La Generalitat estudia recuperar los peajes en la AP-7 para descongestionar una autopista que arrastra atascos y siniestralidad. La consejera de Interior, Núria Parlon, ha confirmado este agosto que el debate está abierto y que el Govern creará un grupo de trabajo interno para analizar estrategias.
En declaraciones recogidas por Diari de Girona, Parlon ha asegurado que la mesa se constituirá, previsiblemente, este otoño y que contará con las conselleries con competencias en movilidad y seguridad vial. La decisión final, sin embargo, queda lejos: por ahora solo hay un estudio sobre la mesa.
El precedente no es menor. Los peajes de la AP-7 se retiraron el 31 de agosto de 2021, tras décadas de concesión privada, y la noticia fue celebrada por la mayoría de partidos, incluido el PSC. Apenas ocho meses después de su estreno en el Palau de la Generalitat, Salvador Illa ya llamaba a los grupos del Parlament a hacer una reflexión colectiva. ‘Quizá nos equivocamos cuando, alegremente, todos pedimos que se acabaran los peajes’, afirmó el president el pasado 1 de julio.
Diez medidas en marcha: lo que ya hace el Govern sin tocar los peajes
Más allá del debate sobre el pago, el Servei Català de Trànsit (SCT) ejecuta un plan de choque con diez medidas. Algunas están en funcionamiento y otras se desplegarán en las próximas semanas o meses. La más visible es una aplicación que enviará avisos por voz a los conductores de la AP-7 con información en tiempo real sobre accidentes, congestión y rutas alternativas. Su entrada en servicio está prevista para este otoño.
También se está probando un sistema de velocidad variable con inteligencia artificial en 150 kilómetros entre Maçanet de la Selva y el Vendrell. El Govern desarrolla además, en ese mismo tramo, un modelo predictivo de accidentes con IA que Parlon califica de ‘muy avanzado’. En las Terres de l’Ebre, donde la autopista se reduce a dos carriles, y concentra parte de la siniestralidad, se instala señalización de velocidad variable y se mantiene la prohibición de adelantamiento para camiones.
A todo ello se suman los macrocontroles de los Mossos d’Esquadra a vehículos pesados en la zona del Ebre y el control de velocidad en los 344 kilómetros de autopista con seis nuevos carro-radares que se añaden a los cuatro que ya operaban. La consejera admite que nada de eso evita la necesidad de grandes obras: la ampliación a tres carriles en el tramo sur está prevista, pero sin calendario inmediato porque todavía debe superar las fases de aprobación, licitación y ejecución.
La propia consellera asume que el plan de choque no sustituye a las grandes obras: la AP-7 necesita una cirugía estructural, no solo radares ni mensajes de voz.
La lectura política: un globo sonda en plena precampaña
En Moncloa.com leemos el anuncio como una pieza más del reposicionamiento del PSC ante el desgaste de la liberalización. La congestión en la AP-7 es un argumento legítimo, pero la reapertura del pago toca una fibra social: fue una conquista ciudadana de 2021. Con el curso político a punto de arrancar, la Generalitat puede permitirse lanzar el globo sonda sin comprometerse.
El debate no afecta por igual a todos los territorios. En Girona, donde la AP-7 es la columna vertebral de desplazamientos hacia Barcelona y Francia, la reimplantación del pago tendría un coste social inmediato para trabajadores transfronterizos y pequeños empresarios. En Tarragona y las Terres de l’Ebre, la vía es casi la única alternativa rápida, y el Govern ya ha intensificado allí los controles. Cualquier tarifa nueva se leerá como una vuelta a viejos agravios territoriales.
El coste político, no obstante, es asimétrico. ERC y Junts reclamaron durante años el traspaso de la gestión de las autopistas y ahora podrían exigir a Illa que no recupere un peaje bajo la etiqueta de disuasorio si no va acompañado de inversión real en Rodalies. La CUP y los comuns, en cambio, ya se oponen abiertamente a cualquier barrera de pago. El Govern reconoce que la decisión final queda para después del grupo de trabajo de otoño y que no hay plazos cerrados.
Cosas de la política.
Lo que observamos es una contradicción cómoda para el Ejecutivo: la AP-7 se quedó sin peajes por decisión del Gobierno central y ahora el Govern catalán pide alternativas sin aclarar quién pagaría la infraestructura ni qué Administración fijaría las tarifas. La consejera esquiva la cifra y remite al futuro grupo de trabajo. En este vacío de definición, la AP-7 se convierte en un campo de batalla simbólico de la precampaña.
El próximo Consell Executiu y el inicio del curso político en septiembre medirán la consistencia del plan. Si Illa evita enredarse en el peaje y prioriza las obras, el debate se cerrará como un globo sonda. Si apuesta por el pago, la legislatura catalana se abrirá en canal.
