La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias para determinar si siete concejales de Carboneras incurrieron en un delito de prevaricación administrativa al aplazar, el pasado 17 de junio, la votación sobre la nulidad de la licencia del hotel de El Algarrobico.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía Provincial de Almería investiga a siete concejales de Carboneras por aplazar la anulación de la licencia del hotel de El Algarrobico en el pleno del 17 de junio.
- ¿Dónde y quién? Carboneras, en la provincia de Almería, con dos ediles no adscritos y cinco ligados al PSOE, partido que ya ha abierto expediente disciplinario.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? La anulación de la licencia ya se aprobó el 7 de julio, pero el caso puede alargar la demolición del hotel y abrir consecuencias económicas millonarias para el municipio.
Las claves de la investigación de la Fiscalía
El Ministerio Público ha solicitado al Ayuntamiento de Carboneras la remisión del acta del Pleno del 17 de junio, así como informes jurídicos y ampliaciones documentales. La denuncia partió de la asociación ecologista Salvemos Mojácar dos días después de aquella sesión y apunta a los siete ediles: dos no adscritos y cinco ligados al PSOE. El colectivo calificó la conducta de «desobediencia inadmisible» y «acto de prevaricación manifiesta».
Los investigados son José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández. Según la denuncia, dejaron sobre la mesa la propuesta avalada por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para revisar de oficio la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003. Para los ecologistas, el argumento de necesitar nuevos informes era «falso» porque ya existía un dictamen favorable del citado órgano consultivo.
Aunque la nulidad se aprobó en otro Pleno el 7 de julio con los votos del alcalde y de siete concejales, la Fiscalía ve «presumible» la posible comisión de un delito. La Sección de Medio Ambiente mantiene abierta la vía penal mientras avanza el expediente municipal.
El PSOE ha abierto un expediente disciplinario y comunicó la expulsión temporal de los cinco concejales socialistas implicados. Entre ellos figura el hasta ahora portavoz municipal, José Luis Amérigo, sobrino del alcalde que concedió la licencia hace más de dos décadas.
La vía política y los posibles recursos
El abogado de los colectivos ecologistas, José Ignacio Domínguez, prevé que la promotora Azata del Sol recurra la anulación ante el Contencioso-Administrativo de Almería y, después, ante el TSJA. A su juicio, ese recurso no paraliza las actuaciones del Ayuntamiento de Carboneras, del que depende ordenar la demolición del hotel.
El Algarrobico es el símbolo de una historia de 23 años en la que la legalidad urbanística y la protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar han tardado demasiado en imponerse.
La demolición del hotel, pendiente de decisión municipal, podría ejecutarse por terceros conforme al protocolo existente entre la Junta de Andalucía y el Estado para restaurar el terreno. La Junta de Andalucía mantiene así una vía administrativa complementaria, con independencia de los recursos de la promotora.
La sentencia del TSJA obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia concedida en 2003 para construir el hotel en el paraje protegido de El Algarrobico, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El pleno del 7 de julio cumplió ese mandato, aunque el proceso judicial previo sigue vivo.
La Lectura Andaluza
Para entender por qué esta noticia importa tanto hay que mirar al mapa. Carboneras es un municipio de unos 8.400 habitantes con un presupuesto limitado. La posibilidad de que Azata del Sol reclame una indemnización millonaria por la anulación de una licencia concedida por el propio Ayuntamiento hace 23 años explica, en parte, el temor de los ediles investigados.
Ese miedo no es nuevo. La licencia se concedió durante la alcaldía de Cristóbal Fernández, en un contexto de informes favorables de administraciones gobernadas por socialistas, tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración del Estado. Dos décadas después, el PSOE convirtió el hotel en símbolo del urbanismo ilegal y de la defensa del litoral, una contradicción que ahora se traslada a la vida interna del partido.
El valor de proximidad es directo: la demolición no solo limpia el paisaje, sino que despeja la responsabilidad patrimonial de un municipio pequeño. Si la licencia queda definitivamente anulada y la empresa acude a la vía contenciosa, la factura puede condicionar servicios básicos en Carboneras durante años. Pero la demora mantenida durante dos décadas ha generado también un coste reputacional y ambiental en uno de los enclaves más valiosos del litoral almeriense.
Lo que viene ahora es una doble vía: la Fiscalía decidirá si hay indicios suficientes para judicializar la conducta de los siete ediles, mientras el Ayuntamiento de Carboneras tiene que fijar los siguientes pasos para la demolición. El abogado de los ecologistas da por hecho el recurso de la empresa y avisa de que la pelea judicial seguirá en el TSJA. La lectura es clara: el Algarrobico ha dejado de ser solo una discusión urbanística y se ha convertido en un campo de pruebas sobre cuánto tarda la administración en corregir sus propios errores.
