EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha firmado un decreto que activa un protocolo de actuación contra las comunidades autónomas que rechacen, retrasen o muestren reticencias al reparto de los menores migrantes no acompañados de Ceuta.
- ¿Quién está detrás? La firma de Peramato responde al impulso del Gobierno de Pedro Sánchez, que la semana pasada aprobó una partida de 25 millones de euros para la atención de estos niños y adolescentes.
- ¿Qué impacto tiene? Los fiscales delegados de menores podrán requerir a las autonomías rebeldes bajo la advertencia de posibles responsabilidades legales e incluso ejercer las acciones judiciales que correspondan, blindando así el derecho a la protección de los menores.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha estampado su firma este viernes sobre un decreto que dota a la Fiscalía de herramientas contundentes frente a los discursos de bloqueo. El texto, al que ha tenido acceso este medio, ordena a los fiscales delegados de menores que actúen de inmediato si alguna comunidad autónoma rechaza o dilata la acogida de los niños y adolescentes que le asigne el reparto solidario tras la crisis de Ceuta.
Un decreto con dientes: requerimientos urgentes y acciones legales
El decreto establece un protocolo minucioso de coordinación entre las fiscalías de origen y destino. El fiscal del territorio de procedencia deberá informar detalladamente a la fiscalía receptora de la identidad de cada menor y del estado de su expediente de determinación de edad —acreditado o aún en trámite— para agilizar su traslado. Por su parte, la fiscalía de destino abrirá diligencias preprocesales o un expediente gubernativo con el fin de vigilar que la administración autonómica preste una atención inmediata y asegure una acogida idónea.
Pero lo realmente novedoso es el mecanismo de respuesta ante el incumplimiento. Si una comunidad “rechaza o muestra reticencias” para recibir a los menores que le corresponden, o bien se niega a facilitar información sobre los recursos residenciales disponibles, el fiscal delegado efectuará un requerimiento urgente bajo la advertencia expresa de las “posibles responsabilidades que pudieran deducirse” del real decreto sobre menores migrantes no acompañados. Y, en su caso, ejercerá las acciones judiciales que procedan. La fórmula, deliberadamente abierta, deja margen para actuar frente a maniobras como los recursos sistemáticos a cada expediente, algo que el Gobierno ha admitido que podría demorar los traslados solo unos días.
La trinchera autonómica: el PP bajo la presión de Vox
La resistencia a la acogida no es una hipótesis abstracta. Los ejecutivos autonómicos en los que el Partido Popular gobierna en coalición con Vox —Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León— ya han manifestado su rechazo frontal. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), calificó esta semana de “invasión” lo ocurrido en Ceuta y aseguró que todos los gobiernos con presencia de su partido bloquearán “todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez”. El PP, por su parte, asume que las autonomías cumplirán la ley, pero sus dirigentes han optado por un perfil bajo ante la presión de un socio que maneja las vicepresidencias y en varias comunidades la propia cartera de servicios sociales.
La protección de la infancia no puede depender de la geografía ni de la afiliación política del gobierno autonómico de turno.
Desde Moncloa recuerdan que la legislación no contempla un derecho de veto y que, llegado el caso, la única vía de oposición sería recurrir cada expediente individualmente, un trámite que el Gobierno ya ha anticipado y que considera limitado en sus efectos. La firma del decreto por parte de Peramato, que fue nombrada fiscal general del Estado por el Ejecutivo de Sánchez en 2024, refuerza la arquitectura de sanciones indirectas: no se trata solo de que exista una obligación legal, sino de que su incumplimiento acarree consecuencias concretas.
El Eje del Poder Socialista
El decreto de la Fiscalía no puede leerse como un acto aislado. En la dirección federal del PSOE se interpreta como un paso más en la estrategia de blindar la protección de los menores migrantes frente a la ultraderecha y, al mismo tiempo, de señalar las contradicciones del PP en los territorios que comparte con Vox. El gobierno de Pedro Sánchez ya había anticipado su determinación al aprobar, la semana pasada, una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a la atención de estos niños y adolescentes en Ceuta, en un gesto que los portavoces socialistas en el Congreso han calificado de “obligación moral y legal”.
Para los barones socialistas —con Page a la cabeza— el decreto genera un escenario complejo pero asumible. La red de acogida en comunidades como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra ya estaba preparada para recibir a menores en el marco de repartos anteriores. La novedad es que ahora la Fiscalía contará con herramientas para exigir la misma diligencia a los territorios gobernados por la derecha. En Ferraz se observa, además, una oportunidad para evidenciar la fractura entre el PP de Alberto Núñez Feijóo y los ultras de Santiago Abascal, y para subrayar que, cuando se trata de derechos fundamentales, la equidistancia no es posible.
El riesgo inmediato es que la puesta en práctica del decreto coincida con la filiación de los menores —un proceso que aún no ha concluido— y que el conflicto se traslade a una guerra de recursos judiciales que retrase los traslados más allá de lo aceptable. Los próximos Consejos de Gobierno autonómicos serán la primera prueba de fuego. Mientras, en la Moncloa confían en que el mero efecto disuasorio del decreto y la contundencia del marco legal acaben por imponerse.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La defensa de la infancia es innegociable y no puede quedar secuestrada por los discursos xenófobos de la ultraderecha ni por la debilidad de un PP que pacta con ella.
- Protagonista: Teresa Peramato (fiscal general del Estado).
- Próximo hito: Cierre de la filiación de los menores en Ceuta y primera distribución territorial, prevista en las próximas semanas.
