Interior ha elevado este martes a 2.168 los menores migrantes no acompañados filiados en Ceuta desde el 30 de julio, 270 más que el pasado jueves. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y dirigente de Izquierda Unida, comparecerá en el Congreso junto a Mónica García y Elma Saiz; el PP rechaza la reubicación de estos menores en la península y defiende su devolución a Marruecos.
Esta crisis sitúa a la cuota de IU dentro de Sumar ante una disputa humanitaria, competencial y de coalición con el PSOE y las comunidades del PP. De esta manera, Ceuta ha colocado a Sira Rego en el centro de una disputa que mezcla emergencia humanitaria, choque con el PP y tensión de coalición.
2.168 menores: la cifra que sitúa a Sira Rego en el centro
El Ministerio del Interior ha elevado este martes a 2.168 los menores migrantes no acompañados filiados en la ciudad autónoma desde el 30 de julio. Son 270 más que los contabilizados hasta el pasado jueves, cuando Fernando Grande-Marlaska situó la cifra en 1.898. La Policía Nacional los ha localizado, identificado y puesto a disposición del gobierno de Ceuta a todos ellos.
Los menores permanecen en la ciudad a la espera de soluciones: repatriación o derivación a otras comunidades ante la saturación. La organización Save the Children ha recordado que una parte procede de países como Chad o Sudán, huyen de guerras y crisis y tienen derecho a protección internacional. La organización ha puesto el foco en mujeres, niñas y adolescentes, expuestas además a matrimonios forzosos, violencia sexual o trata de menores.
El Gobierno central ha citado a las comunidades autónomas la próxima semana a una conferencia sectorial para debatir la reubicación de los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas como Ceuta y la transferencia de 25 millones de euros a la ciudad autónoma. Los ejecutivos autonómicos del PP se oponen al sistema. Los tres gobiernos de coalición con Vox en políticas de Infancia -Aragón, Extremadura y Castilla y León- ni siquiera quieren participar en la conferencia.

El otro camino, la devolución a los países de origen, no es sencillo. Solo puede ejecutarse si un estudio individualizado demuestra que es lo mejor para el menor. En la práctica, casi nunca se lleva a cabo. El Tribunal Supremo sentenció la ilegalidad de la devolución masiva de menores a Marruecos tras la crisis de 2021 por la “absoluta inobservancia” de las garantías de la ley de extranjería. Aunque exista el acuerdo con Marruecos de 2007 para la vuelta concertada, el mecanismo exige velar por el interés superior del menor.
Entre otros trámites, el menor tiene que querer volver, la Delegación del Gobierno debe recabar un informe de la situación socioeconómica de la familia en origen, y el joven tiene derecho a ser escuchado, a contar con abogado y a recurrir ante un juez. La ley contempla además la puesta a disposición ante los servicios de protección del país de origen, pero exige justificar que estaría mejor atendido allí que en España.
La acogida de los menores no es solo una respuesta administrativa: está midiendo la capacidad de Sumar para defender su política humanitaria sin fracturar la coalición.
Sira Rego y la batalla de la acogida
La comparecencia de la ministra Sira Rego en el Congreso, junto a Mónica García y Elma Saiz, sitúa la respuesta migratoria en el terreno político. Rego es la principal referencia de Izquierda Unida dentro del espacio de Sumar y encabeza un ministerio pequeño en presupuesto pero muy sensible en términos de discurso.
La crisis de Ceuta obliga a IU-Sumar a sostener una posición de acogida humanitaria frente al discurso del PP. No es una disputa nueva: la tensión competencial con las comunidades autónomas gobernadas por el PP y las tres con Vox vuelve a colocar a la izquierda en el debate sobre qué significa proteger a los menores que llegan solos.
Dentro de Sumar, la cuestión tiene doble lectura. Por un lado, refuerza el perfil de Sira Rego como ministra más allá de las negociaciones de alianzas internas. Por otro, subraya la dificultad de traducir los principios de acogida en acuerdos con el PSOE, que controla Interior y la política migratoria. Esa tensión entre la lógica administrativa del Ministerio del Interior y la lógica garantista de Juventud e Infancia es, precisamente, el punto donde la coalición puede agrietarse.
La coalición
El equilibrio interno de Sumar aparece atravesado por una constatación: la crisis de Ceuta no es una disputa entre socios, sino una prueba para la coalición en su conjunto. Izquierda Unida se juega parte de su identidad política en la defensa de los menores, mientras otros confluentes de Sumar observan el desgaste que puede generar el choque territorial con el PP. Los datos son inequívocos: 2.168 menores filiados, 25 millones de euros sobre la mesa y una conferencia sectorial convocada la próxima semana.
La dimensión con el PSOE es delicada. El Gobierno debe responder a la emergencia y, a la vez, evitar que la disputa competencial alimente el relato de las derechas. La propuesta de reubicación necesita de las comunidades autónomas, pero los ejecutivos del PP la rechazan. Eso deja al Ministerio de Juventud e Infancia sin más herramienta inmediata que la presión institucional y la promesa de financiación.
La proyección inmediata apunta a dos fechas: la comparecencia parlamentaria de Sira Rego, Mónica García y Elma Saiz y la conferencia sectorial de la próxima semana. Lo que ocurra marcará si Sumar consigue convertir la crisis en una victoria de perfil humanitario o si queda atrapada en la lógica del bloqueo autonómico.
