Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta documentan un desfase de cifras simultáneo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa durante la tarde del 30 de julio. A las 20:00 horas, mientras la Guardia Civil situaba las entradas irregulares en torno a 20.000 personas, el Estado Mayor de la Defensa elevaba la horquilla a entre 45.000 y 55.000 migrantes.
El desfase en tiempo real: 20.000 frente a 55.000
El desfase queda reflejado en los informes desclasificados que cubren del 3 al 31 de julio. El Estado Mayor de la Guardia Civil fijó a las 20:00 horas del día 30 la cifra de 20.000 accesos por el espigón de El Tarajal. Poco antes, a las 18:15 horas, la Benemérita había estimado 20.000 personas en territorio nacional y otras 10.000 en territorio marroquí.
La Policía Nacional manejaba una magnitud similar. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) recoge que la Jefatura Superior de Policía de Ceuta calculó a las 20:30 horas la entrada de 20.000 personas de forma irregular. El CNI (Centro Nacional de Inteligencia) validó esa lectura en un documento titulado Análisis de Situación y Prospectiva.
Sin embargo, la radiografía militar era incompatible. Según la comparecencia de la ministra Margarita Robles ante la Comisión de Defensa el 25 de agosto, el Estado Mayor de la Defensa cifró a esa misma hora entre 45.000 y 55.000 migrantes presentes en Ceuta. Horas después, los partes internos de la Guardia Civil comenzaron a reportar 49.200 llegadas.
La brecha se amplió al día siguiente. La Jefatura de Información de la Guardia Civil admitió por escrito que las cifras podían superar los 49.000 migrantes solo durante el día 30. La secuencia confirma que en el punto álgido de la emergencia, Interior y Defensa operaron con lecturas separadas.
En el mismo minuto de la tarde del 30 de julio, la estimación de Interior y la de Defensa diferían en más de 25.000 personas.
La brecha informativa entre Interior, Defensa y el CNI
El contraste no se limitó al día 30. En el seno del Ministerio del Interior, el descontrol informativo ya era visible cuando Fernando Grande-Marlaska conoció por la prensa la existencia del informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional. El ministerio respondió con un comunicado que sembró dudas sobre su propia unidad policial.
Fuentes del Gobierno sostienen ahora que el CNI no elevó una alerta formal de llegada masiva y que se limitó a remitir un WhatsApp ambiguo a la delegación del Gobierno en Ceuta. El CNI, por su parte, afirma que informó de una campaña en redes sociales, pero que no anticipó la magnitud y la naturaleza de lo ocurrido el día 30.
La desclasificación, además, no es total. El Ejecutivo no ha asegurado que los 36 documentos publicados constituyan el total de informes generados entre el 3 y el 31 de julio. Pueden existir otros avisos con mayor nivel de clasificación.
El contexto institucional
El desacople de cifras revela el punto ciego de la sala de crisis nacional en una emergencia fronteriza de alta intensidad. La información operativa de la Guardia Civil y de la Policía Nacional coincidía inicialmente en torno a 20.000 llegadas, pero la escala se corrigió la misma noche. Los partes de la Guardia Civil reportaron de golpe 49.200 accesos: una corrección del 146% sobre la estimación de las 20:00 horas en apenas unas horas.
La profesionalidad de los cuerpos policiales no queda en entredicho por el baile de cifras. Al contrario, las propias unidades de información ajustaron sus partes a medida que se consolidaba el terreno. La brecha documentada apunta al sistema de coordinación interministerial, no a la capacidad operativa de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. La cadena de reporte de la Benemérita acabó convergiendo con el cálculo que ya manejaba el Estado Mayor de la Defensa.
La proyección institucional pasa por integrar los flujos de información de los ministerios y evitar que las cifras de una crisis se validen en sedes separadas. La desclasificación parcial no cierra la duda sobre la existencia de informes con mayor clasificación. El Gobierno mantiene que la alerta existía, pero sin una probabilidad operativa suficiente. Las comisiones de seguimiento en el Congreso serán el terreno para exigir una consolidación oficial de la cifra total de entradas durante la crisis de Ceuta.
