EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros aprobará el martes un real decreto para transponer la directiva laboral de la UE, pendiente desde agosto de 2022.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio de Trabajo impulsa la norma ante el expediente abierto por la Comisión Europea y la denuncia ante el TJUE.
- ¿Qué impacto tiene? Los nuevos contratos deberán detallar salario, jornada y uso de algoritmos. Los empleados ya en plantilla podrán pedir la misma información.
El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para transponer la directiva laboral de la UE. La norma llega cuatro años después del plazo fijado por Bruselas y con un expediente de infracción abierto contra España.
La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no incorporar a tiempo la Directiva (UE) 2019/1152, conocida como directiva de condiciones laborales transparentes y previsibles. Transponer una directiva significa convertir esa norma comunitaria en legislación española, y en este caso el plazo venció el 1 de agosto de 2022. La denuncia no se limita a una carta de advertencia: la Comisión ha llevado el caso al TJUE, último paso antes de las sanciones económicas.
Desde el departamento de Yolanda Díaz subrayan la relevancia de la norma en la lucha contra la precariedad y la discriminación. El mayor derecho de información de los trabajadores, explican, tiene valor de cara a conflictos y procedimientos judiciales, porque obliga a las empresas a documentar condiciones que antes quedaban en la penumbra.
Una transposición tardía que Bruselas ya ha judicializado
El real decreto no es un gesto voluntario. El Ministerio de Trabajo ha tenido que recurrir a esta vía reglamentaria porque el anteproyecto de ley que debía completar la transposición sigue bloqueado en el Congreso de los Diputados. La decisión del Consejo de Ministros busca reducir las consecuencias de un procedimiento que puede terminar en una multa cuantiosa para España, más allá del desgaste político ante las instituciones comunitarias. El Ejecutivo ya intentó aprobar una ley completa que incluía la prohibición de ampliar el periodo de prueba por convenio, pero ese texto sigue atascado en la Cámara Baja.
Fuentes del departamento de Yolanda Díaz explican que el grueso de la directiva quedará incorporado con este reglamento. Sin embargo, hay dos piezas que exigen rango de ley y se quedan de momento en el cajón: la obligación de informar sobre vacantes a todos los trabajadores y el endurecimiento de las sanciones por incumplir la transparencia contractual. En el Ministerio de Trabajo consideran que la Comisión valorará ese esfuerzo, pero admiten que la transposición será parcial mientras el Congreso no desbloquee la ley.
Qué cambia en los contratos a partir del miércoles o el jueves
La obligación de información para los nuevos contratos estará en vigor al día siguiente de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente el miércoles o el jueves. A partir de entonces, las empresas deberán detallar con más precisión el salario base y sus complementos, así como la jornada, incluida la distribución irregular de la misma cuando exista. La distribución irregular es un caballo de batalla contra los abusos horarios, porque permite probar excesos sobre las jornadas formales en caso de conflicto judicial.
La transposición llega tarde y a medias, pero Bruselas ya ha dejado claro que el incumplimiento tiene precio.
Respecto al periodo de prueba, el real decreto no puede reducir la duración máxima de seis meses porque requiere una norma con rango de ley. Sin embargo, obligará a las empresas a justificar el objeto de la prueba y la duración exacta del periodo, también cuando se pacte una ampliación por convenio colectivo. La empresa no podrá escudarse en que el convenio fija un periodo superior: deberá argumentar que la naturaleza del empleo, el interés del trabajador o la necesidad de evaluar la idoneidad lo justifican. Las empresas tendrán que especificar estas nuevas exigencias en la mayoría de los contratos nuevas que firmen.
Los trabajadores ya contratados no quedan fuera. Podrán solicitar esta información a sus empresas, que tendrán un plazo de 30 días para facilitarla. Si sus condiciones pactadas cambian, la empresa estará obligada a reflejar esos cambios por escrito. Una novedad relevante es el derecho individual a saber si algoritmos intervienen en la fijación de horarios, salarios o en la extinción del contrato.
El Eje del Poder Europeo
La batalla no se libra entre Berlín y París, sino entre Madrid y Bruselas, con el TJUE como árbitro. La transposición de la Directiva (UE) 2019/1152 tenía que haberse completado en agosto de 2022. Los Estados miembros cumplen a distintas velocidades, y el retraso español sitúa al Gobierno en una posición incómoda: ha tenido que legislar bajo la amenaza de sanción económica y de una sentencia que certificaría el incumplimiento. La geometría parlamentaria española, con un Congreso fragmentado, explica por qué se opta por el real decreto: sortear un veto legislativo.
El impacto para España va más allá del BOE. El expediente comunitario reduce el margen de negociación de Moncloa en otros frentes, desde los fondos europeos hasta la discusión sobre la regla fiscal. Además, la vía del real decreto deja fuera dos compromisos que el Gobierno no ha conseguido aprobar por ley. La oposición política europea puede leer esa parálisis como una debilidad estructural. En Moncloa son conscientes de que un real decreto no equivale a una transposición completa.
La lectura a corto plazo es clara: si el TJUE confirma la denuncia, España se expone a una multa por cada día de retraso. El precedente de otros expedientes por transposición muestra que, una vez el caso llega a la justicia europea, la salida negociada es difícil. La próxima ventana crítica es la publicación del real decreto y la reacción formal de la Comisión Europea, que evaluará si la transposición parcial es suficiente.
