Santiago Abascal exige en X que Pedro Sánchez responda ante el Tribunal Supremo por un delito de traición. El presidente de Vox denuncia además el envío de 1.260 millones de euros de dinero público a Marruecos desde 2018.
La exigencia de Abascal y el argumentario de Vox
El mensaje, publicado este martes en la red social X, traza una secuencia que, a juicio de Abascal, demuestra la traición del Ejecutivo socialista a los intereses de España. El presidente de Vox sostiene que el Gobierno de Sánchez ‘coloniza el Estado, destruye las clases medias y saquea a los españoles’, según la transcripción difundida por el partido. No se trata, en su lectura, de un error diplomático: es una conducta sistemática contra los intereses nacionales.
El dirigente de Vox denuncia además que el Ejecutivo entrega a Marruecos ‘financiación directa, préstamos y acuerdos comerciales contra los intereses de nuestros productores’. La acusación se apoya en una cifra concreta: más de 1.260 millones de euros transferidos desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Para Vox, el dinero público fluye hacia Rabat mientras se niegan recursos a los ciudadanos españoles.
Abascal vincula esa política de cesiones con la crisis de Ceuta del pasado 30 de julio, cuando se produjo una entrada masiva de migrantes en la frontera. El líder de Vox la define como una agresión: ‘Marruecos realiza un acto de guerra híbrida contra España e invade Ceuta, con el evidente conocimiento del gobierno, mientras sigue reclamando Ceuta y Melilla, es decir, desafiando nuestra soberanía’.
Abascal denuncia que, tras esa crisis, el Ejecutivo ha seguido calificando a Marruecos como ‘un aliado fiel y fiable’. Su conclusión es taxativa: ‘Sánchez y su mafia han cometido una evidente traición, y deben responder ante el Tribunal Supremo. El Parlamento tiene la potestad de hacerlo. No hay excusas para no intentarlo’.
La respuesta del Gobierno y la viabilidad de la vía penal
El mensaje responde a una información que cifra en más de 1.260 millones de euros las transferencias públicas a Marruecos desde 2018. La exigencia de llevar a Sánchez ante el Supremo tendría que activar el procedimiento del Artículo 102 de la Constitución, que atribuye al Congreso de los Diputados la potestad de acusar a los miembros del Gobierno. La responsabilidad criminal del presidente y de los demás ministros es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, previo acuerdo de la Cámara por mayoría absoluta a propuesta de una cuarta parte de los diputados. Vox suma 33 escaños; necesitaría el concurso de otros grupos para alcanzar los 88 apoyos necesarios.
La denuncia de Abascal no es solo una declaración en redes: sitúa la relación con Marruecos en el centro de la disputa soberanista.
El Ejecutivo no ha respondido hasta el momento a la exigencia del líder de Vox. La ausencia de reacción no desactiva la presión: obliga al Gobierno a explicar el destino de esos fondos y a defender una alianza con Marruecos que la formación considera contraria a los intereses nacionales. Tampoco el PP ha fijado una posición pública clara.
La estrategia de Vox: la soberanía como línea de demarcación
La ofensiva de Abascal apunta a un flanco que Vox ha cultivado desde hace años: la defensa de Ceuta y Melilla, el rechazo a las cesiones al reino alauita y la denuncia de la cooperación migratoria como moneda de cambio. Las criticas de Vox a Marruecos no son nuevas; la formación mantiene desde 2022 una posición dura contra el giro del Gobierno de Sánchez sobre el Sáhara Occidental, que consideró una concesión inasumible.
El partido identifica una contradicción: mientras el Ejecutivo niega recursos a familias y productores españoles, financia a Marruecos. Esa comparación busca movilizar a un electorado sensible a la política fronteriza y desgastar a la derecha que acepta el marco de cooperación con Rabat. El PP queda, en este esquema, como un actor expuesto a la presión por la derecha.
La denuncia se lanza en X y no en una rueda de prensa: Vox fija la agenda en redes y traslada después la presión al Parlamento. La dirección del partido busca que el grupo parlamentario registre una iniciativa formal. En el próximo Pleno del Congreso se medirá si la exigencia encuentra eco más allá de las redes.
Vox se presenta, así, como la única formación dispuesta a llevar la relación bilateral al terreno penal. La estrategia es coherente con su discurso sobre soberanía y con su pulso global contra el Gobierno. El reto inmediato es convertir la denuncia en una votación que obligue al resto de grupos a retratarse.
