La Diputación Foral de Bizkaia aprobó este jueves el proyecto de norma foral tributaria con los votos del PNV y la abstención del PSE-EE. La decisión deja fuera el pacto fiscal de mínimos que ambos partidos habían anunciado a principios de septiembre.
El Consejo de Gobierno foral dio luz verde al documento original presentado por la diputada general, Elixabete Etxanobe, ante representantes empresariales. El texto que llega a las Juntas Generales mantiene íntegras todas las medidas anunciadas, sin incorporar el acuerdo de mínimos firmado por PNV y PSE-EE hace apenas unos días.
La portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, confió en que el proyecto salga adelante durante la negociación parlamentaria, al considerar que sus medidas ‘son beneficiosas para el territorio y para la ciudadanía’. La aprobación evidenció la división del Gobierno foral: las dos consejeras socialistas, Teresa Laespada y Sonia Pérez Ezquerra, se abstuvieron.
Qué medidas recoge la norma foral aprobada
Entre las medidas más discutidas figuran la deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada. Se suma otra deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con un límite de 1.000 euros.
Si estos servicios los facilita directamente la empresa, no tendrán la consideración de retribución en especie para los trabajadores. El proyecto incluye una deducción del 20% para formación continua y dual, y un 5% por la compra de vehículos nuevos vinculada al achatarramiento de coches con más de diez años.
La norma incorpora la exención total, sin límite cuantitativo, de las indemnizaciones a menores por daños físicos o psíquicos sufridos en el ámbito de la Iglesia y otras entidades. También recoge una reducción del 30% en las plusvalías de transmisiones de empresas que garanticen continuidad y empleo.
El texto mantiene las deducciones por seguros médicos y gimnasios privados, las medidas que mayor rechazo generaron en el PSE-EE.
Para atraer y retener talento, el proyecto contempla una exención del 50% sobre los rendimientos de la actividad profesional, que se eleva al 60% para menores de 36 años. Añade un gasto deducible por movilidad geográfica de 2.000 euros anuales, ampliable a 3.000 para menores de 36 años, y una deducción del 15% para aportaciones a fondos de vivienda de interés social.
La abstención del PSE-EE y las posiciones de los partidos
El PSE-EE puntualizó que la abstención ‘representa su disposición a debatir sobre el texto’, pero no comparte ‘ni en el fondo ni en la forma’ algunas de las iniciativas. El secretario general socialista, Eneko Andueza, señaló en Euskadi Irratia que su partido mantendrá la coherencia sobre la reforma hasta el final. ‘Si gobernamos juntos, decidimos juntos’, remarcaron.
Desde EH Bildu, su portavoz en las Juntas Generales, Iker Casanova, afirmó que las diferencias entre PNV y PSE-EE ‘dejan en evidencia la inestabilidad de los gobiernos que conforman’. La portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, consideró que la norma se aleja del espíritu de la reforma fiscal acordada hace un año con Podemos y exigió ‘coherencia con aquel acuerdo’.
El PP había considerado el pacto de mínimos una rebaja de las propuestas presentadas por Bizkaia. El proyecto vuelve a las Juntas Generales tal y como se presentó ante la cúpula de la CEOE y varios dirigentes empresariales, que elogiaron la reforma.
El pacto fiscal de mínimos que quedó superado
Las cúpulas de PNV y PSE-EE firmaron un documento de mínimos con la intención de presentar una reforma fiscal armonizada entre los tres territorios forales. El PSE-EE aseguró que las medidas no se habían consensuado y Andueza tachó el proyecto de ‘sesgo neoliberal’.
El documento no incluye todas las medidas propuestas por la diputación vizcaína: ni las desgravaciones por seguros médicos privados ni las deducciones por gimnasios, y modifica a la baja algunas desgravaciones del IRPF para atraer talento. Ahora, el proyecto original deberá negociarse con los grupos parlamentarios en las Juntas Generales de Bizkaia, dentro del marco del concierto económico que otorga a los territorios históricos capacidad normativa fiscal sobre los impuestos directos.
