El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha anunciado este lunes 17 de agosto de 2026 que trasladará la crisis migratoria de la ciudad autónoma al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional tras la entrada de unos 70.000 inmigrantes desde Marruecos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, anunció que llevará la crisis migratoria ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
- ¿Dónde y cuándo? En Ceuta, este lunes 17 de agosto de 2026, tras un Consejo de Gobierno extraordinario; las entradas se produjeron los días 30 y 31 de julio.
- ¿Qué reclama? Que el Gobierno central devuelva a Marruecos a las personas adultas que accedieron en esas dos jornadas en un plazo no superior a 30 días.
El anuncio de Vivas y la vía judicial
La comparecencia se produjo después del Consejo de Gobierno extraordinario de la Ciudad Autónoma. Vivas ha asegurado que Ceuta no se va a rendir y que el Ejecutivo ceutí continuará exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla sus obligaciones con firme determinación.
«Yo tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quieren recibir. Simplemente para decir: oiga, Ceuta está en peligro», ha expresado Vivas.
El presidente ceutí ha subrayado que su intención no es interferir en la independencia del Poder Judicial, sino hacer partícipe a la máxima instancia judicial y al tribunal de garantías de la situación de la ciudad. Además, ha avanzado que el Ejecutivo ceutí recurrirá a otras instituciones del Estado, entre ellas las Cortes Generales, las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, así como organizaciones empresariales y sindicatos.
La presión migratoria y la reclamación al Gobierno central
El episodio que motiva la ofensiva institucional se remonta a los días 30 y 31 de julio, cuando unas 70.000 personas accedieron a Ceuta desde Marruecos, según los datos difundidos por la Ciudad Autónoma. Para Vivas, esta cifra evidencia que la ciudad requiere una respuesta política y operativa extraordinaria.
Según el presidente de Ceuta, el Gobierno central cuenta con medios y capacidades suficientes para que la ciudad vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días y para que todas las personas adultas que entraron en esas fechas sean devueltas a Marruecos. Su reclamación, hasta ahora, no señala fallos en el dispositivo de seguridad: apunta a la necesidad de una decisión política que permita restablecer la normalidad. El retorno de adultos en un máximo de 30 días implicaría una coordinación diplomática y policial de alto alcance.
La exigencia de Vivas se centra en una respuesta ejecutiva: devolver a todas las personas adultas que accedieron a Ceuta en dos jornadas y recuperar la normalidad en un máximo de treinta días.
El contexto institucional
Ceuta constituye, junto con Melilla, la única frontera terrestre de España con África y una de las rutas migratorias de mayor presión del Mediterráneo occidental. El control del perímetro fronterizo y de la zona del Tarajal recae en la Guardia Civil, en coordinación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La cifra trasladada por la Ciudad Autónoma, 70.000 entradas en dos jornadas, multiplica la presión habitual sobre la frontera de Ceuta y sitúa el debate en el plano de la política de Estado. El Ministerio del Interior mantiene las competencias sobre seguridad ciudadana y gestión de fronteras; el comunicado de la Ciudad no detalla el número exacto de efectivos de refuerzo desplegados por la Guardia Civil, pero el dato de accesos excede cualquier operación ordinaria de gestión migratoria.
El anuncio de Vivas abre una vía institucional ante las máximas autoridades judiciales y puede ampliarse a las Cortes, a las comunidades autónomas y a los agentes sociales. La evolución de la crisis dependerá de la respuesta del Ejecutivo central y de la cooperación con Marruecos, sin que se haya fijado todavía una fecha concreta para las reuniones solicitadas.
