La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando a altos cargos del PNV y del Ministerio de Hacienda por su presunta participación en el rescate de la siderúrgica vasca Tubos Reunidos con 113 millones de euros de la SEPI en julio de 2021. La compañía, con sede en Amurrio (Álava), entró en concurso voluntario de acreedores hace apenas un mes, lo que ha puesto de nuevo el foco sobre aquella operación pública.
La trama ‘Hirurok’ y el cobro de comisiones
Según ha adelantado Vozpopuli, las pesquisas dirigidas por el juez Santiago Pedraz sitúan en el centro de la investigación a la red Hirurok —’los tres juntos’ en euskera—, presuntamente integrada por la exmilitante socialista Leire Díez, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. La UCO sostiene que el grupo medió ante altos cargos de la SEPI y del Ministerio de Hacienda para que el Consejo de Ministros aprobase el rescate de 113 millones de euros a Tubos Reunidos, cobrando cerca de 115.000 euros por ello. Las diligencias incluyen registros efectuados esta semana en las oficinas de la empresa en el País Vasco y en la propia sede de la SEPI.
La investigación revela que, entre 2024 y 2025, la trama intentó obtener nuevos réditos. A cambio de gestionar un aplazamiento de la amortización parcial de los intereses del préstamo concedido a Tubos Reunidos, la red habría percibido otros 40.000 euros. Según los informes de la UCO, Santos Cerdán llegó a reunirse con representantes de la siderúrgica en la sede del PSOE para negociar esta segunda maniobra.
La ampliación del secreto de sumario y los investigados
El juez Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha prorrogado un mes más el secreto del sumario en esta pieza separada de la causa principal que investiga las cloacas del PSOE. Con la documentación incautada en los registros, los agentes de la UCO elaborarán un nuevo informe que podría extenderse a otras operaciones de rescate gestionadas por la SEPI.
Además de los tres miembros de Hirurok, figuran como investigados varios altos cargos de la SEPI y personas cercanas a la exministra de Hacienda María Jesús Montero, según la información publicada. La UCO afirma que, sin la mediación de esos cargos, el rescate de Tubos Reunidos no habría llegado al Consejo de Ministros.
La red Hirurok habría cobrado 155.000 euros en total entre el rescate de 2021 y la gestión de la deuda en 2024-2025.
Las sospechas sobre la trama Hirurok no son nuevas. Ya en los informes sobre las cloacas del PSOE aparecían indicios de la red, vinculada al reparto de fondos públicos de la SEPI. La nueva pieza abierta por el juez Pedraz profundiza en la posible connivencia de altos cargos del PNV, un socio indispensable para la estabilidad del Gobierno de coalición.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre el uso de fondos públicos por parte de la SEPI. El caso Tubos Reunidos es el primero en el que aparecen implicados de manera directa cargos del PNV, lo que podría tener consecuencias en la relación entre el Gobierno Vasco y el central.
El impacto en el tablero político vasco y nacional
El PNV cuenta con cinco escaños en el Congreso de los Diputados y su apoyo ha sido determinante para sacar adelante iniciativas legislativas del Ejecutivo. La investigación llega en un momento en que el Gobierno central negocia con el Gobierno Vasco la renovación del cupo y la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, dos asuntos clave de la agenda jeltzale. La aparición de altos cargos del partido en el sumario podría tensar esas conversaciones.
Tubos Reunidos, con una plantilla de más de 1.200 trabajadores y factorías en Amurrio, Álava, y otras ubicaciones, es uno de los principales productores europeos de tubos sin soldadura para el sector del petróleo y el gas. El rescate de 2021 se enmarcó en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI y creado para evitar la quiebra de compañías estratégicas durante la pandemia. La entrada en concurso de acreedores el pasado més de julio ha reavivado el debate sobre la eficacia de aquel salvamento público.
