EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La vía ordinaria del Real Decreto 2/2025 solo ha permitido trasladar a 720 menores desde agosto de 2025, a un ritmo de 60 al mes.
- ¿Quién está detrás? La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reclama abrir vías extraordinarias ante una ciudad autónoma preparada para acoger a 29 menores.
- ¿Qué impacto tiene? Reubicar a los 2.678 menores llegados a Ceuta llevaría tres años y nueve meses, mientras PP y Vox rechazan un reparto de obligado cumplimiento.
La presión migratoria en Ceuta ha desbordado el sistema de acogida. El Gobierno reclama un reparto solidario y obligatorio ante un dato oficial que desmonta la tesis de esperar a la vía ordinaria: reubicar a los 2.678 menores migrantes llegados a la ciudad autónoma llevaría tres años y nueve meses.
Ceuta dispone de recursos para acoger a 29 menores. Ahora mismo soporta una cifra muy superior: 1.478 ya filiados y la estimación de otros 1.200 que siguen en la calle, según datos del Ministerio de Juventud e Infancia.
La crisis se concentró tras la entrada masiva del 31 de julio, cuando miles de personas accedieron a la ciudad autónoma y buena parte de los niños y adolescentes quedaron atrapados en un limbo administrativo. La saturación, lejos de resolverse, se ha cronificado.
Fuentes del Ministerio de Infancia consultadas por esta redacción comparten la lectura: la ciudad autónoma no puede ejercer de frontera única y la inacción autonómica traslada todo el coste a los servicios sociales ceutíes.
La vía ordinaria, saturada: 60 traslados al mes y una ciudad al límite
El mecanismo obligatorio de reparto entre comunidades se creó con el Real Decreto 2/2025. Desde el 29 de agosto de 2025 está activo en Ceuta, Melilla y Canarias. Hasta ahora, Ceuta ha logrado trasladar a 720 menores.
La media es clara: 60 traslados al mes. A ese ritmo, solo para reubicar a los menores llegados el 31 de julio harían falta los casi cuatro años que ha reconocido el Ejecutivo. La aritmética convierte la vía ordinaria en un desfiladero.
Por eso el Gobierno pide a las comunidades que abran otras vías: acuerdos del Ministerio con asociaciones de infancia para derivar a las primeras 500 niñas, acuerdos bilaterales entre territorios y acogimiento familiar. Sira Rego asegura que hay muchas familias interesadas, pero no concreta los territorios para preservar la discreción del proceso.
Sin un reparto extraordinario, Ceuta no recuperará la normalidad antes de 2029.
Las comunidades del PP, entre el rechazo político y una obligación legal
La polémica llegó al Congreso el lunes. PP y Vox fueron los únicos partidos que rechazaron frontalmente los traslados. Su discurso choca con una realidad jurídica: al amparo del Real Decreto 2/2025, los traslados son de obligado cumplimiento.
Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde Vox gestiona las competencias de infancia, se negaron a participar en la Conferencia de Infancia del 27 de agosto. Madrid y Baleares, gobernadas por el PP, también han mostrado rechazo.
La ley es la ley. Las comunidades pueden manifestar su disidencia, pero no pueden frenar unos traslados una vez activados. Lo que sí consiguen con su negativa es alargar los plazos y multiplicar la presión sobre Ceuta.
El Eje del Poder Socialista
Para el bloque de coalición, la postura del PP convierte una crisis humanitaria en munición partidista. El argumento es nítido: España tiene una norma que obliga a repartir y un territorio, Ceuta, que no puede asumir la saturación. La negativa autonómica retrasa una respuesta que, si no se acelera, eterniza el colapso.
El ministerio defiende que se evalúe el interés superior del menor y que el retorno con sus familias solo se produzca tras un procedimiento individualizado con informes de Fiscalía, servicios sociales y país de origen. No hay atajos. Pero tampoco los hay para dejar a 2.678 menores en una ciudad diseñada para 29.
En Moncloa la exigencia de Sánchez no es retórica: sin reparto extraordinario, la legislatura asume un coste territorial y humanitario que el ala socialista del Ejecutivo no está dispuesta a pagar. La próxima conferencia sectorial de infancia y el Consejo de Ministros serán las ventanas inmediatas para convertir ese principio en medidas concretas.
El precedente de 2025 pesa: cuando se activó la contingencia, el Gobierno pensaba que la vía ordinaria bastaría. Ahora los datos demuestran lo contrario. La solidaridad entre comunidades no es una opción política, es una obligación legal y una cuestión de cohesión territorial.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Defensa de la solidaridad obligatoria y del interés superior del menor frente al rechazo de PP y Vox.
- Protagonista: Sira Rego (ministra de Juventud e Infancia).
- Próximo hito: Próxima conferencia sectorial de infancia y nueva comparecencia en el Congreso para evaluar los avances del reparto.
