizarlos para evitar un dopaje fiscal que rompa el mercado único. «El papel de Europa es canalizar bien el apoyo público, con reglas claras para que sea eficaz, proporcionado y compatible con el mercado único», reconoce Ribera. Sin embargo, la flexibilidad extrema empieza a generar inquietud.
Desde la patronal española, CEOE advierte del riesgo de fragmentación. «Basándonos únicamente en los esfuerzos nacionales es difícil garantizar una transición equitativa y exitosa en toda la UE», apunta Isabel Yglesias, directora de Asuntos Europeos de CEOE y delegada permanente en Bruselas. Yglesias reclama un Fondo de Competitividad y un Marco Financiero Plurianual reforzado para complementar las ayudas estatales, que «entrañan riesgos evidentes de distorsionar las condiciones de competencia».
El peligro no está en las cifras, sino en que los Estados compitan a base de chequeras nacionales sin un paraguas europeo que garantice la igualdad de condiciones.
El Eje del Poder Europeo
La arquitectura del CISAF refleja la vieja tensión entre quienes defienden una política industrial coordinada desde Bruselas y quienes prefieren que cada capital maneje sus propias herramientas. Francia, con su ambicioso plan de rearme industrial, ha sido el motor de esta flexibilización; los países frugales, tradicionalmente recelosos de las ayudas de Estado, han aceptado el marco porque también les permite movilizar recursos para sus propias industrias. Pero el resultado es un mosaico de regímenes nacionales que, a largo plazo, puede beneficiar desproporcionadamente a los Estados con mayor margen fiscal. El precedente de la pandemia, cuando se aflojaron las reglas de ayudas de Estado, dejó claro que una vez abierta la mano es difícil cerrarla. El CISAF institucionaliza esa flexibilidad hasta 2030.
Para España, los más de 10.000 millones en ayudas verdes suponen un balón de oxígeno para sectores clave como la siderurgia, la automoción o la producción de hidrógeno renovable, que llevan meses exigiendo certidumbre regulatoria. No obstante, la CEOE advierte de que sin herramientas de financiación común —como el futuro Fondo de Competitividad— las empresas españolas competirán en inferioridad de condiciones frente a gigantes como Francia o Alemania. La propia Comisión ha reconocido ese riesgo y, de hecho, ha elevado del 50% al 75% las ayudas a la industria electrointensiva para compensar el encarecimiento energético derivado del conflicto en Oriente Próximo.
El plan de Bruselas es que el CISAF funcione hasta 2030, pero los acontecimientos geopolíticos están acelerando su uso. El aumento de los precios de la energía y la presión por descarbonizar las cadenas de suministro han convertido este instrumento en una pieza central de la autonomía estratégica europea. La pregunta es si la competencia desbocada entre Estados no acabará fragmentando el mercado único en lugar de fortalecerlo. La próxima revisión del Marco Financiero Plurianual, prevista para 2027, será la prueba de fuego para ver si la UE es capaz de transformar esta explosión de ayudas nacionales en una auténtica política industrial común.
