Los desahucios en Barcelona han caído un 56% en una década: de los 3.098 lanzamientos judiciales ejecutados en 2015 a los 1.373 de 2025. Pese al desplome, ocho de cada diez procedimientos siguen respondiendo al impago del alquiler o a la expiración del contrato.
Una caída del 56% que no rompe el vínculo con el alquiler
La serie la firma el Consejo General del Poder Judicial, que recoge los lanzamientos practicados en la ciudad año a año. La comparación es contundente: en una década, los procedimientos ejecutados se han reducido algo más de la mitad. El descenso coincide con el despliegue de un escudo social que arrancó protegiendo a los hipotecados y acabó extendiéndose a los inquilinos.
El matiz importa. Del total de lanzamientos, la inmensa mayoría —ocho de cada diez— no nace de una ejecución hipotecaria, sino de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Traducido: impago o fin de contrato. El desahucio barcelonés de 2026 es, sobre todo, un desahucio de alquiler.
Detrás del dato está el esfuerzo económico. Las familias de la ciudad destinan de media el 41% de sus ingresos a pagar la renta, según el último estudio de Idealista. El umbral que los organismos europeos consideran sostenible ronda el 30%; por encima del 35% se habla de sobreesfuerzo. Barcelona vive seis puntos por encima.
En paralelo, el Ayuntamiento presume de topar los precios, retirar pisos turísticos y ampliar el parque público. Sobre el papel, tres palancas para sostener el dret a quedar-se, el derecho a quedarse. Otra cosa es el calendario: el impacto de esas medidas todavía no se refleja en la estadística judicial.
El desahucio ha cambiado de cara: ya no lo ejecuta el banco, lo firma el propietario que reclama un alquiler que la familia no puede pagar.
El detalle territorial añade presión. Barcelona no es un caso aislado dentro del área metropolitana, pero sí el municipio con más volumen de lanzamientos y el que concentra los precios más altos. Cualquier cambio normativo estatal se nota aquí antes y más fuerte que en el resto de Cataluña.
De la calle Sardenya al decreto que se negocia en Moncloa
El caso que ha devuelto el drama a las portadas es el de Sílvia, vecina de Gràcia con una discapacidad reconocida del 36%. Fue desalojada de su domicilio en el número 357 de la calle Sardenya, entre una concentración de unas 40 personas en la que participó la exalcaldesa Ada Colau.
Sílvia residía allí desde 2013. La empresa Bossant 2001 le negó incluirla en en el contrato después de que su pareja abandonara la vivienda, incluso tras la intervención del consistorio. El Ayuntamiento activó el Servicio de Intervención y Mediación en situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones (SIPHO), que según fuentes municipales medió en el caso.
Mientras el consistorio reivindica su papel, la palanca real está en Madrid. El viernes 25 de septiembre se conoció que Junts y el Gobierno del PSOE negocian vetar los lanzamientos de inquilinos vulnerables que residan en pisos propiedad de fondos de inversión. De cerrarse, la medida viajaría dentro del decreto que el Ejecutivo prepara a contrarreloj para el Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de septiembre.
El escudo social caduca el 31 de diciembre y deja fuera a los pequeños propietarios
El primer escudo se remonta a 2012, cuando las medidas se dirigían a ejecuciones hipotecarias de personas vulnerables en plena crisis financiera. En 2020, con la pandemia, la protección se amplió a determinados casos de alquiler. El Real Decreto-ley 11/2020 introdujo la posibilidad de suspender los lanzamientos de personas vulnerables que no dispusieran de una alternativa habitacional.
La medida se ha ido prorrogando en sucesivas ocasiones y sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin una nueva prórroga, el blindaje decae. Y no cubre a todos los que estarían en condiciones de pedirlo.
A eso se suma un recorte que ya está en vigor: una modificación aprobada a principios de este año excluyó de la suspensión a los pequeños propietarios que se declaren vulnerables y a quienes tengan menos de dos viviendas. El hueso del asunto son los grandes tenedores, y ahí apunta precisamente la negociación abierta.
La lectura política es nítida. La competencia sobre los juzgados y la legislación procesal es estatal; la vivienda, autonómica y municipal. Ese reparto explica que el Govern y el Ayuntamiento puedan mediar, topar precios o comprar suelo, pero no frenar por sí solos un lanzamiento. Y explica también por qué el desenlace del martes se juega lejos de la plaça de Sant Jaume.
El precedente cercano incomoda. Los casos de mujeres desahuciadas en Madrid, Barcelona y L’Hospitalet han sacudido el debate político. En esta redacción seguimos la pista a una pregunta sencilla: si el escudo social caduca en diciembre, ¿qué queda del derecho a quedarse?
Todo apunta al martes. Si el veto a los fondos de inversión entra en el decreto, la ciudad tendrá por primera vez una barrera específica contra el desahucio de inquilinos en manos de grandes tenedores. Si no entra, el escudo seguirá siendo el mismo que expira el 31 de diciembre. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
