La puerta giratoria entre la alta administración y el Ibex 35 vuelve a estar en el centro de la actualidad. Al menos diez exministros o ex altos cargos del Gobierno suenan ahora mismo para ocupar sillones en grandes cotizadas españolas. El patrón se repite: quien diseñó el marco regulatorio en energía, telecomunicaciones o fiscalidad acaba sentándose al otro lado, en el consejo de la empresa regulada. La lista abarca desde el exministro de Industria y Energía José Manuel Soria, vinculado a Repsol, hasta el exministro de Ciencia Pedro Duque, candidato a un puesto en el Consejo de Indra, con nombres del PP y del PSOE por igual.
El criterio para incluir a cada nombre no es el nombramiento confirmado, sino el rumor corporativo o la negociación que ha trascendido. Hay perfiles como Alberto Nadal, exsecretario de Estado de Energía, que podría aterrizar en Endesa, o Elena Salgado, exministra de Hacienda, que suena como consejera de IAG, la matriz de Iberia. La mayor parte no son ejecutivos, sino consejeros, a veces presentados como independientes, lo que acentúa la contradicción con su pasado regulador. Todos coinciden en un punto: han gestionado áreas estratégicas —energía, banca, aeropuertos, defensa o digitalización— en las que el sector privado necesita contactos y conocimiento de los pasillos del poder.
7Cristóbal Montoro, tentado por ACS: el ministro de Hacienda que hizo los impuestos de las grandes constructoras
Cristóbal Montoro es el arquetipo mismo de la puerta giratoria que ahora se dirime en los juzgados: el vaivén entre Hacienda y el despacho que él mismo fundó en 2006, Montoro y Asociados, luego Equipo Económico, poblado por ex altos cargos de su etapa con Aznar. El 16 de julio de 2025, el juez Rubén Rus lo imputó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona junto a otras 27 personas, entre ellas buena parte de la cúpula del ministerio de la era Rajoy, por un presunto entramado que redactaba normas fiscales a medida para empresas del gas a cambio de pagos a su consultora. Los fabricantes de gases industriales y medicinales (AFGIM) abonaron 779.705 euros entre 2011 y 2019, y la Agencia Tributaria cifra en 32,4 millones lo repartido por los socios del despacho en ese periodo. La lista de delitos atribuidos incluye cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Por eso suena tan explosivo en los mentideros económicos su posible desembarco en el consejo de ACS, aunque por ahora no haya movimiento oficial alguno: el sumario ya describe cómo colaboradores de Montoro se colocaron en consejos de compañías que fueron clientes de Equipo Económico, como Abengoa o Solaria, que pagaron 3,9 y 1,7 millones respectivamente mientras negociaban con el Gobierno de Rajoy. Que el propio exministro —que vendió sus acciones del despacho en 2008 por 18.000 euros para regresar a la política— recalase en la gran constructora de Florentino Pérez, cuya fiscalidad conoció desde dentro al frente de Hacienda, pondría de nuevo el foco sobre las incompatibilidades con la causa penal aún abierta. Ningún otro nombre de la lista combina un historial tan directo de puertas giratorias con una red de contactos tan trillada hacia el Ibex.
