Un juzgado de Madrid investiga la compra del ático de Chamberí para oficina de Ayuso

La investigación acumula cinco denuncias, entre ellas la del PSOE. El Gobierno regional puso a la venta el ático por 6,7 millones para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los madrileños que siguen la gestión de la Comunidad: el Juzgado de Instrucción número 8 investiga la compra de un ático en Chamberí para oficina de Isabel Díaz Ayuso.
  • ¿Cuándo ocurre? Las diligencias están en marcha desde ayer, tras la recepción de las cinco denuncias. La venta del inmueble comenzó el pasado viernes 8 de agosto.
  • ¿Qué cambia hoy? La operación inmobiliaria, criticada por la oposición, se ha vinculado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio. El ático sale a la venta por 6,7 millones.

La investigación judicial sobre la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid suma ya cinco denuncias. El Juzgado de Instrucción número 8 ha abierto diligencias que cuestionan la operación realizada a través de Planifica Madrid, que iba a ser la oficina de Isabel Díaz Ayuso durante las obras de la Puerta del Sol y que ahora está a la venta por 6,7 millones de euros.

Cinco denuncias por una misma operación

En las últimas horas, el juzgado ha recibido cuatro nuevas denuncias —tres de particulares, la del PSOE, y la de Iustitia Europa— que se suman a la primera, interpuesta por este mismo partido. Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor ha acordado archivar estas últimas diligencias para unirlas al procedimiento ya en marcha, por tratarse de «los mismos hechos».

La operación se realizó a través de de Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad. El inmueble, un ático de lujo en el distrito de Chamberí, fue adquirido para albergar a la presidenta y su equipo mientras se ejecutaban las obras en la Real Casa de Correos.

Publicidad

De oficina a activo solidario: la venta que intenta apagar el fuego político

Tras la controversia, el Gobierno de Ayuso dio un giro: anunció que vendería el ático para destinar los fondos a la recuperación de la Sierra Oeste, devastada por un incendio forestal que calcinó unas 30.000 hectáreas. El pasado viernes, la Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid, sacó a la venta el inmueble por ese precio de salida, junto a otros cuatro ubicados en la Gran Vía, que salen al mercado por otros 11,8 millones.

La oposición ha calificado la maniobra de insuficiente y ha reclamado una comisión de investigación en la Asamblea. «No se trata solo de vender el ático, sino de aclarar si la compra fue legal», advierten desde las filas del PSOE. Ayuso ha respondido tachando las acusaciones de «poco inteligentes» y ha asegurado que sería imposible esconder una vivienda de ese tipo.

El ático que iba a ser oficina se ha convertido en un símbolo de la gestión patrimonial de la Comunidad, ahora bajo la lupa judicial.

Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico busca cerrar una herida política que amenazaba con enquistarse. La recaudación se destinará íntegramente a paliar los efectos del incendio, un gesto que pretende desligar la polémica inmobiliaria de un supuesto uso personalista del cargo.

El espejo judicial de Barcelona y el riesgo político en Madrid

Analizamos este episodio como un caso que revela las tensiones entre la necesidad de infraestructuras y la rendición de cuentas. No es la primera vez que una operación inmobiliaria institucional en España acaba en los tribunales. En Barcelona, la compra por parte del Ayuntamiento de la antigua sede de Gas Natural en 2018 por 168 millones de euros también fue investigada; aunque finalmente la justicia archivó el caso, el desgaste político fue considerable.

En Madrid, la Asamblea ya impulsó comisiones de investigación por contratos de emergencia durante la pandemia, pero nunca por una operación de compra de inmuebles. El precedente barcelonés muestra que la imagen de opacidad puede ser más dañina que un sobreseimiento. La pregunta que queda en el aire es si la investigación del ático de Chamberí acabará con una sanción o, como en Barcelona, en un archivo sin consecuencias penales.