El Sindicat d’Estudiants ha presentado una querella criminal contra Juanma Badenas, concejal de Vox en el Ayuntamiento de València —actualmente no adscrito tras su expulsión—, por el allanamiento de su sede ocurrido el pasado 3 de julio. Badenas, que había guardado silencio durante días, difundió ayer un vídeo en sus redes sociales donde defiende que se limitaba a inspeccionar inmuebles municipales en su condición de concejal de Patrimonio.
Qué argumenta Juanma Badenas: una inspección habitual del patrimonio municipal
En la grabación, el edil asegura que accede con regularidad a los locales de titularidad municipal cedidos a entidades y que dispone de las llaves como responsable de Patrimonio. “Siempre hemos accedido a cada uno de los locales con las llaves que tiene el Ayuntamiento”, afirma. El local del sindicato, sostiene, “no está alquilado a nadie” sino que es “un bien cedido para uso público”.
Badenas explica que la inspección forma parte de su labor para comprobar el estado y la utilización de los espacios, y añade que ha solicitado informes a la Policía Local, sin aclarar el motivo. En el vídeo incluye imágenes de otras inspecciones realizadas en locales similares, con el fin de normalizar la entrada al inmueble estudiantil. No es la primera vez que Badenas protagoniza una entrada polémica: la presidenta de Fampa, Elisabet García, denunció que durante la huelga educativa del año pasado intentó grabar en su sede sin éxito al encontrarse con trabajadoras en el interior.
La querella del Sindicat d’Estudiants: acusaciones de allanamiento y persecución política
El sindicato, acompañado por la Federación de Padres y Madres de Alumnos (Fampa) y representantes de Compromís y PSPV, denunció que Badenas forzó la cerradura y registró el local sin orden judicial, mientras grababa con su móvil. El coordinador del sindicato, Mario Tercero, calificó los hechos de “persecución por motivos políticos” y “atropello a los derechos democráticos”.
El departamento jurídico de la organización anunció la querella por allanamiento de un local de uso privativo, equiparable a un domicilio social. El abogado del sindicato, Víctor Taibo, denunció además que se pudieron tomar fotografías de datos personales de afiliados y actas, y que la acción fue premeditada, según confirmaron funcionarios municipales que advirtieron de la ilegalidad a Badenas antes de que actuara.
El edil se aferra a su cargo como titular de Patrimonio, mientras la oposición de izquierdas usa el caso para desgastar al gobierno municipal del PP y a Vox, pese a que la formación ya expulsó a Badenas meses atrás.
El impacto político: peticiones de cese y la posición del PP y Vox
La querella ha desatado una tormenta política en el consistorio. Compromís y PSPV exigen la dimisión del concejal y han anunciado mociones para forzar su cese en el próximo pleno. La exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, acusó a Badenas de “generar miedo en la gente demócrata” mediante un acto de omnipotencia.
La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), evitó condenar los hechos y se limitó a solicitar un informe jurídico para “analizar qué motivó la entrada” y depurar responsabilidades. La regidora, cuyo gobierno depende de los votos de Badenas y de Cecilia Herrero (ambos ex Vox, actualmente no adscritos), recordó que ella “a priori no lo hubiera hecho”, pero pidió “evaluación” antes de tomar medidas.
Por su parte, Vox se mantiene al margen del episodio. La dirección nacional del partido expulsó a Badenas en 2025 tras la polémica de los contratos de publicidad en València Activa, un caso que la Fiscalía sigue investigando. Desde entonces, el concejal y su pareja funcionan como ediles no adscritos, aunque su apoyo resulta clave para la mayoría del PP. El silencio de Vox en esta ocasión refuerza la línea de coherencia interna que el partido aplica ante comportamientos que puedan rozar la irregularidad. El caso deja un escenario incómodo: mientras el sindicato y la izquierda tratan de vincular a Vox con la acción de Badenas, la realidad es que la formación ya tomó distancia del concejal mucho antes de este allanamiento. La querella promete alargarse en los tribunales y la oposición continuará utilizando el incidente como ariete político.
