La puerta giratoria entre la alta administración y el Ibex 35 vuelve a estar en el centro de la actualidad. Al menos diez exministros o ex altos cargos del Gobierno suenan ahora mismo para ocupar sillones en grandes cotizadas españolas. El patrón se repite: quien diseñó el marco regulatorio en energía, telecomunicaciones o fiscalidad acaba sentándose al otro lado, en el consejo de la empresa regulada. La lista abarca desde el exministro de Industria y Energía José Manuel Soria, vinculado a Repsol, hasta el exministro de Ciencia Pedro Duque, candidato a un puesto en el Consejo de Indra, con nombres del PP y del PSOE por igual.
El criterio para incluir a cada nombre no es el nombramiento confirmado, sino el rumor corporativo o la negociación que ha trascendido. Hay perfiles como Alberto Nadal, exsecretario de Estado de Energía, que podría aterrizar en Endesa, o Elena Salgado, exministra de Hacienda, que suena como consejera de IAG, la matriz de Iberia. La mayor parte no son ejecutivos, sino consejeros, a veces presentados como independientes, lo que acentúa la contradicción con su pasado regulador. Todos coinciden en un punto: han gestionado áreas estratégicas —energía, banca, aeropuertos, defensa o digitalización— en las que el sector privado necesita contactos y conocimiento de los pasillos del poder.
8Carme Artigas, exsecretaria de Estado de Digitalización, se perfila para el consejo de Telefónica
El nombre de Carme Artigas lleva más de un año circulando como refuerzo del consejo de Telefónica, y lo que hace polémico el movimiento es que se le atribuya la etiqueta de consejera independiente. Fue la primera secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (2020-2023) y la negociadora española de la Ley europea de IA, y su hipotético aterrizaje coincide con el giro político de la operadora: la SEPI controla un 10% del capital, el grupo saudí STC ronda otro 10% y en el consejo ya se sienta Carlos Ocaña, el consejero designado por la sociedad pública. En ese tablero, la entrada de Artigas, que sonó precisamente para el puesto que acabó ocupando Ocaña, sería interpretada en los mentideros del IBEX como un segundo asiento afín a Moncloa, no como el de una profesional ajena a los intereses del Estado. Ella se limita a decir que volverá al sector privado «cuando sea posible».
El recorrido de Artigas desdibuja además el cortafuegos entre lo público y lo privado. En su etapa ministerial gestionó un presupuesto anual cercano a los 3.000 millones de euros y coordinó el despliegue de 25.000 millones de fondos europeos, además de liderar la aprobación de la primera regulación mundial de la inteligencia artificial, justo el conocimiento que Telefónica busca para pilotar su estrategia en IA. La Oficina de Conflictos de Intereses ya vetó en 2024 su fichaje por Airbus; en marzo de 2025, en cambio, le autorizó colaborar con ocho empresas privadas. La paradoja se completa con su pasado en la propia teleco: fundó Synergic Partners, que Telefónica compró en 2015, y salió en 2018 tras tensiones internas. Que la reguladora de ayer pueda sentarse hoy en el consejo del operador donde el Estado es primer accionista reabre el debate que la prometida ley de transparencia sigue sin cerrar.
