La crisis migratoria de Ceuta amplía el desencuentro entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Imanol Pradales sobre la acogida de menores migrantes no acompañados. La llegada de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos, según ha informado Crónica Vasca, ha vuelto a tensar la relación entre ambas administraciones. El choque se produce mientras ambas administraciones negocian fórmulas para atender a los menores no acompañados.
El Gobierno Vasco reclama desde hace meses un plan estructural de migración y que Euskadi sea considerada frontera norte por la afluencia de migrantes en tránsito que asume cada año. El Ejecutivo autonómico considera que la coordinación estatal resulta insuficiente y ha buscado interlocución más allá del diálogo bilateral.
El plan estructural que reclama Vitoria y el giro hacia Canarias
La demanda vasca no es nueva. Según la información difundida por Crónica Vasca, la gestión de la migración genera malestar en el Ejecutivo de Pradales desde hace tiempo, una posición que el equipo del lehendakari ha trasladado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo central. La ausencia de un plan estructural, sostiene Vitoria, dificulta una planificación estable de la acogida.
Esa búsqueda de soluciones ha llevado al lehendakari Imanol Pradales y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a mantener varios encuentros para explorar respuestas compartidas. Ambos han defendido un reparto equitativo de la acogida y un enfoque estructural ante los flujos migratorios, una alianza que sitúa a los dos territorios como socios prácticos en el debate estatal sobre migración.
La presión asistencial en Bizkaia y las posiciones enfrentadas
La presión asistencial se ha intensificado en Bizkaia. Este territorio acoge en la actualidad a 584 personas cuando su capacidad declarada es de 345 plazas, según los datos citados por la diputada general, Elixabete Etxanobe. La responsable foral ha señalado que ‘el territorio se acerca ya a cifras de ocupación cercanas a las que obligaron a declarar la excepcionalidad en el sistema’.
Ante ese escenario, el Ejecutivo autonómico defiende la reagrupación familiar de los menores como vía prioritaria y se opone a derivaciones que no garanticen una acogida ordenada. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha sostenido que Euskadi ‘no aceptará derivaciones impuestas, improvisadas y sin garantías’. En la misma línea se ha pronunciado el director de Infancia, Adolescencia y Familias, Txema Ezkerra. El criterio autonómico es que los traslados deben basarse en una planificación previa y en garantías jurídicas para los menores.
El Ejecutivo autonómico prioriza la reagrupación familiar y rechaza el reparto de menores como única respuesta, mientras el Gobierno central mantiene abierta la posibilidad de reubicarlos en otras comunidades.
Desde el Gobierno central, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que la reagrupación es la prioridad, pero ha admitido que se trata de un procedimiento ‘no sencillo’. El elevado número de menores llegados a Ceuta obliga, a su juicio, a activar de forma paralela los mecanismos de reubicación y acogida en otros territorios.
El ministro ha detallado que la reagrupación podrá producirse tanto con familiares en el país de origen como con familiares residentes en otros puntos de España. En el proceso intervienen la voluntad del país de origen, de los propios menores y de sus familias, además del asesoramiento jurídico que reciban.
El encaje competencial y la fase siguiente del diálogo
La discrepancia se produce en un marco en el que las comunidades autónomas asumen la atención a los menores no acompañados, mientras la Administración central se encarga de la documentación y de la interlocución con los países de origen. En Euskadi, la protección de la infancia corresponde a las diputaciones forales, que gestionan los recursos de acogida en cada territorio histórico; por eso, las advertencias de Bizkaia se expresan en términos de ocupación y de medidas excepcionales.
El precedente más cercano está en la colaboración que Euskadi y Canarias ya mantuvieron para reclamar un reparto equitativo ante la saturación de sus sistemas de acogida. El desencuentro coincide, además, con la condición del PNV como interlocutor habitual del Gobierno central en el Congreso, una circunstancia que amplía la relevancia del diálogo entre ambas administraciones.
Por ahora, el Ministerio de Política Territorial mantiene abierto el diálogo con los ejecutivos autonómicos para concretar los mecanismos de reubicación, sin que se haya comunicado un calendario oficial de activación. La siguiente fase del debate se centra en determinar si la reagrupación familiar reduce la presión en Ceuta o si se activa el reparto entre comunidades, una decisión que, de adoptarse, exigiría un acuerdo con las administraciones autonómicas afectadas.
