EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Ucrania admite que adelantar el tramo del préstamo europeo de 90.000 millones de euros no cubrirá su déficit de 23.000 millones.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de Kiev busca socios fuera de la UE y revive la propuesta de utilizar los activos rusos congelados, con Bélgica en contra.
- ¿Qué impacto tiene? La financiación de Ucrania se convierte en un pulso entre los Veintisiete y presiona a España antes del ciclo electoral de 2027.
El Gobierno de Ucrania ha admitido que adelantar el préstamo europeo no tapará su déficit presupuestario de 23.000 millones de euros. Kiev presiona de nuevo para que los activos rusos congelados financien parte de la brecha.
Un agujero de 23.000 millones que el préstamo no tapa
El viceprimer ministro para la Integración Europea y Euroatlántica, Vsevolod Chentsov, ha matizado el alcance del instrumento financiero: ‘Adelantar pagos es probablemente una de las soluciones, pero no es una solución milagrosa’.
Kiev arrastra un desfase presupuestario de 23.000 millones de euros. La Unión Europea ya ha desembolsado 8.500 millones dentro del préstamo de 90.000 millones que debe entregarse en tramos iguales hasta 2027; esta semana Kiev envió una nueva solicitud de pago para reforzar las defensas aéreas frente a la oleada de ataques rusos, incluidos los dirigidos contra los sistemas Patriot.
Los activos rusos congelados vuelven al centro de la negociación
La delegación ucraniana busca además financiación fuera de la Unión. Los ministros de Exteriores de Noruega, el Reino Unido, Canadá, Islandia y Suiza se reunieron en en Irlanda con sus homólogos europeos en un formato informal, sin que se haya anunciado si complementarán el préstamo comunitario.
El otro frente es el de los activos rusos congelados, las reservas del banco central ruso bloqueadas en la UE desde 2022. Kiev calcula que suman 210.000 millones de euros, la mayor parte custodiados por el depositario belga Euroclear. El Gobierno ucraniano insiste en emplearlos ‘de forma inteligente’ para generar recursos y cubrir el déficit, una opción que Bélgica, rechaza por el riesgo de litigios.
Suecia, Polonia, los Países Bajos y España volvieron a poner la cuestión sobre la mesa la semana pasada. La presión aumenta porque el apuro presupuestario de Kiev coincide con un calendario electoral en varios países europeos, y los gobiernos quieren dejar atado el apoyo financiero a Ucrania antes de 2027.
El préstamo europeo mantiene a flote a Ucrania, pero los 23.000 millones de déficit exponen que la financiación ordinaria ha tocado techo.
El Eje del Poder Europeo
La discusión sobre los activos rusos congelados divide a la Unión entre un bloque liderado por los nórdicos y los países bálticos, partidarios de confiscar o movilizar los rendimientos, y otro alineado con Bruselas y Bélgica, más prudente porque una orden judicial en contra podría golpear la confianza en Euroclear y en el sistema financiero europeo. España ha cambiado de tono en los últimos años: oficialmente rechazaba la confiscación directa, pero la semana pasada se sumó a la carta junto a Polonia y Países Bajos, un gesto que Moncloa justifica por la necesidad de blindar la financiación de Ucrania antes del ciclo electoral de 2027.
Para España, la partida no es neutra. El préstamo de 90.000 millones se financia con el presupuesto comunitario y con avales de los Estados miembros, y cada ampliación o adelanto de tramos tensiona la regla de gasto (el límite anual que Bruselas impone al aumento del gasto público nacional). Además, Madrid tiene intereses en el sector financiero europeo: una pérdida de seguridad jurídica en Bélgica o en Euroclear puede encarecer la financiación de los bancos españoles que operan en los mercados de capitales. La lectura estratégica es que, si la UE opta por emplear los activos rusos, España quiere estar en la foto como impulsora, no como freno.
El riesgo inmediato es el veto belga. Sin unanimidad en el Consejo para tocar el estatuto jurídico de los fondos, la única vía rápida es adelantar tramos del préstamo ya aprobado, y esa vía no cubre los 23.000 millones. La próxima ventana crítica será la reunión del Eurogrupo y los contactos previos al Consejo Europeo de otoño, donde se medirá si los Veintisiete están dispuestos a asumir el coste legal de movilizar los activos rusos o si dejan a Kiev con un agujero estructural.
