El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha calificado este lunes de ‘muy mala idea’ la regularización de inmigrantes en España y ha advertido de que la medida amenaza la integridad del espacio Schengen (la zona de libre circulación del continente). En declaraciones a Financial Times, Kristersson reveló que la decisión de Madrid provocó una ‘contundente protesta’ en la última reunión de líderes de la UE, en la que participaron críticos como Alemania, Italia y Dinamarca.
El ‘efecto llamada’ que inquieta a los nórdicos
La amnistía española ha desbordado las previsiones de la Moncloa. El proceso, que ofrecía a los inmigrantes indocumentados un permiso de residencia renovable de un año si llevaban al menos cinco meses en el país y carecían de antecedentes, ha disparado las solicitudes hasta 1,2 millones de personas, más del doble de lo que esperaba el Gobierno. Las imágenes de decenas de miles de migrantes entrando en el enclave de Ceuta el mes pasado alimentaron la percepción de un descontrol migratorio, a pesar de que la mayoría regresó a Marruecos en cuestión de horas.
Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la medida responde a una necesidad demográfica real. La economía española, con una tasa de natalidad en mínimos y una población envejecida, necesita mano de obra. La Moncloa defiende que la regularización es un acto de integración y que los nuevos residentes podrán trabajar legalmente, cotizar y contribuir a las arcas públicas. Sin embargo, la lectura estratégica de Kristersson es bien distinta: ‘Tomar medidas que puedan poner en peligro la estabilidad sería una muy mala idea’.
El dirigente sueco, que se presenta a la reelección en septiembre, ha basado su campaña precisamente en el endurecimiento migratorio. Suecia, que en la crisis de 2015 acogió a más inmigrantes en proporción a su población que casi cualquier otro Estado miembro, ha girado 180 grados. Desde entonces, los tiroteos mortales se dispararon, los problemas de integración se cronificaron y el partido antiinmigración Demócratas de Suecia –con raíces neonazis– se convirtió en un socio indispensable para la derecha. Kristersson busca ahora reeditar la coalición de cuatro partidos de derecha, incluidos los Demócratas, que por primera vez entrarían en el gabinete.
En ese contexto, la amnistía española es dinamita electoral. El primer ministro sueco lo ha verbalizado sin rodeos: ‘Hay una enorme mayoría en Suecia que opina que no puede volver a una situación sin control’. Y añadió que la regularización les brinda a los inmigrantes ‘la posibilidad de usar territorio europeo’, recordando el patrón de 2015, cuando la mayoría de los llegados acabaron en el norte del continente. Esto nos perjudica especialmente porque sabemos por experiencia que muchas personas que vienen a Europa prefieren ir al norte’, aseveró.
La libre circulación de personas, pilar del proyecto europeo, se fractura cuando un socio abre la puerta sin consultar a los demás. En Moncloa.com lo hemos visto en otras crisis, pero esta vez el aviso llega desde Estocolmo.
¿Schengen en el punto de mira? La presión de los socios sobre Sánchez
El permiso de residencia español solo otorga el derecho a vivir y trabajar en España, no en el resto de la UE. Pero el Código de Fronteras Schengen impide controles internos y permite que cualquier residente legal en un Estado miembro circule libremente por los otros. Kristersson dio en la diana: ‘No hay duda de que el aumento de los flujos migratorios debido a la decisión de un país afecta a la solidaridad del sistema Schengen’. Y recordó que la zona de libre movimiento ‘depende de que los miembros actúen de forma conjunta para proteger nuestras fronteras exteriores’.
La crítica no es aislada. Fuentes diplomáticas consultadas por este medio confirman que Italia y Dinamarca alzaron la voz en la última cumbre de líderes, y que Berlín trasladó su malestar por cauces discretos. No es la primera vez que el sur choca con el norte por la gestión migratoria, pero la coyuntura actual –con casi todos los países del centro y este de Europa gobernados por fuerzas que consideran la inmigración una amenaza existencial– hace que la posición española sea más vulnerable que nunca.
La Moncloa, de momento, ha optado por defender la medida con argumentos económicos y sociales. Pero en Bruselas se percibe malestar. Aunque la Comisión Europea no tiene competencias para bloquear una regularización nacional, sí puede activar mecanismos de presión si se demuestra que un Estado miembro genera un ‘efecto llamada’ que desestabiliza el sistema común de asilo.
El Eje del Poder Europeo
La polémica por la regularización de inmigrantes en España es un caso de libro sobre cómo se han redistribuido las fuerzas en la UE tras una década de crisis migratoria. En 2015, Angela Merkel abrió las puertas de Alemania a más de un millón de refugiados sirios mientras los países de Visegrado cerraban filas. Hoy es el norte socialdemócrata y liberal el que impone una línea dura, y el sur mediterráneo el que, por necesidades demográficas, demanda más flexibilidad.
Esta inversión de roles tiene consecuencias directas para los equilibrios en el Consejo Europeo. El bloque nórdico –Suecia, Dinamarca, Finlandia, y cada vez más los Países Bajos– forma ahora un muro compacto en política migratoria. Esa alianza puede bloquear cualquier intento de retocar los reglamentos europeos en un sentido favorable a los Estados ribereños, que son quienes soportan la primera línea de llegadas. España, que aspiraba a utilizar su experiencia para liderar un pacto migratorio más solidario, se encuentra ahora en la incómoda posición de tener que defenderse de las acusaciones de deslealtad.
Para el presidente Sánchez, el coste político puede ser considerable. La regularización era una de las banderas de su socio de gobierno, Unidas Podemos, y de una parte de la izquierda, que la ve como una cuestión de derechos humanos. Pero a las puertas de unas elecciones generales, la imagen de un Gobierno desbordado por las llegadas a Ceuta y señalado por sus homólogos europeos regala munición a la oposición, que ya acusa a Sánchez de ‘irresponsabilidad’. Al mismo tiempo, Madrid necesita mantener una relación fluida con Berlín y con los frugales para negociar los próximos fondos europeos o la reforma fiscal. El pulso migratorio amenaza con envenenar esas negociaciones.
Cabe recordar que la integridad de Schengen ha sido puesta a prueba varias veces en los últimos años –por los atentados de París en 2015, por la pandemia y por la presión migratoria en los Balcanes–, y que en cada ocasión los Estados miembros han respondido reintroduciendo controles fronterizos temporales. La gran pregunta que deja la crisis con Suecia es si esta vez la desconfianza mutua puede llevar a un deterioro más permanente del espíritu de libre circulación.
En Moncloa.com observamos un patrón: cada vez que el eje franco‑alemán necesita cerrar un pacto europeo, los pequeños incumplimientos de los Estados del sur acaban convirtiéndose en moneda de cambio. La regularización de Sánchez, por legítima que sea en términos de política interior, debilita su capital diplomático justo cuando más lo necesita. La próxima cita clave será el Consejo Europeo de octubre, donde la migración figurará en la agenda –y donde los reproches de los nórdicos se oirán con particular nitidez.
