EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Interior ha reconocido que su Oficina de Comunicación elaboró en febrero de 2024 un informe interno con perfiles ideológicos de periodistas y lo reduce a documento de trabajo consultivo.
- ¿Quién está detrás? El departamento de Fernando Grande-Marlaska y la directora de comunicación de entonces, Nieves Goicoechea; el portavoz del PSOE, Patxi López, se desmarcó.
- ¿Qué impacto tiene? Disculpas a los aludidos y una oleada de críticas de asociaciones de prensa; el PP habla de ‘la Stasi de Marlaska’ y exige explicaciones.
El Ministerio del Interior ha admitido este martes la existencia de un dosier interno que clasificaba ideológicamente a decenas de periodistas, elaborado por su Oficina de Comunicación en febrero de 2024. La revelación ha obligado al departamento de Fernando Grande-Marlaska a pedir disculpas y a rebajar el documento a mero texto consultivo.
La respuesta oficial llegó horas después de que la publicación del documento provocase un alud de críticas. Interior calificó el texto de ‘carácter interno’ y explicó que lo elaboró su Oficina de Comunicación con una finalidad exclusivamente ‘consultiva’. El ministerio insistió en que no existía ningún ‘propósito’ de censura o límite al ejercicio profesional y pidió disculpas a los profesionales que se hayan sentido ofendidos. En su comunicado matizó que el informe no condicionó el trabajo diario con los medios en los más de dos años y medio transcurridos.
El documento, titulado ‘Tertulianos. Radio y Televisión’ según la información original, contiene fichas individuales con fotografía y comentarios como ‘afín al PSOE’, ‘tendencia conservadora’ o ‘crítico con la amnistía’. Una portavoz oficial admitió su existencia, pero desvinculó al ministro de su gestación y negó que se tratase de una ‘lista negra’. Al frente de la oficina estaba entonces la periodista Nieves Goicoechea, que fue secretaria de Estado de Comunicación con José Luis Rodríguez Zapatero.
Las fuentes gubernamentales consultadas por infoLibre restaron importancia al fichero y aseguraron que recogía posiciones ya conocidas de tertulianos, no datos reservados. Sin embargo, fuentes jurídicas advierten de que, de confirmarse las clasificaciones ideológicas, podríamos estar ante una conducta contraria al Reglamento General de Protección de Datos. Su artículo 9 prohíbe con carácter general el tratamiento de datos que revelen ideología, salvo excepciones muy tasadas. La Constitución protege la libertad ideológica en el artículo 16 y la intimidad en el artículo 18.
Reacción profesional y política: del malestar de la FAPE a la comparación con Fraga
Las organizaciones profesionales no han tardado en reaccionar. La FAPE y la APP tacharon la confección de perfiles ideológicos de ‘práctica incompatible con el Estado de derecho’ y reclamaron la depuración de responsabilidades en la Oficina de Comunicación. Agustín Yanel, portavoz de la FeSP, descartó hablar de listas negras, pero avisó de que ‘no es aceptable que un organismo oficial catalogue a los periodistas por su ideología’.
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, se desmarcó con dureza antes de conocer los matices del ministerio: ‘No me gustan absolutamente nada; ninguna lista en que se clasifique a nadie, ni por su pensamiento, ni por su ideología’. El PP, con Cayetana Álvarez de Toledo y Miguel Tellado al frente, comparó la práctica con ‘la Stasi de Marlaska’ y acusó a Interior de investigar clandestinamente a periodistas.
La gestión de una polémica así no admite solo una nota interna: exige transparencia sobre quién encargó el dosier, quién lo leyó y qué uso se le dio.
El episodio no se entiende sin los precedentes de la derecha. Las listas de Castilla y León atribuidas al entorno de Miguel Ángel Rodríguez o los informes del ejecutivo de Manuel Fraga en Galicia sirvieron para señalar periodistas críticos y repartir trato preferente entre medios afines. Aquel legado, denunciado durante años por comités de trabajadores, conviene recordarlo cada vez que la oposición intenta apropiarse de la bandera de la libertad de prensa.
El Eje del Poder Socialista
La posición de Ferraz es clara: el partido no defiende el documento y, de hecho, su portavoz parlamentario lo condenó sin matices antes de que Interior publicase su nota. Fuentes socialistas consultadas por esta redacción interpretan el gesto de Patxi López como una llamada al orden institucional, no como una fractura con Marlaska. La dirección federal prefiere cerrar el debate de fondo —quién ordenó el informe y con qué criterio— antes de que el PP lo convierta en munición parlamentaria.
El impacto territorial y social es indirecto pero relevante. No hay una medida concreta que aterrice en un solo gobierno autonómico del PSOE, pero la confianza en los organismos públicos es condición de legitimidad para la acción de esos gobiernos. Cualquier imprudencia en la comunicación institucional genera una sombra sobre la defensa socialista del pluralismo, uno de los ejes del proyecto del partido. La comparación con los precedentes de Fraga y de la Junta de Castilla y León ofrece un contraste que a Ferraz le sirve para relativizar el relato del PP, aunque el ministro Marlaska quedará obligado a asumir responsabilidades internas.
El riesgo inmediato se concentra en la rendición de cuentas. La oposición puede forzar una comparecencia del ministro en la comisión de Interior del Congreso o registrar preguntas parlamentarias sobre el uso del dosier. Si la Agencia Española de Protección de Datos decidiese abrir actuaciones, el debate ganaría una dimensión jurídica que Moncloa no quiere. La próxima sesión de control será la primera ventana donde el PP exigirá explicaciones.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Defensa del pluralismo informativo y del periodismo libre; el PSOE no apoya listas ideológicas ni tratos diferenciales por razones de pensamiento.
- Protagonista: Patxi López (portavoz del Grupo Socialista en el Congreso).
- Próximo hito: Próxima sesión de control en el Congreso; la oposición puede forzar una comparecencia de Marlaska.
