Un agente de la unidad antidroga de la Policía Nacional en Barcelona está en prisión provisional por vender información a narcos. J. B. G., destinado en el grupo de Antidroga y Delincuencia Organizada de la Jefatura Superior de Cataluña, acumula cerca de 900 consultas injustificadas en bases policiales desde 2020, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso Crónica Global.
El caso del topo policial del narcotráfico confirma uno de los peores escenarios para los cuerpos de seguridad: la filtración no vino de un hacker externo, sino de un agente con credenciales oficiales y acceso directo a información reservada.
De un aviso internacional a una filtración dentro de la Jefatura
La investigación no nació en Cataluña. Las primeras alertas llegaron de la National Crime Agency británica y de la Policía de Suecia, que apuntaron a una posible fuga de información desde el interior de la Policía Nacional. El intercambio entre cuerpos europeos permitió poner el foco sobre J. B. G., con destino en Barcelona.
Los investigadores sitúan los accesos irregulares al menos desde 2020. El agente habría utilizado sus credenciales para consultar bases de datos de máxima seguridad sin justificación operativa. Una auditoría de Asuntos Internos contabilizó cerca de 900 accesos bajo sospecha.
El material consultado no era menor: órdenes de busca y captura nacionales e internacionales, señalamientos penales, atestados policiales, denuncias de particulares y datos sobre vigilancias y seguimientos de vehículos. Según la instrucción, buena parte de de esos datos terminó en manos de personas vinculadas al narcotráfico internacional.
Los grupos, según la investigación, están principalmente asentados en Suecia y los Países Bajos, con ramificaciones en España y Cataluña. La filtración no fue un episodio aislado: se prolongó durante años.
Un agente antidroga con acceso privilegiado a bases policiales se convirtió, presuntamente, en el eslabón catalán de una red internacional de información.
Casi 900 consultas sospechosas y una red con tentáculos en Suecia y Países Bajos
La dimensión internacional apareció con la intervención de SKY ECC, la plataforma de comunicaciones cifradas desarticulada por las autoridades francesas en 2021. Los servidores contenían millones de mensajes. Entre ellos emergió Milan D., un intermediario que, según la documentación judicial, conectaba a quienes pedían información con quien podía proporcionarla.
En noviembre de 2023, la detención en Suecia de Amendeep S. sumó un elemento decisivo: en su teléfono aparecieron capturas de pantalla de bases de datos policiales españolas. Los investigadores sostienen que ese material fue facilitado por J. B. G. a cambio de contraprestaciones económicas y de protección por parte del entramado.
La fase española se aceleró a partir de junio de 2025, cuando Asuntos Internos sometió al agente a vigilancias y seguimientos. Durante meses se documentaron encuentros con personas consideradas intermediarias.
Qué falló en el control interno y qué queda por aclarar
La instrucción recayó en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 6 de Barcelona. A finales de diciembre de 2025 se autorizaron las primeras medidas. El 2 de enero de 2026, el juzgado decretó el secreto de las actuaciones y ordenó intervenir el teléfono del policía e instalar un dispositivo de geolocalización en su motocicleta.
En paralelo, la Agencia Tributaria recibió un requerimiento para entregar información fiscal, laboral y patrimonial del agente y de su pareja entre 2020 y 2025. También se reclamaron datos de cuentas, transferencias y operaciones bancarias. El objetivo era detectar movimientos compatibles con los pagos que, según la instrucción, habría recibido por las filtraciones.
El cerco se cerró el 15 de junio de 2026 con varias entradas y registros en Barcelona y Badalona. Tras la detención, el juzgado decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza. Apreció riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. El policía recurrió, pero su petición ya ha sido desestimada.
La causa sigue abierta. Los instructores quieren determinar cuánta información salió de las bases policiales, quiénes la recibieron y cuánto dinero pudo cobrar el agente. La cifra económica no está cerrada y las diligencias patrimoniales siguen en curso.
La lectura de fondo es incómoda: un miembro de una unidad especializada mantuvo durante al menos cinco años un patrón de consultas sin que saltaran las alarmas. No es un caso menor. Es un fallo del control interno en uno de los ámbitos más sensibles del Estado. Moncloa.com ha consultado fuentes próximas al caso, que prefieren no pronunciarse mientras la investigación siga bajo secreto.
La Audiencia de Barcelona, en cualquier caso, todavía tiene que cerrar el perímetro judicial de una trama con ramificaciones en varios países. Esta pieza no ha hecho más que empezar.
