España asignará 38,1 millones de derechos de emisión gratuitos al año a más de 650 instalaciones industriales entre 2026 y 2030, y la industria dejará de pagar más de 2.000 millones de euros anuales por emitir CO2, según Greenpeace.
El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (EU ETS) obliga a cada instalación a entregar un derecho por tonelada de CO2 emitida. La lógica original es que esos permisos se subasten. Sin embargo, para evitar la fuga de carbono —el traslado de la producción a países con normas ambientales más laxas—, la normativa europea permite asignaciones gratuitas a los sectores más expuestos. La mayoría de las instalaciones industriales recibe una parte de sus derechos sin coste.
Según Greenpeace, la bolsa media anual para el periodo 2026-2030 asciende a 38,1 millones de derechos, repartidos entre más de 650 instalaciones. Al precio actual del mercado de carbono, la organización calcula que la factura exonerada supera los 2.000 millones de euros anuales. No es una estimación menor: equivale a renunciar cada año a un presupuesto comparable al de grandes programas públicos de descarbonización.
Vamos a los datos. La denuncia no se queda en el importe global. Repsol concentra el 18% de todos los derechos de emisión gratuitos de España, lo que se traduce en más de 34 millones de toneladas de CO2 sin coste durante cinco años. Con un precio medio previsto del carbono de 103 euros por tonelada, Greenpeace valora esa asignación en una subvención encubierta de 3.550 millones de euros para la petrolera.
El reparto lo completan otros grandes industriales: ArcelorMittal, con un 11,53% de los derechos; Moeve, con un 7,99%; Cementos Portland, con un 4,63%; y Cemex, con un 3,63%. Apenas seis compañías acumulan el 48,53% de todos los permisos gratuitos, y solo 19 instalaciones acaparan la mitad del total nacional.
La asignación gratuita actúa como una subvención encubierta: la industria no paga, y los fondos que podrían financiar la descarbonización no llegan.
La contradicción se agrava con los resultados empresariales. Repsol cerró el primer semestre de 2026 con unos beneficios de 2.711 millones de euros, por encima de los 2.568 millones de todo 2025. Según Greenpeace, en lugar de acelerar la inversión verde, la compañía destinó 850 millones a recomprar acciones y elevó el dividendo.
Seis empresas concentran casi la mitad de los derechos gratuitos, y los beneficios fósiles van al dividendo, no a la transición.
La letra pequeña del reparto: fuga de carbono, CBAM y beneficiarios
El argumento oficial para mantener estas asignaciones es evitar la fuga de carbono. Si las fábricas europeas internalizan el coste del CO2 y sus competidores de fuera de la UE no lo hacen, la producción se deslocalizaría y las emisiones globales no caerían. Por eso el EU ETS ha combinado la subasta con exenciones sectoriales desde su creación en 2005.
Pero el diseño europeo contempla que esta fase sea temporal. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) está llamado a sustituir progresivamente las asignaciones gratuitas por un arancel al carbono para importaciones de acero, cemento, fertilizantes y otros productos intensivos. La Comisión Europea ya ha fijado un calendario de retirada gradual.
La pregunta que plantea Greenpeace es si tiene sentido mantener el grifo abierto mientras el CBAM se despliega. Con beneficios récord en el sector fósil y una señal de precio que se diluye, la asignación gratuita corre el riesgo de convertirse en una renta sin contrapartida en descarbonización.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Derechos gratuitos anuales: 38,1 millones de toneladas de CO2 asignadas sin coste entre 2026 y 2030.
- Valor económico exonerado: más de 2.000 millones de euros anuales al precio actual del EU ETS.
- Concentración: seis empresas acaparan el 48,53% y 19 instalaciones, la mitad del reparto.
- Mayor beneficiario: Repsol concentra el 18%, equivalente a 3.550 millones en cinco años.
El análisis: transición justa o renta sin descarbonizar
La asignación gratuita no es un invento español. La propia Comisión Europea la aplica desde 2005 como herramienta de política industrial para evitar fugas de carbono. El problema que subyace al informe de Greenpeace no es el mecanismo en sí, sino su convivencia con beneficios récord y escasa condicionalidad.
El paquete Fit for 55 obliga a reducir las emisiones un 55% para 2030. En ese contexto, el CBAM debilita el argumento de la fuga de carbono y abre la puerta a eliminar antes las exenciones. Si una empresa recibe derechos sin coste, puede vender el excedente si reduce emisiones; pero si los beneficios extra se destinan al dividendo y a la recompra de acciones, la señal de precio del carbono se diluye y el presupuesto para transición se queda corto.
La propuesta de Greenpeace es eliminar por completo las asignaciones gratuitas y recuperar un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras. El matiz es relevante: con el CBAM en vigor, mantener exenciones amplias sin requisitos de inversión verde equivale a transferir rentas a sectores intensivos en carbono.
El consumidor final tampoco queda al margen. La energía limpia abarata la factura a largo plazo, mientras que los subsidios no condicionados a emisiones no generan ahorro. La transición ya es rentable cuando se instalan renovables, se electrifican procesos y se exige eficiencia. Lo que falta es vincular los ingresos del carbono a esa inversión.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Si se eliminasen los derechos gratuitos, España ingresaría más de 2.000 millones anuales para descarbonizar la industria.
- Modelo que cambia: El CBAM sustituye las exenciones por aranceles al carbono, reduciendo la lógica de la fuga de carbono.
- Para las próximas generaciones: Cada tonelada de CO2 con precio real empuja la inversión hacia procesos limpios y deja menos coste climático heredado.
